El Colectivo de Víctimas de Abuso Sexual por Jesuitas denuncia que la orden antepone el control de su imagen a la reparación efectiva del daño, con una gestión selectiva de casos según su repercusión mediática.

El boletín de hoy
Jueves, 12 de noviembre
El Colectivo de Víctimas de Abuso Sexual por Jesuitas (Covijes) publicó el lunes 9 de noviembre una investigación en la que acusa a la Compañía de Jesús de aplicar una "doble moral" en la gestión de los abusos sexuales cometidos por miembros de la orden. El documento, titulado "La gestión del abuso sexual entre los jesuitas, o el arte de la doble moral", señala tanto una comunicación selectiva en función de la repercusión mediática de cada caso como una gestión financiera que califica de opaca en torno a más de un millón de euros procedentes de una obra benéfica disuelta.
Covijes fue fundado por Roland Tran Van y Jean-Pierre Martin-Vallas, ambos víctimas de abusos sexuales en su infancia. El colectivo sostiene que la Provincia Jesuita de Europa Occidental francófona, que agrupa principalmente a Francia y Bélgica francófona, antepone el control de su imagen pública al reconocimiento efectivo y sistemático de quienes sufrieron los abusos. La acusación más rotunda figura en la conclusión del informe: "La Compañía de Jesús no busca la verdad: gestiona riesgos de reputación."
Uno de los ejes centrales de la denuncia es la falta de actualización de las estadísticas oficiales. Según los últimos datos públicos de la congregación, 129 jesuitas habían sido señalados como presuntos agresores desde 1949, de los cuales 109 habían fallecido. Covijes reprocha a los responsables de la institución no haber revisado ni difundido cifras actualizadas desde el 15 de noviembre de 2024.
El colectivo contrasta la gestión de casos recientes —como los de Jean Naramoutou, Pierre Molinié y Gaël Giraud— con la de expedientes más antiguos que afectan a religiosos fallecidos, y concluye que la Compañía actúa con celeridad cuando el riesgo judicial o mediático es elevado, pero adopta una actitud mucho más hermética cuando los hechos se remontan a décadas atrás. Covijes denuncia además lo que describe como "anonimato y sabotaje de las convocatorias" para la obtención de testimonios, una acusación que cuestiona el modo en que ciertos nombres llegaron a hacerse públicos.
La segunda línea de denuncia atañe a las finanzas. La investigación recupera el caso de la asociación Les Liens Brisés —Los Lazos Rotos—, creada en 1954 para atender a menores abandonados o en situación de dificultad. Su fundador, el padre Louis Mouren, fallecido en 1985, fue señalado por Roland Tran Van como autor de los abusos que sufrió siendo niño. En marzo de 2023, los jesuitas lanzaron una convocatoria pública para recabar testimonios relacionados con Mouren, pero sin mencionar su nombre en ese primer momento; su identidad solo fue revelada con posterioridad. No fue hasta el 20 de febrero de 2025 cuando la congregación emitió un comunicado en el que nombraba al acusado, reconocía la gravedad de los hechos denunciados y expresaba su vergüenza ante la incapacidad de los superiores de entonces para haber impedido los abusos.
Cuando Les Liens Brisés fue disuelta en 2013, su patrimonio —que según las cuentas anuales superaba el millón de euros— habría pasado a la Fundación de Montcheuil, entidad vinculada a los jesuitas. Sin embargo, cuando en 2023 se acordó una compensación económica para una víctima, el pago habría sido asumido directamente por la Compañía de Jesús y no por la fundación que recibió aquellos activos. Covijes denuncia lo que denomina "el doble juego financiero y contable" de la Compañía y exige explicaciones sobre el destino de ese dinero. La diferencia en el origen del pago, con todo, no acredita por sí sola ningún desvío ni irregularidad contable, sin que puedan examinarse en esta sede las obligaciones jurídicas de la fundación ni las condiciones en que se fijó la indemnización.
Covijes menciona también al padre René Bernard, sucesor de Mouren al frente de la asociación, acusado de agredir sexualmente a jóvenes acogidas por la misma entidad. Para el colectivo, mantener el anonimato de los religiosos implicados entraña el riesgo de que otras víctimas no logren identificar a sus agresores ni se atrevan a dar un paso adelante.
La crisis de los abusos clericales no se circunscribe a la Compañía de Jesús ni a Europa. En la India, la policía del estado de Karnataka ha registrado un segundo caso penal contra el sacerdote católico Cyprian Pinto, párroco de la iglesia de San Vicente Ferrer en Valencia, detenido por primera vez el 18 de octubre tras ser acusado de abusar de un menor de 14 años que acudía a rezar a su parroquia. El nuevo caso, comunicado por la policía de Mangaluru el 9 de noviembre, se refiere a la presunta agresión sexual a un menor de 13 años el 13 de mayo, cuando Pinto ejercía como párroco en la iglesia de San Sebastián de Permannur.
El sacerdote, de 65 años, fue trasladado a Valencia el 26 de mayo, al concluir seis años de servicio en Permannur. Tras su primera detención, quedó en libertad bajo fianza después de permanecer en custodia judicial hasta el 30 de octubre. El portavoz de la diócesis de Mangalore, Roy Castelino, confirmó que Pinto no ha sido detenido en relación con el segundo caso y que permanece en su domicilio recibiendo tratamiento médico, suspendido de sus funciones parroquiales. La diócesis ha remitido un informe al Vaticano sobre las acusaciones.
El activista por los derechos de la infancia Stanly KV aseguró que ocho menores presuntamente abusados por Pinto habían trasladado sus quejas al obispo Peter Paul Saldanha de Mangalore en agosto de este año, y que cinco de ellos entregaron cartas individuales al prelado detallando los abusos. Stanly exigió que Saldanha fuera acusado en el caso por no haber informado a la policía durante dos meses, y denunció que otros cuatro menores dispuestos a presentar denuncias estarían siendo presionados para guardar silencio. Robert Rosario, miembro de la Asociación de Católicos Preocupados de Mangaluru, señaló que Pinto lleva ejerciendo el sacerdocio desde 1988 y que tres obispos sucesivos habrían conocido su conducta sin adoptar medida alguna, limitándose a trasladarlo de parroquia en parroquia.
En el plano de la respuesta institucional, el Papa León XIV, actualmente de visita en América Latina, se reunió en Argentina durante más de una hora con cinco víctimas de abusos clericales, escuchando, según el Vaticano, "sus palabras, sus dolorosas historias y sus propuestas para reforzar los caminos de sanación dentro de la Iglesia". Una reunión similar, con seis víctimas, tuvo lugar en Madrid en junio. Sus recientes declaraciones durante el vuelo de regreso desde Francia, en las que describió los abusos sexuales como "ante todo un problema humano", han generado una notable controversia.
Estas preguntas han sido generadas por inteligencia artificial para favorecer el diálogo y la reflexión.
¿Crees que las instituciones religiosas deberían estar obligadas a publicar cifras actualizadas sobre casos de abuso de forma periódica y transparente?
¿Qué te parece que se mantengan en el anonimato los nombres de religiosos acusados de abusos, incluso después de décadas?
Tu opinión es importante. Comparte tu punto de vista con respeto.
Participa en la conversación con respeto. Tu comentario se publicará automáticamente, aunque podrá ser retirado por la redacción.
¿Crees que las instituciones religiosas deberían estar obligadas a informar públicamente de todos los casos de abuso denunciados?
0 votos
Encuesta generada con inteligencia artificial a partir de la noticia.
Comentarios (0)