La sentencia pone fin a todos los recursos de la organización, acusada de prácticas de recaudación que han causado graves daños económicos y psicológicos a cientos de personas durante décadas.
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El Tribunal Supremo de Japón ha ratificado la disolución de la Iglesia de la Unificación, desestimando el último recurso presentado por la organización religiosa, también conocida como Federación Familiar para la Paz y la Unificación. La resolución, dictada el 22 de junio, marca un precedente en la historia judicial japonesa: es la primera vez que la máxima instancia del país confirma una medida de disolución contra un grupo religioso.
El Tercer Tribunal de la Corte Suprema, bajo la presidencia de la jueza Eriko Watanabe, concluyó que la disolución no infringe las garantías constitucionales de libertad religiosa ni de asociación. Los magistrados consideraron que los daños causados por las prácticas de recaudación de fondos de la organización justificaban plenamente la medida adoptada.
Las investigaciones judiciales han documentado que determinadas prácticas de captación de fondos promovidas por la Iglesia ocasionaron perjuicios económicos y psicológicos a numerosas personas a lo largo de varias décadas. Los tribunales han cifrado en más de 7.400 millones de yenes —aproximadamente 47 millones de dólares— las pérdidas sufridas por 506 personas entre los años setenta y 2016.
La sentencia subraya que la gravedad y la extensión de estos daños justifican la disolución de la corporación religiosa por razones de interés público, a pesar del impacto que la decisión tendrá sobre la organización y sus miembros. Los jueces rechazaron los argumentos de la Iglesia sobre la vulneración de derechos fundamentales.
La controversia sobre la Iglesia de la Unificación adquirió dimensión política tras el asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe en julio de 2022. El presunto autor del atentado, Tetsuya Yamagami, declaró que su familia había sido arruinada por las donaciones que su madre realizó a la organización y vinculó su acción con los supuestos lazos entre Abe y la Iglesia.
Aquel suceso reactivó la presión pública para actuar contra la organización. El Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología presentó en octubre de 2023 una solicitud formal para la disolución de la entidad, iniciativa que culmina ahora con la confirmación judicial.
Con la decisión definitiva del Supremo, la Iglesia de la Unificación pierde su reconocimiento como corporación religiosa y los beneficios fiscales vinculados a ese estatus legal. La organización dejará de gozar de las exenciones tributarias que disfrutaba como entidad religiosa registrada.
No obstante, la sentencia no prohíbe que sus miembros continúen practicando su fe ni que se reúnan para el culto. La disolución afecta al estatus legal y fiscal de la organización, pero no criminaliza la actividad religiosa de sus seguidores.
La Iglesia de la Unificación ha manifestado su «profundo pesar» ante la resolución y ha sostenido que los argumentos presentados durante el proceso no fueron debidamente considerados por los tribunales. La organización ha anunciado que continuará con los procedimientos de liquidación de bienes bajo supervisión judicial y con las iniciativas destinadas a compensar a las víctimas reconocidas por los tribunales.
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