La letrada, imputada por presunto soborno a Carmen Pano, alega razones profesionales amparadas en el secreto para justificar su retirada del caso.

El boletín de hoy
Jueves, 12 de noviembre
Leticia de la Hoz, abogada de la asociación Infancia Robada y representante legal de la familia del menor que denunció abusos en el colegio Gaztelueta del Opus Dei, ha comunicado formalmente a la Audiencia Nacional su renuncia a continuar ejerciendo la defensa de Koldo García Izaguirre, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, quien fue condenado a 19 años y medio de cárcel por múltiples delitos de corrupción en el denominado «caso mascarillas». Según fuentes próximas a la letrada, la decisión responde a su voluntad de dedicarse a su propia defensa en una causa en la que ella misma figura como imputada.
En el escrito remitido al tribunal, De la Hoz no expone los motivos concretos de su retirada y se acoge expresamente al secreto profesional: «por razones profesionales, cuyo contenido queda amparado por el secreto profesional, renuncio a continuar ejerciendo la defensa de Koldo García Izaguirre en esta causa». La letrada solicita además que se requiera personalmente a García para que designe un nuevo abogado, «con el fin de no causar indefensión al investigado», invocando para ello los derechos reconocidos en el artículo 24.2 de la Constitución y en el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Mientras García no nombre a otro letrado o se le asigne uno de oficio, De la Hoz se compromete a atender los trámites que no admitan demora.
La decisión se produce en un momento de especial tensión mediática, después de que varios medios difundieran unos audios en los que el exasesor denunciaba que el Partido Popular le habría ofrecido un millón de euros a cambio de testificar contra Pedro Sánchez y miembros del Gobierno. El PP niega categóricamente esa versión. Las fuentes cercanas a la abogada subrayan que su retirada es ajena a ese revuelo y obedece exclusivamente a la necesidad de concentrar sus esfuerzos en su propia situación procesal.
La propia De la Hoz está imputada en la causa conocida como las cloacas del PSOE, que instruye el juez Santiago Pedraz, por el presunto intento de soborno a la empresaria Carmen Pano. Esta última declaró ante el juez que fue ella quien llevó bolsas con dinero en metálico hasta la sede del partido en la calle Ferraz. La abogada niega haber participado en ningún soborno, atribuye la acusación a una venganza y rechaza haber percibido pagos del PSOE.
De la Hoz asumió la defensa de García en junio de 2025, después de que el exasesor rompiera su relación con el letrado Ismael Oliver. Desde ese momento, la representó en el juicio del caso mascarillas celebrado ante el Tribunal Supremo, en la causa que tramita la Audiencia Nacional por presuntos amaños en obras públicas y en el procedimiento relativo a la supuesta financiación irregular del Partido Socialista. Ha trascendido que Okdiario sufragó sus honorarios durante la fase del juicio en el Supremo, por los que percibió 242.000 euros.
La trayectoria de De la Hoz está ligada a la asociación Infancia Robada, donde ha llevado casos de abusos y acoso escolar. La Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR) la preside Juan Cuatrecasas, padre del joven de Gaztelueta, fundador de la entidad y exdiputado del PSOE. En ese caso, la letrada actuó en nombre de la familia frente a un docente numerario del centro educativo, ubicado en Leioa, Bizkaia. La Audiencia Provincial de Bizkaia impuso al profesor una condena de 11 años de prisión, que el Tribunal Supremo redujo posteriormente a 2 años al no estimar acreditadas las conductas más graves, bajo el criterio —que la familia lamentó— de que la denuncia tendría que haber sido más explícita desde sus inicios. Ante aquella rebaja, De la Hoz declaró: «Lo cuentan cuando pueden, no cuando quieren».
El caso también llegó a la Santa Sede. En 2015, el colegio anunció que el Vaticano había cerrado el expediente por insuficiencia de pruebas. De la Hoz manifestó entonces su asombro ante el archivo decretado por el papa Francisco, argumentando que la Congregación para la Doctrina de la Fe no había llevado a cabo «ninguna investigación».
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