La Diócesis de Alexandria se declara en bancarrota por decenas de casos de abuso sexual clerical en Luisiana
La Diócesis de Alexandria, en Luisiana, ha solicitado la protección por bancarrota para afrontar numerosas acusaciones de abuso sexual por parte de clérigos.
La Diócesis de Alexandria, ubicada en el interior rural de Luisiana, ha iniciado un proceso de bancarrota en un tribunal federal con el fin de resolver decenas de denuncias de abuso sexual infantil cometidas por sacerdotes que ejercieron en la región. La solicitud, presentada el 31 de octubre, sigue a la reciente aprobación de un acuerdo de bancarrota de 230 millones de dólares por parte de la Arquidiócesis de Nueva Orleans, respaldado por el 99,63% de las víctimas de abuso y otros acreedores.
El Obispo Robert W. Marshall, Jr., quien dirige la diócesis desde 2020, expresó en una carta su pesar a los feligreses y a las víctimas de abuso, afirmando que "nos encontramos en este momento por una razón: algunos sacerdotes abusaron sexualmente de menores". La diócesis ha identificado a más de 30 antiguos sacerdotes y diáconos acusados de manera creíble de abuso sexual en décadas pasadas. Hasta ahora, 85 personas han presentado denuncias, y se espera que este número aumente a medida que avance el proceso de bancarrota.
Ayúdanos a mantener vivo este proyecto: DONAEn 2024, Luisiana extendió una medida de "retroactividad" que permite a las víctimas presentar demandas por abuso sexual hasta el 14 de junio de 2027, eliminando el límite de tiempo previamente establecido para tales casos. La petición de bancarrota de la diócesis incluye 37 demandas por abuso sexual. Según la legislación federal, las reclamaciones existentes y futuras contra la diócesis se canalizarán a través de los procedimientos de bancarrota, permitiendo que la diócesis continúe operando sus iglesias, escuelas y servicios sociales mientras negocia las compensaciones para las víctimas.
El abogado Julien Lamothe, representante de dos demandantes contra la diócesis, confirmó la existencia de negociaciones previas a la bancarrota para resolver el caso de manera más expedita. "Los sobrevivientes han estado esperando mucho tiempo por algún tipo de cierre, y es del interés de todos que esto se resuelva cuanto antes", declaró Lamothe.
La diócesis, que cuenta con 36,000 católicos en su jurisdicción, ha mantenido desde 2019 una lista de sacerdotes sospechosos, muchos de los cuales fueron removidos del ministerio y, en algunos casos, reducidos al estado laical. Las acusaciones contra el clero datan desde 1945 hasta los años 2000. En un caso destacado, un sacerdote conocido como Fr. Leo Van Hoorn fue acusado de abuso en los años 60, pero fue trasladado de parroquia en parroquia en lugar de ser denunciado a las autoridades.
El obispo Marshall subrayó que la bancarrota "solo se aplica a la diócesis misma", ya que las iglesias parroquiales y otras instalaciones están incorporadas por separado bajo la ley estatal y no se ven afectadas por esta solicitud. Más de 40 de las 194 diócesis y arquidiócesis católicas de Estados Unidos han iniciado o completado procesos de bancarrota debido a acusaciones de abuso, con acuerdos que ascienden a miles de millones de dólares.
El objetivo de la reorganización bajo el Capítulo 11 es doble: "Primero, asegurar que hagamos todo lo posible, de la manera más justa posible, para compensar a aquellos que han sido dañados y que tienen reclamaciones no resueltas, asegurando que todos sean tratados equitativamente. Segundo, permitir que las funciones esenciales de la diócesis continúen para satisfacer las necesidades básicas de nuestras parroquias y feligreses, sostener otros ministerios críticos y, en última instancia, permitirnos avanzar sobre una base financiera estable", explicó el obispo en un comunicado.
