Comienza el juicio del caso Fundaciones tras seis años de investigación judicial

El caso Fundaciones inicia su juicio tras una larga instrucción judicial

El juicio por el caso Fundaciones, uno de los mayores escándalos inmobiliarios que ha afectado a la Iglesia en España, ha comenzado tras seis años de instrucción. La magistrada Ana María Gallegos Atienza, del juzgado de instrucción número 28 de Madrid, ha dictado la apertura del juicio oral, designando a la Audiencia Provincial como el órgano competente para llevar a cabo el proceso.

Este caso investiga una supuesta trama que habría perjudicado el patrimonio inmobiliario de diversas fundaciones vinculadas a la Iglesia católica. Según las acusaciones, varios laicos que trabajaban para el Arzobispado de Madrid habrían tomado el control de los patronatos de estas entidades benéficas, otorgando al bufete Chávarri los poderes necesarios para llevar a cabo la venta de inmuebles. En este proceso, los acusados habrían vendido propiedades a precios muy por debajo de su valor real y adquirido otras a precios inflados, beneficiando a terceros como los fondos Ares y Castlelake, así como a la Universidad de Nebrija y Metrovacesa, quienes habrían pagado comisiones millonarias.

Las fundaciones afectadas incluyen a Fusara, que posee una cartera de 14 edificios de alquiler en el centro de Madrid; Molina Padilla, con dos edificios en el barrio de Salamanca; y FSVSC, que tiene terrenos adyacentes a la Castellana, donde se ubica la parroquia de San Jorge y una residencia de ancianos. La investigación canónica, iniciada tras las denuncias de feligreses, reveló que la trama podría haber afectado a más fundaciones, como El Buen Samaritano y San Justo, entre otras.

En el banquillo de los acusados se encuentran los hermanos Antonio y Raúl Chávarri, así como David López Royo, Manuel Fernández-Clemente, Antonio Naranjo y Julio Lage, todos ellos vinculados al Arzobispado en el momento de los hechos. Se les imputa la posible comisión de delitos de administración desleal, corrupción entre particulares y falsedad en documento mercantil. La magistrada ha establecido un plazo de cinco días para que estos acusados presenten una fianza de 8,7 millones de euros, destinada a garantizar las responsabilidades económicas que pudieran derivarse del juicio.

Además, la jueza ha decidido abrir juicio oral contra varias sociedades relacionadas con los acusados, así como contra otros actores del proceso, imponiendo fianzas que suman un total de 10,4 millones de euros. Este caso pone de manifiesto la complejidad y las implicaciones legales que rodean a las fundaciones vinculadas a la Iglesia, así como la necesidad de transparencia en la gestión de sus patrimonios.

¿Nos ayudas? ¿un café?