Liechtenstein aprueba despenalizar el aborto, pero el príncipe se opone

El Parlamento de Liechtenstein aprobó el 2 de septiembre una iniciativa que permite el aborto hasta la semana 12 de gestación, con 13 votos a favor y 12 en contra. La ajustada mayoría choca con la oposición declarada del príncipe heredero Alois, jefe de Estado en funciones, quien ya ha advertido que no sancionará ninguna reforma que juzgue contraria a la protección de la vida.

La propuesta llegó al Landtag respaldada por 4.970 firmas, casi una cuarta parte del electorado y muy por encima de las 1.000 requeridas para tramitar una iniciativa popular. El parlamento rechazó, por idéntico margen de 13 a 12, someterla a referéndum, de modo que la decisión final recae ahora sobre el príncipe heredero.

Contenido de la iniciativa y legislación actual

El texto pretende despenalizar la interrupción del embarazo durante las primeras doce semanas, suprimir la prohibición de informar sobre esta práctica y garantizar que los costes queden cubiertos por el seguro sanitario. La legislación vigente en el principado castiga el aborto con penas de hasta tres años de prisión para los médicos que lo practiquen, salvo en supuestos tasados: grave peligro para la vida o la salud de la madre, o casos de violación.

Plazo para sancionar y postura del príncipe heredero

Alois, al frente del Estado desde 2004 tras la delegación de su padre, el príncipe Hans-Adam II, dispone de seis meses para sancionar la reforma. Si no lo hace antes de marzo de 2027, la propuesta quedará automáticamente rechazada. El príncipe ya había anticipado su posición en una entrevista con el Liechtensteiner Vaterland, donde señaló que no apoyaría una regulación general del aborto en las primeras semanas de gestación, apelando al "bien jurídico central de la protección de la vida".

No es la primera vez que Liechtenstein afronta este debate. En 2011, una iniciativa similar fue sometida a referéndum y rechazada por el 52,3% de los votantes. También entonces Alois había anunciado su disposición a ejercer sus prerrogativas constitucionales para impedir su entrada en vigor, incluso si obtenía respaldo popular.

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Posición de la Iglesia Católica

La Iglesia Católica tomó parte en el debate antes de la votación. El administrador apostólico de la archidiócesis de Vaduz, Benno Elbs, recordó el 21 de agosto la enseñanza de la Iglesia sobre la protección de la vida humana desde su inicio. Elbs afirmó que "el no nacido posee una dignidad intrínseca e inalienable desde el principio y, por tanto, merece la misma protección que se concede a toda vida humana".

El administrador apostólico señaló además una singularidad del principado: la ausencia de una unidad de maternidad en el territorio, que obliga a las mujeres a cruzar la frontera para dar a luz. Desde esa realidad, cuestionó la coherencia de habilitar el aborto en suelo nacional mientras las mujeres deben acudir a países vecinos para recibir atención obstétrica. Elbs cerró su intervención pidiendo una respuesta que proteja al niño y acompañe a las familias en situación de dificultad.