La madre de Noelia Castillo pide a la ONU investigar la eutanasia autorizada

Yolanda Ramos ha presentado denuncia ante las Naciones Unidas cuestionando si España cumplió con su obligación de proteger a su hija, una joven vulnerable víctima de violencia sexual y graves trastornos mentales.

Yolanda Ramos, madre de Noelia Castillo, una joven de 25 años fallecida tras someterse a eutanasia en España, ha solicitado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que investigue si el Estado español cumplió con su deber de proteger a su hija antes de autorizar su muerte. La denuncia ha sido presentada a la Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem, y ha sido comunicada por la Fundación Española de Abogados Cristianos.

El escrito pone en tela de juicio el cumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones internacionales en la protección de mujeres que han sufrido violencia y se encuentran en situaciones de vulnerabilidad extrema. Según detalla la Fundación, Noelia creció en un entorno de grave vulnerabilidad social y económica, lo que la llevó a ser ingresada durante varios años en un centro tutelado. Posteriormente, sufrió violencia en el ámbito de la pareja y una agresión sexual en grupo, hechos que afectaron gravemente su salud mental.

Estas experiencias llevaron al diagnóstico de trastorno límite de la personalidad, trastorno obsesivo compulsivo con ideación suicida y depresión crónica, con una discapacidad reconocida del 67 por ciento antes de que intentara quitarse la vida en 2022. Yolanda Ramos sostiene que tras este intento, el Estado no proporcionó la protección reforzada que la situación requería. Durante el proceso de tramitación de la eutanasia, Noelia dejó de recibir tratamiento psiquiátrico y no recibió atención efectiva en salud mental, lo que, según la denuncia, impidió que se agotaran todas las alternativas terapéuticas y sociales.

El escrito dirigido a la ONU incluye un informe de la médico responsable de tramitar la eutanasia, quien reconoció que "hasta ahora, los recursos proporcionados han sido insuficientes y no han mejorado el sufrimiento de la paciente ni su falta de sentido vital". Esta afirmación, según la familia, demuestra que el procedimiento reconocía la insuficiencia de los recursos ofrecidos antes de autorizar la muerte. Además, a pesar del agravamiento de su situación tras el intento de suicidio, el grado de discapacidad de Noelia solo se incrementó hasta el 74 por ciento, lo que no le permitió acceder a una prestación económica suficiente.

La denuncia enfatiza que la muerte de Noelia fue consecuencia de una "cadena de omisiones y fallos del Estado", que no garantizó la protección necesaria a una mujer víctima de violencia con graves trastornos mentales. Se solicita a la Relatora Especial que requiera información al Gobierno de España sobre la actuación de las administraciones públicas y que se investigue si se agotaron todas las alternativas médicas y sociales antes de autorizar la eutanasia. También se pide que se evalúe si la legislación y los protocolos españoles ofrecen una protección adecuada a mujeres en circunstancias similares.

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"Lo único que pido es que Naciones Unidas investigue si España hizo todo lo que debía para protegerla antes de autorizar su muerte", ha declarado Yolanda Ramos. Por su parte, Polonia Castellanos, presidenta de la Fundación Española de Abogados Cristianos, ha señalado que "no estamos pidiendo a Naciones Unidas que entre en el debate sobre la eutanasia. Lo que pedimos es que investigue si España cumplió con su obligación internacional de proteger a una mujer que había sufrido violencia, padecía una grave enfermedad mental y se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad".