La Santa Sede confirma los abusos del fundador del Verbo Encarnado

La Santa Sede ha confirmado la existencia de abusos cometidos por el sacerdote Carlos Miguel Buela, fundador del Instituto del Verbo Encarnado, tras la conclusión de un proceso canónico. El comunicado oficial, fechado el 24 de septiembre de 2026, lleva la firma de Simona Brambilla, prefecta del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada, y de los delegados pontificios nombrados por León XIV: el obispo José Antonio Satué y la jesuitina Clara Echarte.

Tanto el Tribunal Penal Especial de primera instancia como el de Apelación alcanzaron certeza moral sobre la responsabilidad del P. Buela en la comisión de un delito contra el sexto mandamiento, perpetrado "con violencia contra varias personas". La gravedad de los hechos ha llevado al Pontificio a intervenir en el Instituto, que agrupa a más de 3.000 religiosos repartidos en 45 países, entre ellos las Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará y la Tercera Orden Secular.

Antecedentes de la intervención vaticana

Fundado en Argentina en 1984, el Instituto fue objeto de intervención por parte de la Santa Sede ya en 1995, a raíz de las denuncias de abusos sexuales contra su fundador y de otras irregularidades en la gestión y la vida comunitaria. Desde 2019, el cardenal español Santos Abril ejercía como comisario, con la expansión del Instituto suspendida y con reiteradas quejas sobre la falta de colaboración interna para afrontar la situación.

La sentencia vaticana sacude un movimiento que había venerado a Buela casi como un santo, también después de su muerte en 2023 a los 82 años. Pese a que las denuncias estaban documentadas, amplios sectores de las congregaciones las rechazaron, atribuyéndolas a una campaña de desprestigio contra el fundador.

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Comunicación de la resolución judicial

El 14 de septiembre, Brambilla, Echarte y Satué se reunieron en Roma con los provinciales del Instituto del Verbo Encarnado y de las Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará para trasladarles el fallo. El comunicado señala que esta clarificación busca restablecer la verdad como acto de justicia hacia quienes sufrieron el comportamiento del sacerdote. Se exige además que los responsables del Instituto trasladen la información a todos los miembros de ambas congregaciones, pues la falta de transparencia ha dificultado el acceso a información sensible para religiosos y seglares vinculados al grupo.

El Dicasterio para la Vida Consagrada y los delegados pontificios han pedido al movimiento que emprenda un "camino de relectura del carisma y de revisión, renovación y purificación de la espiritualidad, de la formación y del apostolado" propios de cada Instituto. Se les anima a distinguir entre el don del Espíritu concedido para la edificación de la Iglesia y las limitaciones o actuaciones personales del fundador. Las medidas adoptadas por Satué y Echarte apuntan a evitar la disolución del Instituto, destino que han corrido otras congregaciones en circunstancias similares.

Gobierno del Instituto

La escasa colaboración interna ha obligado a Satué a conformar un equipo de colaboradores ajenos a la congregación para cubrir seis de los ocho cargos ejecutivos. Esa circunstancia abre interrogantes sobre la dirección futura del Instituto del Verbo Encarnado y sobre su capacidad real para superar la crisis institucional que atraviesa.