El País vuelve a exigir datos a la Iglesia pese a la polémica por los casos falsos incorporados a sus informes
El diario El País ha iniciado una nueva ronda de peticiones de información a congregaciones e instituciones religiosas sobre abusos sexuales en la Iglesia, reclamando datos actualizados sobre investigaciones canónicas, víctimas, agresores y compensaciones económicas abonadas.
En el correo remitido el pasado 29 de abril, el equipo de investigación del periódico sostiene que el informe Para dar luz, impulsado por la Conferencia Episcopal Española, contenía “numerosos errores e inexactitudes”, motivo por el que vuelve a dirigirse directamente a entidades eclesiales para solicitar información adicional.
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Sin embargo, la nueva ofensiva informativa del periódico llega marcada por la controversia generada tras descubrirse que al menos uno de los testimonios difundidos por el propio diario era completamente falso, pese a haber sido incorporado a sus investigaciones y posteriormente trasladado también al informe del Defensor del Pueblo.
El conocido como caso del “bollycao” fue destapado en noviembre de 2023 por el diario ABC, que publicó que un grupo de católicos había elaborado deliberadamente un falso relato de abusos con el objetivo de comprobar los mecanismos de verificación utilizados tanto por El País como por la investigación dirigida por Ángel Gabilondo.
Según la documentación difundida entonces, el supuesto testimonio habría sido aceptado únicamente mediante intercambios de correos electrónicos, sin entrevistas personales, llamadas telefónicas ni comprobaciones externas independientes.
El relato terminó incorporado al tercer informe elaborado por El País sobre abusos en la Iglesia y remitido posteriormente tanto a la Conferencia Episcopal Española como al Defensor del Pueblo. Más tarde, el caso apareció también recogido en el informe oficial presentado por Ángel Gabilondo como “testimonio 359”.
¿Nos ayudas? ¿un café?La situación provocó fuertes críticas contra la metodología empleada en estas investigaciones, especialmente porque el informe del Defensor del Pueblo se nutrió parcialmente de documentación y testimonios recopilados previamente por el propio periódico.
Diversos sectores denunciaron entonces que, si un caso completamente inventado logró superar todos los filtros y acabar incorporado a informes oficiales, quedaba seriamente dañada la credibilidad del conjunto del procedimiento de recopilación y validación de testimonios.
El denominado Colectivo Sergio Gámez, impulsor de la falsa denuncia, defendió públicamente que su intención era evidenciar “los malos procedimientos en la investigación” y cuestionó la falta de rigor en determinadas publicaciones sobre abusos.
La polémica adquirió además una especial sensibilidad por afectar a un asunto extremadamente delicado como los abusos sexuales reales sufridos por menores, ya que distintos analistas y medios advirtieron de que mezclar testimonios verdaderos con denuncias falsas no solo perjudica la credibilidad de las investigaciones, sino que también puede terminar dañando a las auténticas víctimas.
En ese sentido, algunas de las críticas dirigidas contra El País sostienen que resulta contradictorio acusar a otros informes de contener “errores e inexactitudes” cuando el propio periódico participó activamente en la difusión y validación de un caso inventado que terminó incorporado incluso a un informe institucional del Estado.
Fuentes de toda confianza consultadas por este periódico aseguran además que diversas instituciones religiosas no tienen intención alguna de responder al nuevo requerimiento enviado por El País. Según explican estas fuentes, consideran que el diario “ha perdido toda legitimidad” para liderar informaciones de esta naturaleza después de haberse demostrado públicamente graves fallos de contraste y verificación en algunos de los testimonios difundidos.
Las mismas fuentes sostienen asimismo que detrás de la línea editorial del periódico existiría una actitud “abiertamente hostil” hacia la Iglesia Católica y denuncian que el tratamiento informativo realizado durante estos años respondería más a una posición ideológica que a una verdadera voluntad de esclarecer los hechos y ayudar a las víctimas.
Pese a ello, el diario ha decidido reactivar ahora su investigación y ha concedido a las instituciones religiosas un plazo de tres semanas para responder a las nuevas preguntas remitidas por correo electrónico.
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