Daniel Ortega declara durante el aniversario de la revolución sandinista que no habrá más elecciones que permitan a sus oponentes competir por el poder.
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El presidente Daniel Ortega ha declarado que no se llevarán a cabo más elecciones que permitan a sus oponentes intentar acceder al poder. Esta afirmación fue realizada durante la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista de 1979, un evento significativo en la historia del país centroamericano. Ortega, quien ha estado en el poder de manera continua desde 2007, anunció que su gobierno se encuentra en un proceso de consolidación del poder, lo que implica la eliminación de cualquier posibilidad de competencia electoral.
La decisión se produce en un contexto de creciente represión política, que se intensificó tras las elecciones de 2021, las cuales fueron ampliamente criticadas debido a la detención de opositores y figuras del ámbito empresarial. El presidente, que ya había implementado reformas constitucionales el año pasado, ahora confirma su intención de cerrar cualquier espacio para la oposición, aunque no ha proporcionado detalles sobre cómo se llevará a cabo la abolición formal del voto.
La próxima elección estaba programada para noviembre de 2027, pero con este anuncio, Ortega parece querer eliminar cualquier incertidumbre sobre el futuro político del país. La reacción de las organizaciones de derechos humanos ha sido contundente. Juan Sebastián Chamorro, candidato a las elecciones de 2021 que permaneció encarcelado hasta su liberación en Estados Unidos en 2023, ha afirmado que esta medida es parte de un plan a largo plazo para concentrar el poder en manos del partido sandinista.
Respecto a la situación de los prisioneros políticos, el Mechanism for Recognition of Political Prisoners ha documentado que al menos 46 personas continúan detenidas por motivos políticos en Nicaragua. A pesar de que el gobierno había anunciado la liberación de algunos disidentes tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, la represión sigue siendo una constante. Desde 2018, más de 5.000 organizaciones, en su mayoría religiosas, han sido cerradas, lo que ha llevado a miles de nicaragüenses a abandonar su hogar.
En julio, el gobierno de Ortega y su esposa Rosario Murillo revocaron la licencia profesional a numerosos abogados, lo que ha sido calificado por expertos de las Naciones Unidas como una purga de la profesión legal. Este contexto de represión y control absoluto plantea serias interrogantes sobre el futuro de la democracia en Nicaragua y la situación de los derechos humanos en el país.
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