“Es un acto de justicia social”: Cáritas respalda la regularización de inmigrantes en España

La iniciativa busca regularizar a más de 550.000 inmigrantes en España.

El director de Cáritas Diocesana de Sevilla, Miguel Carbajo, ha calificado el proceso de regularización de inmigrantes como “un acto de justicia social”. Esta medida, que tiene como objetivo facilitar la obtención de autorización de residencia y trabajo para más de 550.000 personas, se ha puesto en marcha tras una iniciativa legislativa popular respaldada por alrededor de 710.000 ciudadanos, superando así el medio millón de firmas requeridas por la ley, un hecho sin precedentes en la historia democrática del país.

En una entrevista concedida al programa ‘Iglesia Noticia’ de COPE Sevilla, Carbajo destacó la implicación activa de la Iglesia en esta iniciativa, fundamentada en la Doctrina Social de la Iglesia y en el Evangelio. Además de Cáritas, diversas entidades eclesiales, como la CONFER y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal, han apoyado esta acción. “Es un momento crucial para reconocer la dignidad de muchas personas que se encuentran en una situación de exclusión evidente”, afirmó.

Respecto a las críticas que ha suscitado esta medida, Carbajo se refirió a las voces contrarias que han surgido, las cuales considera que se basan en un planteamiento erróneo sobre cómo abordar la situación de estas personas. Aseguró que los requisitos para acceder a la regularización son “relativamente sencillos”, incluyendo haber ingresado en España antes del 1 de enero de 2026, carecer de antecedentes penales en los últimos cinco años, presentar un informe de vulnerabilidad y tener un pasaporte, que puede estar caducado.

El director de Cáritas aclaró que las personas que obtengan esta regularización no se convertirán en ciudadanos españoles, sino que recibirán una autorización de residencia y trabajo. Esta autorización les permitirá residir y trabajar en el país, aunque no les otorgará derechos plenos, como el derecho al voto, que requiere la nacionalidad. “El derecho al voto no es factible antes de que consigan la nacionalidad”, reiteró.

Carbajo también abordó la preocupación sobre la posible “carga social y económica” que podría generar esta medida. Aseguró que la regularización de personas que ya están trabajando en la economía informal permitirá que se conviertan en cotizantes, lo que podría compensar cualquier gasto social adicional que se genere. Además, citó el último informe FOESSA, que destaca el riesgo de exclusión que enfrentan las personas en situación administrativa irregular, subrayando la importancia de hacer visibles a estas personas y reconocer sus derechos.

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Finalmente, la página web de Cáritas de Sevilla ha habilitado una sección con documentación aclaratoria sobre el proceso de regularización, incluyendo un argumentario que responde a las preguntas frecuentes y a la desinformación que ha rodeado esta iniciativa.