Un obispo polaco, condenado por ocultar abusos a menores

El Tribunal de Distrito de Tarnów, en el sur de Polonia, condenó el jueves al obispo Andrzej Jeż por no haber notificado de inmediato a las autoridades civiles los abusos sexuales cometidos contra menores por dos sacerdotes de su diócesis. Con ello se convierte en el primer obispo católico polaco en recibir una condena penal de la justicia ordinaria por encubrir denuncias de pederastia, sentando un precedente histórico en el país.

Medidas y cuantía de la condena

La sentencia impone a Jeż la retención del 25 % de su salario mensual durante dos años, importe que irá destinado a una fundación de apoyo a niños víctimas de abusos sexuales. Además, el tribunal le ordenó abonar 20.000 eslotis —unos 5.000 dólares— al fondo estatal polaco de ayuda a víctimas de delitos y sus familias. La fundación beneficiaria de esa retención mensual es «Dajemy Dzieciom Siłę» («Damos fuerza a los niños»).

La jueza que presidió el juicio determinó que el acusado había incumplido la obligación legal vigente en Polonia desde la reforma del Código Penal aprobada en julio de 2017, que convirtió la notificación de casos de pederastia en un deber jurídico sancionable con hasta tres años de prisión para quien no informe de inmediato a la policía o a la fiscalía. «La aclaración de posibles dudas debería dejarse en manos de las autoridades encargadas de la persecución penal», declaró la magistrada al motivar su fallo.

La prescripción de los delitos

La fiscalía había pedido una pena de diez meses de cárcel con suspensión de tres años, más el pago de 20.000 eslotis. La defensa reclamó la absolución. La tardanza del obispo en presentar la denuncia tuvo consecuencias directas: había prescrito la acción penal por los delitos sexuales cometidos contra 23 menores, lo que impidió que ninguno de los dos sacerdotes implicados llegara a ser formalmente acusado ante los tribunales.

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El caso y sus antecedentes

Los hechos se remontan al periodo comprendido entre 2017 y 2020, cuando el obispo recibió información creíble sobre los abusos perpetrados por dos clérigos de la diócesis: Stanisław P. y Tomás K. Pese a ello, Jeż no trasladó esa información a la fiscalía con la celeridad que exige la ley.

En declaraciones previas a la vista oral, el prelado había defendido su inocencia y sostuvo que «un obispo no puede ser responsabilizado globalmente por los abusos cometidos por clérigos». Atribuyó la demora en la notificación a «la ambigüedad de las disposiciones penales y a la naturaleza específica de cada caso», y afirmó que la curia actuó en cuanto obtuvo certeza de que las víctimas eran menores de 15 años. Su abogado reiteró ese argumento en el informe final, señalando que Jeż había denunciado a ambos sacerdotes en el momento en que supo que las víctimas podían tener menos de esa edad.

Sanciones eclesiásticas a los sacerdotes

Jeż, de 63 años, ocupa la sede episcopal de Tarnów desde 2012, cargo al que llegó tras ejercer durante dos años y medio como obispo auxiliar de esa misma diócesis. Tarnów pertenece a la provincia eclesiástica de Cracovia.

Uno de los dos sacerdotes involucrados ha sido expulsado del estado clerical por la Iglesia. Según medios polacos, este clérigo habría abusado de al menos 95 menores varones entre 1987 y 2008, en parroquias de Polonia y Ucrania. El segundo sacerdote también fue objeto de sanciones eclesiásticas. Ninguno de los dos llegó a ser acusado penalmente ante la justicia civil, igualmente por haber prescrito los delitos a causa de la tardanza en la denuncia.

Tras conocerse el fallo, la diócesis emitió un comunicado en el que expresó «profundo pesar por el sufrimiento causado a todas las víctimas» y aseguró que se tributa a los afectados por abusos «el respeto y la compasión que merecen». El obispo condenado anunció su intención de recurrir la sentencia en apelación.

El caso pone de relieve la diferencia entre el ordenamiento jurídico polaco y el alemán en esta materia: en Polonia, la omisión de denuncia de abusos graves a menores está tipificada como delito desde 2017 y puede acarrear hasta tres años de prisión; en Alemania, en cambio, no existe un precepto equivalente en el Código Penal.