Religiosa denuncia en la ONU la ley de la eutanasia en Francia
En la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, una representante de la congregación de las Pequeñas Hermanas de los Pobres ha denunciado la vulneración de la libertad religiosa que implicaría la nueva legislación francesa sobre la eutanasia.
El pasado martes 3 de marzo de 2026, Hermana Agnès, médica y miembro de las Pequeñas Hermanas de los Pobres, intervino ante el Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para exponer las preocupaciones de las instituciones sanitarias confesionales frente a la aprobación de una ley que obliga a aceptar la eutanasia en sus instalaciones.
La propuesta legislativa, adoptada por la Asamblea Nacional francesa el 25 de febrero de 2026, establece que ningún centro sanitario podrá negarse a la realización de procedimientos de ayuda para morir, lo que supone, según la religiosa, una grave intromisión en la libertad de conciencia y en los principios éticos y religiosos que sustentan la labor de estas congregaciones.
Hermana Agnès explicó que las Pequeñas Hermanas de los Pobres y otras órdenes católicas llevan siglos dedicadas a cuidar a enfermos, ancianos y personas vulnerables, y que esta ley les obligaría a contradecir sus creencias y el juramento hipocrático que guía su práctica médica.
En la misma jornada, Grégor Puppinck, director del Centro Europeo para el Derecho y la Justicia (ECLJ), acompañó a la religiosa en diversas reuniones en la ONU, incluyendo encuentros con el nuncio apostólico en Ginebra, Monseñor Ettore Balestrero, y con el equipo del Relator Especial, para informar sobre las consecuencias que tendría la implementación definitiva de esta normativa.
¿Nos ayudas? ¿un café?Durante su intervención en la 61ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos, Hermana Agnès manifestó: "He venido a alertar y solicitar su ayuda. Represento a las congregaciones católicas francesas que fundaron y gestionan hospitales y residencias. Nuestra misión es cuidar a los pobres, ancianos, enfermos y personas con discapacidad, los más vulnerables."
La religiosa advirtió que la ley en debate contempla la legalización de la eutanasia mediante un procedimiento que considera permisivo, rápido y coercitivo, y que además impondría a los centros religiosos la obligación de permitir estas prácticas, bajo pena de dos años de prisión y multas de hasta 30.000 euros para quienes se nieguen, así como para quienes intenten disuadir a otros de recurrir a la eutanasia.
Hermana Agnès subrayó que desean continuar ofreciendo cuidados compasivos hasta el final natural de la vida, aliviando el sufrimiento, incluso cuando este lleve a pedir la muerte, pero que no están dispuestas a participar en actos que atenten contra la vida, aunque ello suponga enfrentar sanciones penales.
La religiosa apeló a la comunidad internacional recordando que imponer castigos por negarse a practicar la eutanasia constituiría una violación grave de la libertad religiosa, protegida por el derecho europeo e internacional, y solicitó al Consejo que intervenga ante el Gobierno francés para que respete tanto la vida humana como la libertad de conciencia de estas instituciones.
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