
La escena era de foto oficial, de pasillo enmoquetado, de sonrisas medidas y firmas solemnes para consumo público.
El pasado 8 de enero, Bolaños, Argüello y el otro señor cuyo nombre ahora mismo no recuerdo pero que no voy a emplear tiempo en averiguarlo firmaron un convenio sobre reparación de víctimas.
Estábamos ante un papel mojado, reconocido tanto por el propio Ministerio de Justicia como por el Defensor del Pueblo, pero que le dio a pequeño Félix, hoy ministro de Sánchez, la oportunidad de un micrófono y la medallita de haber doblado el brazo a los obispos, al menos de cara a la opinión pública. ¡Qué guantada con la mano abierta tienen los del solideo!
Nadie reparó entonces en que estábamos ante un acto de pornografía emitido en horario infantil. Seguramente, una sociedad tan hipersexualizada como la nuestra ya no sabe diferenciar lo natural de lo obsceno, llegando a aceptar sin cuestionarla cualquier expresión impúdica de degradación. Me explico.
El Defensor del Pueblo es una institución que hunde sus raíces en la propia Constitución (artículo 54), cuya función es precisamente la de supervisar a la Administración, no a particulares o empresas, sobre derechos y libertades, como puede ser el derecho a la no discriminación del artículo 14. No, no es sarcasmo.
Existe una ley orgánica que desarrolla sus funciones y dice lo siguiente en su artículo 6.1: «El Defensor del Pueblo no estará sujeto a mandato imperativo alguno. No recibirá instrucciones de ninguna autoridad. Desempeñará sus funciones con autonomía y según su criterio». Sobran los comentarios.
Gabilondo ha demostrado ser un títere, un Tezanos, una herramienta del sanchismo colonizador de instituciones democráticas, un peón más de su manual de resistencia para perpetuarse agónicamente en el poder, ignorando entretanto que su tiempo como Defensor del Pueblo expira el próximo mes de noviembre. Mucho cuidadito, Angelito, que a partir de entonces ya no tendrás la inmunidad del cargo y puede ser que te lleves una formidable querella. Te recuerdo que el delito de prevaricación prescribe a los diez años.
La respuesta ya la tenemos; ahora solo falta la pregunta: ¿el Defensor del Pueblo de quién depende? ¿Eh? ¿De quién depende? Pues eso.
Esa noble institución, antaño reputada, ha sido mancillada en vivo y en directo, con luces, taquígrafos y periodistas haciendo preguntas vacías sin reparar en que estábamos ante un acto de prostitución institucional como no se recuerda otro.
Si la Conferencia Episcopal firma ese convenio con un Defensor del Pueblo sumiso y obediente a los deseos del sanchismo, y bordeando con ello el Código Penal, Luis Argüello debería plantearse muy seriamente presentar su dimisión como presidente de la CEE. Nadie, y menos un intelectual de primer nivel, debe vender su ciencia por obediencia. Si Pietro Parolin quisiera un convenio a toda costa, siempre se le puede dar poderes notariales y que sea él quien venga a poner su rúbrica. Bolaños estaría encantado con esa foto y el pueblo fiel sería perfectamente conocedor de quién es el responsable penúltimo de la fechoría. Yo le pago el avión de ida y vuelta desde Roma. Y en clase business, si lo desea.
