El TSJ de Madrid confirma 11 años de cárcel a un sacerdote

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ratificó la pena de once años de prisión dictada contra el sacerdote Wooby Oreste J. O., natural de Puerto Príncipe (Haití), que ejercía como párroco en San Pedro Regalado y San José de Calasanz, en el barrio madrileño de Puente de Vallecas desde 2018, por un delito continuado de agresión sexual contra una feligresa. Los hechos ocurrieron en 2022 y el juicio oral se celebró a principios de 2026.

La resolución mantiene también diez años de libertad vigilada, una prohibición de acercamiento a la víctima y una indemnización de 40.000 euros a su favor. La defensa ha anunciado recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por lo que la pena no se ha ejecutado todavía.

Dependencia total y abuso en contexto parroquial

Los hechos declarados probados por el tribunal dibujan una situación de total desamparo: la víctima era una mujer recién llegada de Colombia, sin red familiar, sin contactos y sin trabajo. Cuando acudió a la parroquia en busca de ayuda, el sacerdote le ofreció alojamiento dentro del propio recinto a cambio de que se encargara de su limpieza. Tras una serie de insinuaciones previas, accedió a la vivienda con llaves propias y la violó en varias ocasiones, sirviéndose de violencia física y amenazas para imponer su voluntad.

Entre las intimidaciones que recoge la sentencia figura la frase que el sacerdote dirigió a la víctima: "No puedes contarlo, es un escándalo, te pego un tiro y después me lo pego yo". La mujer acabó presentando denuncia ante la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional. La resolución señala que, tras los hechos, vivió en condiciones precarias.

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La defensa intentó desacreditar la acusación alegando ausencia de pruebas sólidas y atribuyendo la denuncia a un supuesto complot de voluntarias de Cáritas. Los magistrados rechazaron esa tesis y otorgaron plena credibilidad al testimonio de la víctima, respaldado por las declaraciones de varias voluntarias de esa organización y de otras feligresas. La sentencia exoneró al sacerdote de otros acercamientos a mujeres registrados en 2020 y 2021, aunque los valora como indicios de un patrón de conducta reiterado.

El Arzobispado de Madrid lo apartó de la parroquia en 2024, cuando el proceso judicial ya estaba en marcha. En marzo de 2026, según un vídeo difundido en Facebook, participó en la presentación de una fundación orientada a la integración de jóvenes haitianos.

Gestación subrogada forzada mediante violencia sexual

Un caso de naturaleza distinta pero igualmente grave ocupa también a la justicia española. La fiscalía ha acusado a una pareja de Pozoblanco de más de setenta años de prisión para cada uno por presuntos delitos de agresión sexual, detención ilegal y malos tratos contra una mujer peruana a la que captaron por internet. Según informó la Cadena SER, la pareja ofreció a la joven, descrita como vulnerable, 20.000 euros a cambio de gestar a su hijo.

La víctima manifestó su preferencia por la inseminación artificial, pero la pareja alegó que resultaba demasiado costosa y le exigió mantener relaciones sexuales con el hombre. Aunque en un primer momento accedió, fue después obligada a continuar mediante violencia e intimidación. La fiscalía sostiene que padeció detención ilegal, agresiones sexuales, malos tratos y amenazas. El caso apunta también a la explotación sexual y la trata de personas, delitos que van más allá de la gestación subrogada, práctica prohibida en España.

Los cargos incluyen cinco delitos de agresión sexual, por los que se solicitan trece años de prisión por cada uno; un delito de detención ilegal, con una petición de cinco años; y un delito de malos tratos y amenazas, por el que se reclaman otros 1,4 años. La acusación pide además quince años de libertad vigilada para ambos acusados y una prohibición de diez años para ejercer cualquier profesión con contacto con menores una vez cumplida la condena.

El testimonio de activistas contra la gestación subrogada

La activista Olivia Maurel, nacida ella misma mediante gestación subrogada y conocida por su oposición a esta práctica, difundió el caso en redes sociales. "Ella aceptó la subrogación mediante inseminación artificial", escribió. "Pero la inseminación artificial era demasiado cara para la pareja. Así que, según los fiscales, exigieron sexo en su lugar. Lo que siguió fue, presuntamente, una pesadilla de violación, explotación sexual, violencia, amenazas y cautiverio. Los fiscales piden ahora más de setenta años de prisión para cada acusado".

Maurel cerró su publicación con una frase que condensa la gravedad del asunto: "Esto es la subrogación".

Patrón de vulnerabilidad compartido

Ambos casos comparten un mismo esquema: mujeres migrantes en situación de extrema vulnerabilidad, sin redes de apoyo en el país, enfrentadas a promesas incumplidas o falsas esperanzas. En el primero, la asistencia religiosa y el alojamiento se convirtieron en instrumento de coerción sexual. En el segundo, la oferta económica derivó en explotación cuando las condiciones cambiaron unilateralmente. En los dos, la intimidación y la amenaza silenciaron a las víctimas durante tiempo. Ambos llegan ahora a los tribunales españoles tras denuncias que rompieron esa cadena de silencio.