Un arzobispo frena la restauración de una iglesia en Perú

El Gobierno Regional de La Libertad, en Perú, ha decidido redirigir los cerca de 30 millones de soles comprometidos para la restauración de la iglesia y el antiguo convento de Nuestra Señora de Guadalupe, en la provincia de Pacasmayo, tras la negativa del arzobispo metropolitano de Trujillo, el jesuita Gilberto Alfredo Vizcarra Mori, a suscribir el convenio imprescindible para ejecutar las obras. El vicegobernador regional, Ever Cadenillas Coronel, anunció el traslado de esos fondos a otro proyecto y dejó la iniciativa abierta para que la retomen las próximas autoridades, pues a la gestión actual le restan apenas tres meses de mandato.

El punto de ruptura llegó el 22 de julio, cuando el arzobispo remitió una carta a la gobernadora regional, Joana del Rosario Cabrera Pimentel, y al director de la Dirección Desconcentrada de Cultura La Libertad del Ministerio de Cultura, proponiendo dar por concluido de mutuo acuerdo el Convenio Específico de Colaboración Interinstitucional Nº 16-2025-MC, vinculado al proyecto financiado mediante el mecanismo de Obras por Impuestos. Cadenillas fue tajante: "Al no tener autorización, no se puede ejecutar el proyecto".

Acusaciones de trabas administrativas

El vicegobernador denunció que el personal técnico de la empresa financista fue impedido de acceder al inmueble para realizar los estudios de suelos y de topografía previos a cualquier intervención. Rechazó las irregularidades que el Arzobispado atribuye al proceso y se mostró dispuesto a colaborar con las investigaciones que emprendan las autoridades competentes. Tanto el Gobierno Regional como la Dirección Desconcentrada de Cultura sostienen que el proyecto cumplió con normalidad todos los requisitos legales exigibles, y la administración regional ha invitado a la Contraloría General de la República a supervisar las obras ejecutadas bajo esta modalidad.

La presidenta del comité de restauración, Cecilia Vera, ha señalado que el grupo invirtió tres años de trabajo en hacer viable la iniciativa y en asegurar la financiación privada necesaria. Vera ha manifestado además sus sospechas sobre un posible choque de intereses relacionado con una de las integrantes del equipo técnico que orienta las decisiones del arzobispo en este asunto. Una portavoz de quienes defienden la restauración afirmó que "no es claro el señor arzobispo" y subrayó que el gobierno regional le ha dirigido en varias ocasiones escritos formales pidiéndole que concrete los puntos en litigio.

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Postura del arzobispo y análisis técnico

El arzobispo Vizcarra ha rechazado que su posición equivalga a oponerse a la recuperación del templo. "Yo nunca he dicho, no sé si alguien ha dicho que yo he emitido alguna afirmación que diga que... No quiero la restauración de la iglesia y del convento. Bueno, creo que yo nunca he dicho una cosa de eso", manifestó. En un mensaje fechado el 19 de octubre y dirigido a la población de Guadalupe, el prelado reiteró ese compromiso y escribió que "solicitar la rescisión de este convenio no significa abandonar la restauración", subrayando que preservar y devolver el esplendor al templo y al antiguo convento es una obligación que el Arzobispado asume como propia.

Vizcarra atribuye la decisión al análisis de su equipo técnico, que habría detectado deficiencias de fondo tanto en las bases del proyecto como en su perfil y en la contratación de la supervisión, fallos que el arzobispo considera imposibles de subsanar dentro del procedimiento en marcha. Aclaró que expone esas razones sin señalar a nadie en particular ni poner en duda las intenciones de los implicados. Se declaró dispuesto a escuchar a los vecinos y a explicar su postura, aunque advirtió que ese diálogo no supone reabrir el debate sobre la decisión ya adoptada respecto al convenio. Cuando se le preguntó por el estado del expediente, respondió: "Yo no sé nada de cómo está sucediendo, cómo está siendo llevado todo este proceso, así que voy a investigar".

Frustración de los promotores

Las partes se reunieron en septiembre y en octubre, pero, según los defensores de la restauración, el prelado no llegó a precisar cuáles eran los problemas concretos. La portavoz sostuvo que el conjunto de instituciones que integran el convenio tripartito, incluida la empresa, se sentaron a trabajar en el plano técnico y dieron respuesta a todas las observaciones formuladas. "Es más, la señora Patricia Navarro Grau y su equipo están desactualizados en la ley", afirmó. Los promotores de la obra señalaron además que en el proceso han participado ProInversión y el MEF.

La portavoz cerró su intervención con una reclamación directa: "Su subjetividad nosotros no queremos. Lo que necesitamos es que nuestro patrimonio se restaure, que se ponga en valor, porque es casa de Nuestra Santísima Virgen de Guadalupe. Eso es lo que pedimos".