El Congreso de Colombia iniciará los debates sobre un proyecto de ley que busca prohibir la gestación subrogada, tipificándola como delito con penas de hasta dieciséis años de prisión, extendiendo las sanciones a colombianos que recurran a la práctica en el extranjero.

El boletín de hoy
Jueves, 12 de noviembre
El Congreso de Colombia iniciará en los próximos días el primero de los cuatro debates preceptivos sobre el proyecto de ley que busca prohibir la gestación subrogada en el país, según anunció su autor, el representante a la Cámara Luis Miguel López Aristizábal, del Partido Conservador. La iniciativa, presentada a mediados de agosto, responde a los reiterados llamamientos de la Corte Constitucional —plasmados en cuatro resoluciones distintas— para que el legislativo regule una práctica que, en ausencia de marco legal, está siendo aprovechada por clínicas privadas con consecuencias directas sobre los derechos de las mujeres que llevan los embarazos y de los menores nacidos mediante este procedimiento.
López Aristizábal ha denunciado públicamente la presión ejercida por el sector clínico para frenar la norma. "El lobby de las clínicas ha sido una cosa increíble", afirmó en sus redes sociales, aunque confió en que la mayoría de los colombianos respalda la prohibición y expresó su deseo de que la votación en el Congreso sea unánime, dado el apoyo con que cuenta entre distintas bancadas parlamentarias.
El legislador ha defendido la urgencia de la medida con un argumento de fondo: "Necesitamos que esto se prohíba rápidamente para proteger a nuestros niños y a las mujeres, porque ¿cuánto vale un bebé? Por supuesto que no tiene precio, porque un niño no es un producto y una mujer no se alquila".
En cuanto a su contenido, el proyecto crea el tipo penal de "explotación reproductiva mediante maternidad subrogada", aplicable tanto a la modalidad gratuita como a la comercial. Las penas previstas oscilan entre 120 y 192 meses de prisión —equivalentes a entre diez y dieciséis años— y multas de entre 500 y 1.500 veces el salario mínimo. La norma contempla además circunstancias agravantes cuando la mujer gestante se encuentre en situación de vulnerabilidad.
Un aspecto destacado del texto es su alcance extraterritorial: las sanciones se extienden a los ciudadanos colombianos que hayan participado total o parcialmente en un proceso de gestación subrogada fuera del territorio nacional. De este modo, haber llevado a cabo esta práctica en el extranjero no eximiría de responsabilidad penal a quienes tengan nacionalidad colombiana.
El proyecto distingue expresamente entre la mujer gestante y quienes promueven, intermedian, financian u organizan la práctica. Según la oficina del representante, la iniciativa "no criminaliza a la mujer gestante: la protege y dirige las sanciones contra quienes promueven, intermedian, financian u organizan esta práctica". Además, la norma blindaría a la gestante frente a cualquier reclamación de devolución de los pagos que hubiera recibido.
En el plano civil, el texto establece que, a todos los efectos legales, la madre de los menores gestados o nacidos en Colombia es la mujer que los lleva en su vientre y los alumbra. Esta disposición cierra la puerta a reconocimientos de filiación basados en otros criterios cuando median procesos de gestación subrogada.
Estas preguntas han sido generadas por inteligencia artificial para favorecer el diálogo y la reflexión.
¿Crees que la prohibición de la gestación subrogada con penas de cárcel es la mejor forma de proteger a las mujeres y los menores en Colombia, o consideras que debería regularse de otra manera?
¿Qué te parece que se sancione a los colombianos que recurran a la gestación subrogada en el extranjero, incluso cuando sea legal en otros países?
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