Un informe revela graves fallos en la gestión de abusos en la Iglesia de Panamá

Un informe independiente detecta deficiencias críticas en procedimientos de respuesta a abusos, archivos insuficientes y falta de mecanismos para escuchar a las víctimas en la Arquidiócesis.

La Arquidiócesis de Panamá fue sometida el 22 de septiembre de 2026 a un exhaustivo escrutinio público sobre su manejo de los casos de abuso sexual de menores y personas vulnerables. El informe, presentado en la Universidad Santa María la Antigua (USMA) por la Comisión de Transparencia, analiza 37 denuncias registradas entre 2001 y 2025 y concluye que los procedimientos de respuesta y prevención necesitan mejoras de calado.

El arzobispo José Domingo Ulloa Mendieta, que solicitó la evaluación de forma voluntaria y sin ningún mandato judicial, pidió perdón públicamente a las víctimas con estas palabras: "Ante el abuso no podemos guardar silencio". Durante el acto, el informe subrayó que los abusos sexuales provocan un daño especialmente grave cuando se producen en instituciones encargadas de proteger a personas vulnerables, lo que agudiza la quiebra de confianza.

La Comisión de Transparencia, integrada por expertos internacionales en gestión de abusos eclesiales y financiada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Notre Dame y la Universidad Villanueva, revisó los archivos de la arquidiócesis, realizó entrevistas y recogió testimonios directos. De las 37 denuncias registradas, solo 24 fueron objeto de examen; las restantes quedaban fuera de la jurisdicción de la arquidiócesis o no implicaban a menores.

El análisis detectó carencias de consideración en los procedimientos de respuesta. Los archivos sobre las denuncias se califican de "manifiestamente insuficientes", lo que dificulta tanto la reconstrucción de los hechos como la rendición de cuentas. El informe también señaló la ausencia de un sistema adecuado para escuchar a las víctimas: en apenas 2 de los 24 casos consta que la víctima fue oída, frente a al menos 8 en los que sí se escuchó al acusado.

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La Comisión reconoció que la arquidiócesis ha avanzado en el tratamiento de estos casos a lo largo de los últimos 25 años, pero advirtió de que persisten deficiencias significativas en los procedimientos. Entre las recomendaciones figuran la creación de cauces independientes centrados en los derechos de las víctimas y la aprobación de códigos de conducta para la relación con menores y personas vulnerables.

El arzobispo Ulloa subrayó la necesidad de construir una cultura de protección que no descanse solo en normas escritas, sino que comprometa a todos los miembros de la comunidad eclesial. Se comprometió asimismo a colaborar con las autoridades civiles en las denuncias que así lo requieran y a revisar las prácticas actuales para reforzar la prevención.

El informe concluye que la arquidiócesis debe garantizar una cooperación efectiva con la justicia civil y establecer un sistema de documentación que respalde cada comunicación relacionada con denuncias de abuso. La Comisión valoró positivamente que la arquidiócesis haya solicitado una revisión independiente y hecho públicos sus resultados, señalando que la iniciativa nació como un ejercicio voluntario de responsabilidad institucional, sin que mediara queja externa alguna.