La libertad religiosa en debate por el registro de objetores en Castilla y León
El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia ha iniciado una campaña para que el presidente de la Junta de Castilla y León suprima el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia, calificándolo de discriminatorio.
El registro de objetores de conciencia en Castilla y León, vinculado a la reciente reforma de la Ley del Aborto, ha suscitado una fuerte reacción por parte del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC). Esta organización ha pedido públicamente a Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta, que suprima de inmediato dichos listados, que consideran una forma de discriminación hacia los profesionales sanitarios que rechazan participar en abortos por motivos éticos, morales o religiosos.
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Desde el OLRC denuncian que la existencia de estos registros vulnera derechos fundamentales de médicos y enfermeros, pues funcionan como una suerte de "listas negras" que estigmatizan a quienes ejercen su derecho a la objeción de conciencia. La organización advierte que esta práctica constituye un ataque directo a la libertad individual y a la protección constitucional de la conciencia.
Los responsables de la campaña sostienen que obligar a los profesionales a inscribirse en un censo para ejercer un derecho constitucional representa una inversión de los principios democráticos. "No se puede permitir que la administración autonómica gestione ficheros que clasifiquen a los trabajadores sanitarios según sus convicciones más íntimas", afirman desde el Observatorio, que también alerta sobre el riesgo de que estos datos se utilicen para limitar el desarrollo profesional o ejercer presión laboral sobre los objetores.
La iniciativa, difundida a través de redes sociales y plataformas digitales, busca reunir miles de firmas para presentarlas formalmente ante la sede de la Junta de Castilla y León. El OLRC reclama al Gobierno regional que, en el ámbito de sus competencias, deje de aplicar cualquier mecanismo administrativo que permita el registro de objetores y defienda las libertades individuales frente a las directrices del Ejecutivo central.
Hasta ahora, el Gobierno autonómico no ha emitido una respuesta oficial a esta petición, mientras el debate sobre la aplicación de la ley nacional y la protección de la objeción de conciencia sigue siendo un tema de controversia política en la comunidad.
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