El arzobispo Gallagher defiende el asilo y la repatriación voluntaria en Ginebra

La crisis de desplazamiento forzado afecta a 117 millones de personas en todo el mundo.

El arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales de la Santa Sede, tomó la palabra el 12 de octubre en Ginebra ante la 77.ª sesión del Comité Ejecutivo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Su intervención giró en torno a dos ejes: la defensa de la institución del asilo político y la promoción de la repatriación voluntaria, en un momento en que las dificultades financieras amenazan la ayuda esencial a los desplazados.

El arzobispo cifró en 117 millones las personas que hoy se ven forzadas a abandonar sus hogares en todo el mundo, lo que equivale a "una de cada setenta" personas en la tierra. Niños separados de sus familias, mujeres y niñas expuestas a la violencia y la explotación, minorías religiosas y étnicas perseguidas por su fe o su identidad. Gallagher fue directo: "los refugiados son el epicentro de las tragedias de nuestro tiempo", y mencionó expresamente las crisis de Ucrania, el Sahel, Sudán y Sudán del Sur, Cabo Delgado en Mozambique, la República Democrática del Congo y Myanmar.

El diplomático vaticano advirtió de que el desplazamiento forzado "nunca debe volverse permanente", porque el tiempo no resuelve las crisis por sí solo. De ahí que considerara imprescindible potenciar las "habilidades y aspiraciones" de los refugiados mediante el acceso real a atención sanitaria, educación, trabajo decente y regularidad jurídica. Solo así podrán ser "protagonistas de su propio destino" y aportar al desarrollo humano integral de las sociedades que los reciben.

Entre las "soluciones duraderas" que propuso, Gallagher señaló que la "repatriación voluntaria" sigue siendo la opción preferida por la mayoría de los refugiados. Regresar al hogar con seguridad y con los apoyos necesarios es condición indispensable para que esa repatriación sea real y no una mera formalidad. El arzobispo recordó también que la historia acredita tanto la "violencia humana" que genera el desplazamiento como el "progreso moral" que ha permitido construir organismos capaces de proteger vidas, y citó la Convención de 1951 sobre el estatuto de los refugiados como ejemplo de ello.

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Gallagher defendió el asilo como uno de los gestos más nobles que una sociedad puede ofrecer a quienes son perseguidos. Garantizar su aplicación efectiva, subrayó, no es solo una "obligación legal", sino un "imperativo moral". Al mismo tiempo, expresó su preocupación ante las políticas y prácticas que están cuestionando los objetivos de protección de los refugiados y desvirtuando su propósito original.

Para cerrar, el arzobispo pidió abordar el desplazamiento forzado desde sus causas profundas, fomentando el diálogo en todos los niveles. Garantizar a cada persona el derecho a vivir en su país de origen con dignidad, paz y seguridad es, a su juicio, el camino más sólido hacia soluciones reales y estables. Gallagher apeló a que las decisiones se adopten guiadas por la "fraternidad, la solidaridad y la responsabilidad colectiva", sobre todo cuando las restricciones financieras globales amenazan con recortar la ayuda que sostiene a los más vulnerables.