Las entidades provida advierten: “El aborto no es un derecho humano reconocido internacionalmente”
La Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Dignidad y la Libertad ha emitido un comunicado en el que critica las recientes intenciones del Gobierno español de declarar el aborto como un derecho constitucional y de elaborar listas de objetores de conciencia.
La Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Dignidad y la Libertad, una plataforma que desde 2021 coordina a más de cien asociaciones provida, profamilia y provalores en toda España, ha manifestado su firme oposición a los recientes movimientos del Gobierno español en relación con el aborto. En un comunicado, la Asamblea denuncia la intención del Ejecutivo de declarar el aborto como "derecho constitucional" y de elaborar listas de objetores de conciencia, calificando estas acciones como una maniobra política carente de fundamento ético y jurídico.
El boletín de hoy
Miércoles, 14 de octubre
- León XIV: cuándo será operado y qué se sabe de su salud.
- Cusco prepara la llegada de León XIV para el 15 de noviembre.
- La biopsia del Papa confirma un adenocarcinoma pulmonar.
El comunicado subraya que ningún convenio internacional reconoce el aborto como un derecho humano. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 evitó definirlo como tal, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha confirmado que no existe un derecho al aborto bajo el Convenio Europeo, como se evidenció en el caso A, B y C contra Irlanda en 2010. La Asamblea insiste en que la vida prenatal pertenece a la especie humana y su protección no debe subordinarse a una visión materialista que prioriza la voluntad individual.
Además, la Asamblea critica que la propuesta del Gobierno ignora el sufrimiento de quienes abortan, quienes merecen un apoyo real, no propaganda. La iniciativa también pone en una situación insostenible a médicos y personal sanitario, enfrentándolos al Juramento Hipocrático, que les obliga a preservar la vida. La eliminación o restricción del derecho a la objeción de conciencia, según la Asamblea, convierte a los profesionales de la salud en meros ejecutores de políticas estatales, violando su libertad de conciencia y ética profesional.
La Asamblea pide al Gobierno que se retracte de esta iniciativa y priorice políticas que protejan la vida en todas sus etapas, apoyando a las mujeres embarazadas en situaciones vulnerables y fomentando una sociedad solidaria. Considera que estas acciones no solo erosionan la confianza en el sistema sanitario, sino que promueven una visión materialista donde la voluntad individual domina sobre el ser humano, allanando el camino a prácticas como el aborto masivo eugenésico.
¿Nos ayudas? ¿un café?
