Canadá plantea vetar redes sociales a menores de 16

La Justice Centre for Constitutional Freedoms advierte de que el proyecto podría obligar a verificar la edad e identidad de todos los usuarios.

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El Gobierno canadiense ha presentado el Proyecto de Ley C-34, conocido como Safe Social Media Act, una iniciativa que busca prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años. Presentada el 10 de junio por el ministro de Identidad y Cultura, Marc Miller, la propuesta forma parte de un plan más amplio para regular internet en el país. Sin embargo, la Justice Centre for Constitutional Freedoms ha lanzado una campaña nacional contra la medida, argumentando que va mucho más allá de la protección de menores.

El proyecto pretende imponer mayores responsabilidades a las plataformas digitales y a los chatbots de inteligencia artificial respecto a contenidos dañinos. Según Marc Miller, la norma busca «asegurar que los servicios de redes sociales y los chatbots de inteligencia artificial sean responsables de abordar el daño antes de que ocurra». La JCCF, no obstante, sostiene que el texto otorga al gabinete federal poderes excesivos para regular internet en el futuro. La organización ha movilizado a los canadienses para contactar con sus diputados y participar en una campaña nacional mediante una herramienta que permite enviar cartas preescritas a los parlamentarios y al primer ministro Mark Carney.

Una prohibición de este tipo sería similar a la aplicada en Australia, donde los menores de 16 años no pueden tener cuentas en plataformas como Instagram, TikTok, Facebook y Snapchat. Según la JCCF, implementar una medida equivalente obligaría a las empresas tecnológicas a implantar sistemas de verificación o estimación de edad. La organización advierte de que, en la práctica, todos los usuarios acabarían obligados a verificar su edad e identidad para acceder a estas plataformas.

La verificación de identidad plantea problemas significativos de privacidad. Los canadienses tendrían que entregar más información personal al Gobierno o a compañías extranjeras simplemente para expresar sus opiniones, participar en el debate público y acceder a información. Este requisito afectaría a la libertad de expresión y al derecho a la privacidad de todos los ciudadanos, no solo de los menores.

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El proyecto también obliga a las plataformas digitales a adoptar medidas para informar a la policía sobre amenazas creíbles de violencia o autolesiones. Este punto forma parte de un conjunto más amplio de obligaciones que la JCCF considera problemático por sus posibles efectos sobre la privacidad y la libertad de expresión de los usuarios.

Las secciones 48 a 58 del proyecto regularían lo que los canadienses pueden decir a los chatbots de inteligencia artificial y lo que estos pueden responder. La JCCF afirma que las obligaciones vagas y las sanciones económicas, que podrían alcanzar hasta el tres por ciento de los ingresos globales, empujarían a las empresas a vigilar conversaciones privadas de los usuarios.

Según la interpretación inicial difundida por la organización, los chatbots de inteligencia artificial podrían informar a la policía sobre conversaciones privadas y legales. La sección 53(e) otorgaría a futuros reguladores una amplia capacidad para prohibir determinadas respuestas de estas herramientas. A medida que los canadienses utilizan cada vez más chatbots y herramientas de búsqueda basadas en inteligencia artificial, el control gubernamental sobre sus respuestas podría tener consecuencias relevantes para el modo en que los ciudadanos reciben información.

El proyecto de ley crearía una Comisión de Seguridad Digital formada por entre tres y cinco miembros a tiempo completo, nombrados por el gabinete federal. Este organismo tendría amplios poderes para regular contenidos en línea sin supervisión parlamentaria efectiva.

Michael Geist, experto en privacidad y profesor de derecho en Canadá, ha advertido de que la comisión podría decidir sobre 50 cuestiones relevantes no detalladas en el Proyecto de Ley C-34. Entre ellas figuran qué empresas de redes sociales e inteligencia artificial quedarían sometidas a la norma y qué se consideraría «daño psicológico o físico significativo» en el contenido en línea.

Los diputados canadienses tendrían una supervisión limitada sobre esas decisiones, según la advertencia de la JCCF. La organización también recuerda que el Gobierno liberal ha considerado la creación de una identificación digital nacional que podría formar parte de cualquier prohibición de redes sociales, lo que amplificaría aún más las preocupaciones sobre privacidad y control estatal.