El Supremo de EE.UU. estudia la exclusión de centros católicos

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos celebró el martes tres de noviembre la vista oral del caso St. Mary Catholic Parish v. Roy, en el que se cuestiona la exclusión de los preescolares católicos del programa universal de educación preescolar de Colorado, conocido como UPK. Los demandantes son la parroquia de St. Mary Catholic Parish, en Littleton (Colorado), la Archidiócesis de Denver y un grupo de padres católicos que se ven obligados a costear de su propio bolsillo la escolarización de sus hijos en centros de titularidad religiosa, mientras que el preescolar que gestiona St. Mary Catholic Parish no es elegible para participar en el programa estatal.

Argumento de los demandantes: discriminación religiosa

Los demandantes sostienen que la exclusión de los centros preescolares católicos del programa UPK supone un menosprecio de las leyes del país y de su compromiso con la libertad religiosa. Tras la celebración de los argumentos orales, Nicholas Reaves, abogado principal de las familias y los preescolares y asesor jurídico sénior de la organización Becket, emitió una declaración en la que denunció con dureza la posición del Estado.

«Las normas de Colorado que excluyen a los católicos hacen escarnio de las leyes de nuestra nación y de su compromiso con la libertad religiosa», afirmó Reaves, quien encabeza la defensa de los demandantes en este litigio. El caso pone de manifiesto la tensión entre la política educativa del Estado de Colorado y la libertad religiosa, un principio fundamental reconocido en la Constitución norteamericana.

Implicaciones para la libertad religiosa en educación

La exclusión de centros educativos de confesión católica de un programa estatal de financiación plantea cuestiones fundamentales sobre el trato igualitario de las instituciones religiosas y su acceso a beneficios públicos. Los demandantes argumentan que la negativa a incluir preescolares católicos en el programa UPK constituye una forma de discriminación basada en la identidad confesional de los centros, lo que vulneraría principios constitucionalmente protegidos.

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El caso adquiere particular relevancia en el contexto de los recientes pronunciamientos de la Corte Suprema sobre libertad religiosa, incluyendo decisiones que han ampliado la protección de derechos religiosos en contextos educativos y en acceso a beneficios estatales. La Archidiócesis de Denver y los demandantes católicos buscan que el Tribunal reconozca que excluir deliberadamente a centros de educación religiosa de programas de alcance universal incurre en discriminación y viola los derechos constitucionalmente protegidos de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones religiosas.