Entre la desgravación y el silencio
Aurora Buendía
En una rueda de prensa —de esas que deberían girar en torno a símbolos, ilusión y anuncio— se presenta el logo oficial de la visita de León XIV a España. Todo parece encajar: imagen, mensaje, expectativa. Y, sin embargo, entre los datos ofrecidos, se desliza una idea que pesa más de lo que aparenta.
Ayer, en ese mismo acto, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Barriocanal, explicó que están a la espera de que el Gobierno declare la visita papal como evento de interés público. Y añadió —sin ambages— que eso ayudaría “mucho” a la financiación gracias a las desgravaciones fiscales para las empresas. Dicho así, parece una cuestión técnica. Casi administrativa.
Ahora bien, el mismo día el Gobierno anuncia que tramitará en el Congreso una propuesta para que el aborto quede protegido en la Constitución. Y, además, ese mismo día, Bolaños mantiene reuniones con asociaciones de víctimas de abusos sexuales perpetrados por determinados eclesiásticos. Tres planos distintos, sin duda. Pero coincidentes en el tiempo. Y eso, como mínimo, invita a una reflexión más honda.
No hace falta construir relatos conspirativos —yo no estoy para eso—. Nadie ha afirmado que exista una coordinación entre hechos tan dispares. Pero tampoco se puede ignorar el contraste: mientras el poder político impulsa iniciativas que chocan frontalmente con la doctrina de la Iglesia, esta se encuentra pendiente de una decisión gubernamental que facilitaría la financiación de un evento central.
Y ahí surge la incomodidad.
Porque cuando una institución espera beneficios económicos de quien legisla, se introduce una cierta dependencia. Puede ser indirecta, incluso involuntaria. Pero está ahí. Y esa dependencia, por leve que sea, condiciona. No siempre en lo que se dice. A veces, más sutilmente, en lo que se matiza… o se pospone.
¿Nos ayudas? ¿un café?¿Puede la Iglesia alzar la voz con plena libertad si, al mismo tiempo, aguarda una decisión favorable del mismo poder al que debería interpelar? La pregunta no es retórica. Y menos aún cuando lo que está en juego no es un asunto secundario, sino la protección de la vida humana.
Con todo, conviene ser justas. La organización de una visita papal exige recursos, planificación, apoyo institucional. Es lógico que se busquen mecanismos que faciliten la financiación y que se utilicen los instrumentos legales disponibles. Nadie puede negar esa dimensión material de la Iglesia.
Sí, pero.
Hay una línea que no admite negociación. Y conviene decirlo con toda claridad, aunque resulte incómodo: la Iglesia no puede, bajo ningún concepto, mirar para otro lado en la cuestión del aborto para facilitar otras cuestiones —por importantes que sean— relacionadas con su vida institucional. Por ahí no se puede pasar.
Y yo, sinceramente, sé que mis obispos no van a claudicar. Lo sé —o quiero creerlo con firmeza— porque este asunto es demasiado grave como para relativizarlo. No estamos ante un debate accesorio ni ante un matiz técnico: estamos hablando de la vida humana en su inicio, del fundamento mismo de cualquier sociedad que quiera llamarse justa.
Ahora bien, dicho esto, tampoco soy ingenua.
Porque si algo ha demostrado este Gobierno es su capacidad para tensar las cuerdas, para empujar los límites y para intentar doblegar a los católicos como sea. Y cuando uno observa la coincidencia de tiempos, decisiones y gestos, no resulta descabellado pensar que desde el poder político —que no ha mostrado precisamente escrúpulos morales en esta materia— se pueda intentar algún tipo de presión, más o menos sutil.
Yo no digo que exista ningún acuerdo. Ni mucho menos. Pero tampoco me sorprendería que se intentara. Un intercambio chalanero, una lógica de mercadeo impropia de lo que está en juego, un “yo te facilito esto, tú moderas aquello”. No sería la primera vez que la política se mueve en esos términos.
Y ahí es donde la Iglesia debe mantenerse firme. No solo en el fondo, sino también en las formas. No solo en lo que decide, sino en lo que transmite.
Porque el riesgo no es tanto que se produzca una claudicación —no lo creo—, sino que se genere la apariencia de que ciertas cuestiones pueden ponerse en la balanza. Y eso, en sí mismo, ya sería un problema.
¿Qué percibe quien escucha? ¿Qué entiende la feligresía que observa cómo se cruzan ambas realidades? ¿No existe el peligro de que parezca que algunas batallas se libran con menos firmeza que otras?
La Iglesia está llamada a ser signo de contradicción. A decir lo que no se quiere oír cuando es necesario. A incomodar, incluso. Y eso tiene un precio. A veces político. A veces social. Y, sí, también económico.
De ahí que me haga una pregunta que no es cómoda, pero sí necesaria: ¿cuánto cuesta —en términos morales— una desgravación fiscal?
Porque si la claridad se diluye o la firmeza se aplaza, el problema no es presupuestario. Es de credibilidad. Y esa, una vez erosionada, no se recupera con facilidad.
De ahí que la Iglesia deba cuidar no solo lo que hace, sino cómo aparece haciéndolo. Para que ninguna expectativa legítima proyecte la sombra de una posible autocensura.
Porque cuando la Iglesia calcula demasiado, corre el riesgo de dejar de ser signo de contradicción.
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