El Opus Dei niega el encubrimiento y detalla su actuación en los casos atribuidos a un sacerdote
La Prelatura del Opus Dei ha difundido un comunicado oficial en el que responde al reportaje del diario El País sobre las acusaciones de abusos atribuidas al sacerdote Jacinto Lázaro Laguardia, niega que haya existido encubrimiento institucional, pide perdón a las personas afectadas, expresa su «profundo pesar» por el sufrimiento causado y anuncia que estudiará los nuevos datos aparecidos en la investigación periodística, subrayando que su actuación se ha desarrollado conforme a la información disponible en cada momento y en diálogo con las autoridades competentes de la Iglesia.
El reportaje del diario El País sostiene que el sacerdote Jacinto Lázaro Laguardia habría cometido agresiones sexuales a menores durante décadas y que, en lugar de apartarlo, el Opus Dei lo fue trasladando de un destino a otro durante unos veinticinco años, presentando su trayectoria como un ejemplo de presunta protección institucional de abusadores y de una cultura de ocultación en el ámbito eclesial.
En su nota, la Prelatura del Opus Dei explica que el artículo contiene información que hasta ahora no constaba en sus archivos internos. Según el comunicado, en la documentación de la que disponían solo figuraba una acusación formulada en 1998 y no había noticia de denuncias anteriores, por lo que la institución subraya que su actuación pasada se basó estrictamente en los hechos que conocía en cada etapa.
Ayúdanos a mantener vivo este proyecto: DONAEl comunicado dedica un apartado específico al caso de Pamplona de 1998, que ya había sido objeto de una investigación interna. La Prelatura indica que entonces las autoridades tuvieron conocimiento de una acusación de abuso a un menor y abrieron un procedimiento conforme a las normas canónicas vigentes, de modo que, a partir de enero de 1999, se prohibió al sacerdote ejercer actividad ministerial con jóvenes, respetando además la petición de la familia de mantener la reserva del caso y poniéndose a su disposición.
El texto aborda también las acusaciones relativas a San Sebastián en los años ochenta, a las que El País concede un peso considerable en su relato. El Opus Dei afirma que solo tuvo noticia de esos hechos en mayo de 2024, precisamente a raíz de una información publicada por el propio diario, y que, entre junio y noviembre de ese año, llevó a cabo una investigación interna que consideró verosímiles las acusaciones, pero concluyó que las autoridades de la época no habían tenido constancia de ellas.
Según el comunicado de la Prelatura del Opus Dei, del análisis de la documentación y de los testimonios se desprende que ni el sacerdote dejó sus encargos ni fue trasladado en aquel momento por motivo de esas denuncias, sencillamente porque no se conocían entonces los hechos que ahora se describen. La institución insiste en que las decisiones que se tomaron en aquellas décadas respondían a los datos que se tenían en cada circunstancia concreta.
La nota precisa además que la persona que acusa al sacerdote por los hechos de San Sebastián ha preferido, en el estado actual de la situación, no presentar su testimonio para la apertura de un proceso canónico. En consecuencia, por el momento no ha sido posible avanzar hacia una causa formal en la vía eclesiástica, aunque la posibilidad permanece abierta si la presunta víctima decidiera en el futuro ofrecer su declaración de manera oficial.
Junto a estos elementos, la Prelatura del Opus Dei informa de un tercer caso referido a una mujer adulta, que también afecta al mismo sacerdote. En este ámbito, el comunicado señala que el presbítero se encuentra actualmente sancionado y con la prohibición de ejercer el ministerio sacerdotal, salvo en su propio domicilio, lo que en la práctica implica su apartamiento de la vida pastoral pública y la imposibilidad de desarrollar actividades ministeriales ordinarias.
Otro de los puntos que el comunicado pone de relieve es la relación mantenida con los organismos competentes de la Santa Sede. La Prelatura afirma que ha ido informando «oportunamente» a los Dicasterios de todas las investigaciones y medidas adoptadas en este caso y que continuará haciéndolo conforme se den nuevos pasos, insistiendo en que su actuación no se ha desarrollado al margen de la Iglesia universal, sino en comunicación con las autoridades vaticanas.
En un pasaje especialmente firme, el texto oficial del Opus Dei afirma que «se niega que haya habido cualquier tipo de encubrimiento», tal y como podría deducirse de las informaciones publicadas por El País, y recuerda que esta afirmación se realiza «a pesar de las aclaraciones que ya se dieron» previamente. La institución considera que el relato del diario, al encadenar cronológicamente destinos, acusaciones y traslados, sugiere una intención de protección sistemática que la Prelatura rechaza de plano a la luz de sus actas y de las decisiones adoptadas a lo largo del tiempo.
El comunicado se cierra recordando que la Prelatura del Opus Dei en España dispone de una oficina de protección de menores, configurada con criterios de formación y prevención orientados a crear entornos seguros, y que está abierta a recibir cualquier información relevante sobre posibles casos de abusos. La nota invita expresamente a toda persona que necesite ser atendida a ponerse en contacto con dicha oficina, subrayando así la voluntad de escuchar y acompañar a quienes lo requieran.
Según la valoración recogida en el texto, mientras el Opus Dei pone el acento en el pedido de perdón, la investigación interna, la colaboración con la Santa Sede y la existencia de mecanismos preventivos, El País mantiene una lectura muy crítica, en la que los cambios de destino del sacerdote se interpretan como parte de una dinámica de ocultación. Para muchos observadores, ese enfoque se inserta en una línea editorial habitualmente muy agresiva con la Iglesia, de modo que la controversia se desplaza también al terreno de cómo se narran hoy esos hechos y de hasta qué punto pesa más la voluntad de esclarecer la verdad completa o la de alimentar un relato global de sospecha sobre las instituciones eclesiales.
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