El Senado exige eximir del IRPF a las víctimas de los abusos del clero
El Senado respalda una moción para que las indemnizaciones a víctimas de abusos sexuales del clero queden exentas de pagar IRPF, tras el caso de una víctima obligada a tributar por la compensación recibida.
La Comisión de Hacienda del Senado aprobó este miércoles una moción de Esquerra Republicana que insta al Gobierno de Pedro Sánchez a modificar la Ley del IRPF para garantizar que las indemnizaciones percibidas por las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica queden totalmente exentas de tributación, con el fin de que la reparación económica no se vea mermada por cargas fiscales y se refuercen los principios de justicia y protección a las víctimas.
La iniciativa llega después de que este periódico desvelara el pasado día 20 el caso de una víctima de pederastia de un cura en la diócesis de Barcelona, cuyo caso fue destapado por EL PAÍS en 2023, que cobró 50.000 euros de indemnización de la Iglesia y descubrió que debía pagar una parte en impuestos, lo que evidenció un vacío en el tratamiento fiscal de estas compensaciones. Al preguntar si le retendrían una parte en la declaración de la renta, los responsables del arzobispado se encogieron de hombros y, según relata la víctima, “me dijeron que no sabían nada”, lo que puso de manifiesto que ni en la Iglesia ni en el Gobierno se había previsto esta situación pese a los años de debate sobre las indemnizaciones, añadiendo un nuevo obstáculo a los ya numerosos que afrontan las víctimas para ser compensadas económicamente.
Ayúdanos a mantener vivo este proyecto: DONAAnte esta situación, la víctima trasladó el caso al Defensor del Pueblo, que pidió a Hacienda que aplicara a las compensaciones de la Iglesia una exención similar a la que ya existe para las víctimas del terrorismo; cuando acudió a una oficina de Hacienda en Barcelona para preguntar por el importe a retener, le respondieron que era “un caso nuevo para ellos”, mientras la base de datos de EL PAÍS, la única contabilidad existente, registra 2.936 víctimas y 1.564 acusados.
El lunes 17, el Grupo Parlamentario Izquierdas por la Independencia (Esquerra Republicana y Euskal Herria Bildu) registró en el Senado la tramitación de una moción relativa a la exención en el IRPF de las indemnizaciones a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia Católica para su debate en la Comisión de Hacienda, alegando entre sus motivos “el impacto devastador que estos hechos han ocasionado en miles de personas, muchas de ellas menores en el momento de los hechos”; este miércoles la moción fue aprobada con el apoyo de todos los grupos y la abstención del PP.
El texto de ERC insta al Gobierno a modificar mediante Decreto Ley el artículo 7 de la Ley del IRPF para incorporar una exención específica para las indemnizaciones que compensen daños físicos, psíquicos o morales a víctimas de abusos cometidos en instituciones de la Iglesia Católica, aplicable ya al ejercicio actual, y reclama además que se garantice que dicha exención preserve íntegramente la reparación económica, evitando que la tributación reduzca el importe efectivo que reciben las víctimas en acuerdos privados, mediaciones o procesos de justicia restaurativa.
En la rueda de prensa de la Conferencia Episcopal Española (CEE) que cerró la semana de la Asamblea Plenaria el pasado día 21, el secretario general, Francisco César García Magán, afirmó que “por supuesto” la CEE estaba al tanto de que las indemnizaciones están sujetas a fiscalidad y aseguró que lo había planteado al Gobierno, aunque la víctima que contó su caso a EL PAÍS sostiene que en el arzobispado nadie supo aclararle si ese dinero tenía un tipo impositivo y la remitieron a un asesor fiscal. García Magán explicó que conocen el problema de la fiscalidad desde el pasado mes de junio y que lo han gestionado con discreción, y detalló así la posición de la institución: “Le hemos pedido al Gobierno que haya un cambio de normativa para que las indemnizaciones estén exentas de tributación”.
La mayoría de los delitos cometidos por el clero están prescritos en la justicia penal, pero no en la justicia canónica, y las víctimas que han acudido al PRIVA (el Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos) para solicitar una indemnización llevan meses denunciando la lentitud y el carácter farragoso del proceso, la revictimización que supone declarar ante la misma institución que no las protegió en su infancia y el temor a que, una vez conocidas las agresiones, no se investiguen, además del oscurantismo sobre los baremos que fijan las cuantías, que oscilan entre reparaciones de 3.000 euros y otras de 50.000 o más, mientras las resoluciones de la comisión independiente no son vinculantes y solo un 2% de las víctimas han sido reparadas.
En este contexto, los obispos han dado un paso atrás y debatirán con el Gobierno cómo indemnizar a las víctimas de pederastia que no quieren acudir al plan eclesiástico PRIVA, según anunció este viernes Francisco César García Magán en la rueda de prensa final de la Asamblea Plenaria, celebrada en pleno escándalo de Rafael Zornoza, el primer obispo español investigado por pederastia por el Vaticano que continúa en el cargo.
Hasta ahora, la Iglesia se había negado a colaborar con el Gobierno en el plan anunciado hace doce meses para reparar a las víctimas mediante un fondo en el que también participase la institución católica, alegando que los abusos no son exclusivos de su religión y se producen en todos los ámbitos, pero el pasado día 22 el secretario general de la CEE confirmó que han empezado a negociar con el Ejecutivo y han asumido la propuesta del Ministerio de Justicia, que consiste en “recibir a través del Defensor del Pueblo los casos de personas que no desean dirigirse al PRIVA”.
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