La Diócesis de Alexandria se declara en bancarrota por casos de abuso sexual clerical en Luisiana
La Diócesis de Alexandria, en Luisiana, ha solicitado la protección por bancarrota para afrontar numerosas acusaciones de abuso sexual por parte de clérigos.
La Diócesis de Alexandria, situada en el interior rural de Luisiana, ha iniciado un proceso de bancarrota en un tribunal federal con el objetivo de resolver decenas de denuncias de abuso sexual infantil cometidas por sacerdotes que ejercieron en la región. La solicitud, presentada el 31 de octubre, sigue a la reciente aprobación de un acuerdo de bancarrota por 230 millones de dólares por parte de la Arquidiócesis de Nueva Orleans, respaldado por el 99,63% de las víctimas y otros acreedores.
El Obispo Robert W. Marshall, Jr., quien lidera la diócesis desde 2020, expresó su pesar a los feligreses y a las víctimas mediante una carta en la que afirmó: "Nos encontramos en este momento por una razón: algunos sacerdotes abusaron sexualmente de menores". La diócesis ha identificado a más de 30 antiguos sacerdotes y diáconos acusados creíblemente de abuso sexual en décadas pasadas. Hasta ahora, 85 personas han presentado denuncias, y se espera que este número aumente conforme avance el proceso.
Ayúdanos a mantener vivo este proyecto: DONAEn 2024, Luisiana extendió una medida que permite a las víctimas presentar demandas por abuso sexual hasta el 14 de junio de 2027, eliminando el límite temporal previamente establecido para estos casos. La petición incluye 37 demandas por abuso sexual. Según la legislación federal, las reclamaciones existentes y futuras contra la diócesis se gestionarán a través del procedimiento concursal, permitiendo que la diócesis continúe operando sus iglesias, escuelas y servicios sociales mientras negocia compensaciones para las víctimas.
El abogado Julien Lamothe, representante legal de dos demandantes contra la diócesis, confirmó negociaciones previas a la bancarrota para resolver el caso con mayor celeridad. "Los sobrevivientes han estado esperando mucho tiempo por algún tipo de cierre, y es del interés de todos que esto se resuelva cuanto antes", declaró Lamothe.
La diócesis, que cuenta con 36.000 católicos en su jurisdicción, ha mantenido desde 2019 una lista pública de sacerdotes sospechosos; muchos fueron removidos del ministerio y algunos reducidos al estado laical. Las acusaciones contra el clero datan desde 1945 hasta los años 2000. En un caso destacado, un sacerdote conocido como Fr. Leo Van Hoorn fue acusado en los años sesenta pero fue trasladado entre parroquias sin ser denunciado a las autoridades.
El obispo Marshall subrayó que la bancarrota "solo se aplica a la diócesis misma", ya que las iglesias parroquiales y otras instalaciones están incorporadas separadamente bajo la ley estatal y no se ven afectadas por esta solicitud. Más de 40 diócesis y arquidiócesis católicas en Estados Unidos han iniciado o completado procesos similares debido a acusaciones similares, con acuerdos que ascienden a miles de millones.
El objetivo del proceso bajo el Capítulo 11 es doble: "Primero, asegurar que hagamos todo lo posible para compensar justamente a aquellos que han sido dañados y tienen reclamaciones no resueltas; segundo, permitir que las funciones esenciales continúen para satisfacer las necesidades básicas de nuestras parroquias y feligreses", explicó el obispo Marshall en un comunicado.
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