Volver a España, volver a Cristo

Existen momentos en los que una sociedad tiene la obligación de detenerse y preguntarse qué le está ocurriendo. España lleva demasiado tiempo acumulando motivos para hacerlo. El cansancio ante la política, la desconfianza hacia las instituciones, la sensación de que los grandes problemas nunca terminan de resolverse y la creciente distancia entre los ciudadanos y quienes dicen representarlos han ido creando un clima de desafección que ya no puede despacharse como una simple cuestión de malestar pasajero. Son demasiados años en los que la política parece haberse convertido en una lucha constante por conservar o conquistar el poder, mientras los españoles contemplan cómo los problemas permanecen.

Y como saben, en este contexto ha irrumpido nuevamente Ceuta. La ciudad lleva semanas viviendo una situación extraordinariamente delicada después de la entrada masiva de inmigrantes. Una crisis que ha desbordado la localidad y que ha provocado una profunda preocupación entre sus habitantes.

Quizá Ceuta sea algo más que una nueva crisis que añadir a la interminable lista de problemas que sufre España. Quizá lo que está ocurriendo allí nos permita contemplar, con mayor claridad, una enfermedad que lleva demasiado tiempo instalada entre nosotros. Tal vez haya llegado el momento de dejar de preguntarnos únicamente quién debe gobernar y empezar a plantearnos qué clase de sociedad queremos ser.

Y en este punto aparece un tema que durante décadas hemos aprendido a tratar casi como un sacrilegio. Quizá ya es hora de cuestionarnos, sin prejuicios y sin miedo, si el modelo democrático nacido en 1978 debe seguir considerándose la única forma posible de organizar nuestra convivencia.

La pregunta incomoda porque hemos convertido determinados conceptos políticos en auténticos dogmas. Se nos ha enseñado que la democracia equivale necesariamente a la libertad, que votar constituye la máxima expresión de responsabilidad ciudadana y que la Constitución representa poco menos que el horizonte definitivo de nuestra convivencia. Sin embargo, para un católico ninguna de esas responsabilidades puede ocupar el lugar que corresponde a la verdad. Las formas políticas pertenecen a la historia; no a la Revelación. Pueden ser útiles o perjudiciales, justas o injustas, adecuadas o inadecuadas. Pero no son artículos de fe.

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El cristiano, precisamente porque sabe que existe una verdad que no ha sido creada por el hombre, no puede aceptar que la voluntad de una mayoría sea el criterio último para determinar qué es justo. La mayoría puede decidir quién gobierna, pero no puede decidir qué es el bien. Un parlamento puede aprobar una ley, pero no puede transformar en moralmente bueno aquello que por su propia naturaleza es injusto. Una Constitución puede ordenar las instituciones de un Estado, pero tampoco está por encima de la ley natural ni puede convertirse en fuente última de legitimidad moral.

Esta es una cuestión fundamental para un católico. Antes que ciudadanos de un país somos hijos de Dios, y antes de cualquier ley humana existe una ley natural inscrita en el corazón del hombre. Existe un orden moral objetivo que ninguna mayoría puede derogar y una concepción de la justicia que no depende de los resultados de unas elecciones. El poder político no crea la verdad; tiene la obligación de reconocerla y ordenar la vida pública conforme a ella.

Por eso no debemos de caer en el llamado “mal menor”. Durante demasiados años hemos aceptado como inevitable la idea de que nuestra participación política consiste en escoger aquello que consideramos menos malo. Convertir esa lógica en el fundamento permanente de nuestras vidas termina conduciéndonos a participar indefinidamente en aquello que consideramos injusto.

Si un sistema político deja de estar orientado al bien común y termina reduciendo la participación de los ciudadanos a sostener, elección tras elección, unos principios que creemos contrarios a la justicia, es legítimo preguntarse si nuestra obligación consiste realmente en seguir prestándole adhesión. Y para un católico esa pregunta se responde desde una concepción superior del hombre y de la sociedad.

España necesita recuperar esa mirada orgánica sobre sí misma. Necesita superar la concepción de la política como una permanente competencia entre organizaciones que aspiran a controlar el Estado y que terminan convirtiendo a los españoles en bloques enfrentados. La partidocracia ha conseguido hacernos creer que toda preocupación por España debe traducirse necesariamente en la adhesión a unas siglas.

Una de las tareas más urgentes de quienes queremos una España verdaderamente sana, consiste en reconocer que debemos volver a ser un país que pueda ejercer su soberanía sin convertirse en instrumento de intereses ajenos. Un país que no renuncia a su historia ni sienta vergüenza de reconocer que su tradición e historia están inseparablemente vinculadas al cristianismo. Porque la interpretación católica de la vida es, en primer lugar, la verdadera; pero es además, históricamente, la española.

España no puede comprenderse plenamente al margen de la fe que la evangelizó,

de la concepción del hombre que recibió del Evangelio. Renunciar a esa herencia no nos hace más libres. Nos convierte en un pueblo que ha olvidado de dónde viene. Por eso la reconstrucción de España no pasa por las urnas, ni por la llegada de un nuevo líder. La verdadera transformación tendrá que comenzar en las familias, en la educación, en las parroquias, en las iniciativas sociales y, sobre todo, en la conversión personal de quienes aspiran a transformar la sociedad.

Y todo ello empieza en la formación de los católicos, en la recuperación de una fe que no se reduzca al ámbito privado. Empieza en la oración, en el ejemplo, en la defensa pública de la verdad y en la voluntad de servir allí donde Dios nos ha colocado. Empieza reconstruyendo aquellas instituciones naturales que una concepción excesivamente estatalizada de la sociedad ha ido debilitando.

Pero también empieza por perder el miedo. El miedo a decir que no toda mayoría tiene razón, que existen principios que no pueden someterse a votación. Perder el miedo a cuestionar que la democracia, el parlamentarismo o la partidocracia, sean necesariamente el destino final de la historia.

Ningún régimen político es eterno, tampoco lo es el actual. Lo que sí debe permanecer son los principios fundamentales de un orden político justo: la subordinación de la ley humana a la ley natural, el reconocimiento de una verdad moral objetiva, la defensa del bien común y la búsqueda de la justicia.

Precisamente porque creemos en una verdad sobre el hombre, sabemos que toda persona posee una dignidad que no depende de su nacionalidad, su origen o sus circunstancias. Pero también sabemos que la caridad no elimina la justicia, que acoger no significa renunciar al orden y que defender una frontera no constituye una negación de la dignidad humana.

Necesitamos, por tanto, una política que vuelva a comprender la autoridad como servicio. Que no tenga como primer objetivo conservar el poder, sino proteger a la comunidad y procurar su bien. Que no mida la justicia exclusivamente por el número de votos que obtiene una determinada posición. Y una sociedad que deje de aceptar que su única posibilidad consiste en elegir cada cuatro años quién administrará una estructura que considera defectuosa.

Atreverse a pensar que España puede tener un orden político diferente. Atreverse a defender una concepción de la sociedad en la que la familia y las comunidades naturales recuperen su protagonismo; en la que el Estado esté al servicio de la sociedad y no la sociedad al servicio del Estado; en la que la autoridad sea entendida como una responsabilidad y no como un privilegio; y en la que la política vuelva a estar sometida a la verdad.

Si alguna vez España vuelve a levantar un orden político verdaderamente digno, no será porque haya encontrado al partido perfecto ni porque una mayoría haya descubierto de repente la fórmula mágica de la convivencia. Será porque haya recuperado algo mucho más elemental: la capacidad de reconocer que la verdad existe y que el poder político debe someterse a ella.

Entonces quizá comprendamos también que España no necesita únicamente regeneración política. Necesita regeneración moral. Necesita recuperar el sentido de la autoridad, de la responsabilidad, de la comunidad y del sacrificio. Necesita volver a educar a sus hijos en la convicción de que la vida no consiste únicamente en exigir derechos, sino también en asumir deberes y servir a los demás.

España no recuperará su grandeza simplemente mirando hacia atrás con nostalgia. Tendrá que recuperar aquello que daba sentido a muchas de aquellas empresas: la convicción de que la vida de una nación podía entenderse también como una vocación de servicio.

No sabemos qué forma política tendrá España dentro de unas décadas, pero sí podemos saber qué principios deberían inspirarla: la verdad, la justicia, el bien común y una concepción cristiana del hombre, por encima de cualquier sistema concreto. Por eso debemos perder el miedo a repensar nuestras estructuras políticas y a imaginar una España que no viva instalada en la resignación ni en el permanente mal menor, sino que vuelva a recordar quién es y, sobre todo, para quién es. Porque solo volviendo a mirar a Cristo podrá reencontrarse consigo misma y recuperar la vocación histórica que recibió.