El avance yihadista amenaza a las comunidades cristianas

La fundación pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre (ACS) presentó el 27 de octubre de 2026 en Portcullis House, Londres, su informe bienal «¿Perseguidos y olvidados?», correspondiente al período comprendido entre agosto de 2024 y junio de 2026. El documento, de 44 páginas, examina la situación de los cristianos en 18 países de África, Asia, Oriente Próximo y América Latina, y concluye que la opresión ha empeorado en el 55 por ciento de los territorios analizados, sin que ninguno haya registrado mejoría alguna. Los datos recopilados cifran en 220 millones los cristianos directamente expuestos a la persecución en todo el mundo.

John Pontifex, responsable de prensa y asuntos públicos de ACS Reino Unido, advirtió en el acto de presentación que, veinte años después de que la organización publicara su primer informe de este tipo, la opresión de los cristianos sigue siendo «una catástrofe de derechos humanos que el mundo se niega a reconocer». Pontifex señaló que los cristianos padecen persecución en más países que cualquier otro grupo religioso: «Hasta 165 países son aquellos donde los cristianos sufren discriminación, opresión o persecución. Eso es mucho más que cualquier otro grupo religioso, así que necesitamos contar su historia y trasladarla a nuestros amigos, nuestra familia, nuestra parroquia y nuestros representantes políticos». Los datos más recientes del Pew Research Center, en los que se apoya el informe, indican que el acoso anticristiano —que abarca desde el abuso verbal hasta los asesinatos— se registró en 165 países en 2023, frente a los 160 contabilizados en 2021.

El informe identifica tres mecanismos principales que explican el agravamiento de la situación: la expansión del yihadismo, la represión ejercida por regímenes autoritarios y el avance de nacionalismos religiosos que consideran el cristianismo una presencia extraña o extranjera. La opresión por parte de regímenes autoritarios ha alcanzado, según el documento, «niveles sin precedentes» en países con influencia global o regional donde el sentimiento antioccidental ha crecido con fuerza.

África subsahariana: la región más afectada

África subsahariana ocupa un lugar central en el informe. Seis de los diez países más afectados por el terrorismo según el Índice Mundial del Terrorismo 2026 se encuentran en el continente africano: Burkina Faso ocupa la segunda posición mundial; Níger, la tercera; Nigeria, la cuarta; Mali, la quinta; Somalia, la séptima; y la República Democrática del Congo, la octava. ACS identifica el Sahel como uno de los principales focos de violencia islamista, con grupos yihadistas que controlan al menos el 40 por ciento del territorio de Burkina Faso, donde imponen una interpretación extremista del islam. En las zonas bajo su dominio, las mujeres son obligadas a cubrirse el rostro en público y los hombres a dejarse barba; la enseñanza cristiana a los niños puede estar prohibida; quienes se niegan a acatar estas normas se arriesgan a la expulsión o a la ejecución pública. Los cristianos son señalados explícitamente, según el informe, como objetivo de «la campaña para imponer la ideología islamista».

¿Nos ayudas? ¿un café?

El 25 de agosto de 2024, en Sanaba, localidad perteneciente a la diócesis de Nouna, 26 hombres fueron asesinados por combatientes del JNIM, organización afiliada a Al Qaeda. Las víctimas, seleccionadas entre cristianos, seguidores de religiones tradicionales y personas consideradas hostiles a los yihadistas, fueron conducidas a una iglesia protestante antes de ser degolladas. En los días posteriores, los ataques contra tres parroquias católicas provocaron la huida de aproximadamente 5.000 mujeres y niños. Este episodio ilustra, según el análisis del informe, cómo la violencia religiosa se convierte también en un instrumento de transformación demográfica: al aterrorizar a la población, los grupos armados provocan el abandono de los pueblos y la desaparición progresiva de las estructuras parroquiales.

En Mali, el informe expresa una preocupación específica por el hecho de que el país ocupe el quinto puesto mundial en actividad terrorista. Los cristianos que viven en zonas bajo ocupación islamista sufren opresión que incluye la quema de iglesias y la imposición de impuestos religiosos, y la persecución es tan severa que les resulta imposible residir en muchas áreas bajo control yihadista.

En Nigeria, las cifras son especialmente reveladoras. Los ataques a gran escala contra asentamientos mayoritariamente cristianos en la región central conocida como Middle Belt han contribuido a generar más de 3 millones de desplazados internos en el país. De los más de 3,5 millones de personas desplazadas en total, al menos un millón serían cristianas. El documento precisa que los enfrentamientos responden a varios factores —terrorismo yihadista, criminalidad, rivalidades étnicas y conflictos por la tierra— y que no todas las víctimas son cristianas, aunque determinados ataques sí tienen como objetivo explícito a comunidades por razón de su fe. Solomon Ako, cristiano de 33 años, relató haber sido secuestrado cerca de Zaria: sus captores exigieron su conversión y, ante su negativa, fue golpeado, azotado y encadenado; junto a otros rehenes, fue mantenido durante horas con el agua fría hasta el cuello.

En Mozambique, y en particular en la provincia de Cabo Delgado, ACS documenta asesinatos, secuestros y destrucción de iglesias a manos de milicias vinculadas al Estado Islámico. El informe señala que el ascenso del extremismo ha tenido «consecuencias devastadoras para las comunidades cristianas», cuyos miembros son vistos como un obstáculo para el objetivo de establecer un califato islámico y controlar los recursos minerales de la región. Mozambique ha experimentado, según el documento, un deterioro sostenido de la seguridad y los derechos fundamentales, hasta convertirse en «uno de los países más afectados por el terrorismo en el mundo». A pesar de la intervención militar de Ruanda y países vecinos, la violencia continúa. El informe refiere en torno a 1.000 fallecidos cristianos en Cabo Delgado desde 2017, algunos de ellos decapitados.

Sudán atraviesa, según el informe, la mayor crisis humanitaria del mundo, con una situación que el documento califica de próxima al «genocidio». El conflicto en curso desde 2023 entre las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) ha desplazado a millones de personas y ha causado más de 150.000 muertos, con estimaciones que podrían elevar esa cifra hasta 250.000. ACS ha reunido evidencias que apuntan a que los cristianos han sufrido de manera desproporcionada: las iglesias son atacadas, los sacerdotes torturados y los fieles presionados para que renuncien a su fe o se enfrenten al hambre como parte de una campaña de represión islamista. Más de 100 iglesias habrían sido dañadas o destruidas desde el inicio de la guerra.

En Egipto, el informe señala que las cifras globales sobre la magnitud de la persecución son difíciles de obtener, aunque documenta más de 30 casos de secuestro en 2024. En el Alto Egipto, las familias siguen denunciando el rapto de niñas, su conversión forzada al islam y su imposición en matrimonios. Las instituciones islámicas, incluida Al-Azhar, y la policía han sido acusadas de complicidad en estos hechos. Las comunidades del Alto Egipto también han sufrido ataques violentos, y las autoridades con frecuencia no exigen responsabilidades a los perpetradores. No obstante, el documento también reconoce «gestos positivos del Estado hacia las comunidades religiosas» en el país.

En Eritrea, el informe constata que la situación no ha variado: el gobierno ha restringido «severamente» las libertades religiosas y ha detenido ilegalmente a personas pertenecientes a «confesiones no reconocidas», incluidos menores. Aunque en los últimos meses del período analizado se produjeron algunas liberaciones y no se registraron nuevas detenciones arbitrarias, «el panorama general ha seguido siendo el de una interferencia intrusiva y constante en la vida religiosa», concluye el documento.

Asia: represión administrativa y violencia estructural

En Asia, los mecanismos de persecución son distintos pero igualmente graves. En China, las autoridades han intensificado el control sobre las comunidades cristianas no registradas, con una oleada de detenciones iniciada a finales de 2025 y prolongada hasta 2026. El gobierno exige que las religiones reconocidas operen bajo la supervisión de organizaciones aprobadas por el Partido Comunista. Desde septiembre de 2025, nuevas regulaciones restringen severamente las actividades religiosas en internet: la difusión de liturgias, predicaciones o enseñanzas destinadas a menores requiere autorizaciones especiales, y en algunas provincias los jóvenes menores de 18 años tienen prohibida la participación en actividades de culto. Benoît de Blanpré, director de ACS en Francia, explicó que «las persecuciones administrativas, judiciales y policiales están en aumento, contribuyendo a la vigilancia del Estado chino, que desea conformar las iglesias a la ideología del Partido».

En Corea del Norte, la mera posesión de una Biblia puede acarrear el arresto. El informe menciona aproximadamente 190.000 personas supuestamente recluidas en prisiones y campos de trabajo del país, entre las cuales los cristianos representarían una parte significativa, aunque el documento reconoce que no dispone de un recuento fiable de los detenidos exclusivamente por su fe.

En Irán, las detenciones de cristianos se duplicaron en el plazo de doce meses, a medida que la represión se ha ido intensificando. En India, ACS contabiliza más de 700 actos de violencia anticristiana en 2025. Celebraciones religiosas han sido interrumpidas, iglesias vandalizadas y familias impedidas de enterrar a sus muertos según sus ritos; algunas han sido incluso obligadas a exhumar los restos de sus seres queridos. Estas violencias se enmarcan en un clima marcado por el avance del nacionalismo hindú y la proliferación de leyes denominadas «anticonversión». En Pakistán, los secuestros de jóvenes cristianas, las conversiones forzadas al islam y los matrimonios impuestos constituyen otra forma de persecución sistemática.

En Birmania, el Burma Research Institute estima que 343 iglesias u otros edificios cristianos fueron atacados por las fuerzas de la junta militar entre el inicio del conflicto y finales de 2025. La destrucción de lugares de culto acompaña con frecuencia a la violencia contra las personas: una iglesia destruida supone también la desaparición de un espacio de reunión, de transmisión religiosa y, en ocasiones, de asistencia social.

América Latina: represión estatal y bloqueos de acceso

En Nicaragua, el régimen de Ortega-Murillo ha intensificado la represión contra los cristianos: arresta y exilia a clérigos, impide ordenaciones, confisca instituciones de la Iglesia, provoca la desaparición forzada de opositores —entre ellos, numerosos cristianos— y bloquea la entrada al país de personas que portan Biblias.

La llamada internacional por la libertad religiosa

Caroline Hull, directora nacional de ACS Reino Unido, interpeló a los asistentes al acto de presentación con una reflexión directa: «Estas personas son como usted y como yo. Si alguien dijera: "Renuncia a tu fe o me llevaré a tus hijos", ¿qué haría usted? Si alguien dijera: "Te dejo salir de la cárcel si le das la espalda a Jesucristo". Son preguntas pertinentes que debemos hacernos, y necesitamos recordar que estas personas son como nosotros».

En octubre de 2025, al recibir a una delegación de ACS, el Papa León XIV declaró que la libertad religiosa es «una piedra angular de cualquier sociedad justa», pues salvaguarda el espacio moral en el que la conciencia puede ser formada y ejercida. «La libertad religiosa no es meramente un derecho legal o un privilegio que nos conceden los gobiernos; es una condición fundamental que hace posible la reconciliación», añadió el Pontífice.

Pontifex reclamó en el acto de presentación que todos los países del mundo y las Naciones Unidas apliquen plenamente el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que consagra la libertad religiosa: «No pedimos un trato especial, sino simplemente que la gente se una para poner fin a los actos de opresión, ya sea el secuestro de personas por su fe, ya sea el despido de personas de sus empleos por motivos relacionados con su fe… Y también para aquellos que son juzgados injustamente y condenados a cadena perpetua por delitos que no han cometido, como las leyes de blasfemia, que se aplican de forma arbitraria. Y reconociendo que hay personas a quienes a menudo se les pide que paguen el precio máximo. Esto debe cesar».

ACS celebrará el 18 de noviembre el décimo aniversario de su campaña #RedWednesday, iniciativa destinada a visibilizar la persecución de los cristianos en todo el mundo.