El Vaticano cede terreno con el aborto en Andorra

Tras siete años de negociaciones discretas, Andorra presenta reforma que elimina responsabilidad penal de las mujeres que abortan fuera del país.

Andorra anuncia que en septiembre culminará una ley de mínimos para la despenalización del aborto, tras siete años de negociación con el Vaticano. El Gobierno ha confirmado que llevará una propuesta de reforma del Código Penal al Consell General en septiembre, tras la reunión del 29 de julio entre el jefe de Gobierno, Xavier Espot, y el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano.

El proceso que ha culminado en la negociación actual arrancó de forma discreta en 2019, cuando el Gobierno encargó un estudio sobre la viabilidad de modificar la legislación penal sin poner en riesgo el equilibrio constitucional del país. Andorra es, junto con Malta y el Vaticano, uno de los pocos territorios europeos donde el aborto está completamente prohibido, sin excepciones ni siquiera en casos de violación o de inviabilidad del feto.

La singularidad del Coprincipado

La razón de la complejidad de esta reforma es única en el continente: uno de los dos jefes de Estado del Principado es, por definición, el obispo de Urgell. Cualquier ley que toque el aborto no solo necesita mayoría parlamentaria; necesita también, en la práctica, no hacer estallar el singularísimo sistema del Coprincipado, que reparte la jefatura del Estado entre el presidente de la República Francesa y el obispo de Urgell.

La era Francisco y el cambio de diálogo

Con Xavier Espot como jefe de Gobierno desde 2019, el Ejecutivo aceleró contactos discretos con la Santa Sede. Según se ha podido reconstruir, el papa Francisco trasladó en su etapa final que no se opondría a una reforma limitada orientada a retirar el castigo penal a las mujeres. Ese giro de tono —doctrina intacta, pero acompañamiento pastoral más abierto— permitió que el debate dejara de plantearse en términos teológicos y pasara a discutirse como un problema de ingeniería jurídica e institucional.

Parolin, siete años tejiendo el diálogo

El cardenal Pietro Parolin fue tejiendo un canal de comunicación permanente con Espot, con encuentros en Nueva York y sucesivas reuniones en Roma. En septiembre de 2023, Parolin viajó a Andorra y fue explícito sobre la dificultad del asunto: calificó la reforma como una cuestión muy delicada y compleja que requería discreción y prudencia, y advirtió de que cualquier cambio en la consideración penal del aborto planteaba un problema constitucional, al comprometer directamente la figura del copríncipe episcopal.

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La filtración que congeló el proceso

En septiembre de 2025, el ministro Ladislau Baró trasladó a un medio de comunicación que el texto de despenalización estaba listo para entrar en trámite parlamentario en noviembre. Según informa La Veu Lliure, en un reportaje del periodista Joel Picón, esa filtración hizo saltar todas las alarmas dentro de la Santa Sede. El ministro admitió públicamente su error: reconoció haber sido demasiado atrevido al dar por hecho un calendario que Roma no había confirmado, y asumió que aquella declaración precipitada modificó el contexto de la negociación. La consecuencia fue un frenazo que se prolongó durante prácticamente un año.

El cambio de pontificado y el nuevo obispo

El punto de inflexión llegó con el fallecimiento del papa Francisco. La elección de León XIV trajo consigo una sensibilidad distinta dentro del Vaticano: desde el arranque de su pontificado, el nuevo Papa ha situado la defensa de la vida como uno de los ejes centrales de su magisterio, con un tono doctrinal más firme frente al aborto que el de su predecesor.

A comienzos de 2026, el ministro Baró admitió públicamente que el cambio de pontificado había complicado las conversaciones con la Santa Sede y anunció que la propuesta ya no incluiría el reembolso a través de la CASS. El modelo quedó reducido, en esencia, a eliminar la responsabilidad penal de la mujer que abortara fuera de Andorra, sin financiación pública ni cobertura para los profesionales sanitarios.

En paralelo, Josep-Lluís Serrano Pentinat asumió como obispo titular y copríncipe el 31 de mayo de 2025. Su perfil —con más de una década en el servicio diplomático de la Santa Sede— contrasta con el de sus antecesores, y en sus primeras declaraciones públicas sobre el aborto apostó por el diálogo y el apoyo a quienes sufren, especialmente a las mujeres en situaciones difíciles.

Presión desde ambos lados del Coprincipado

Mientras la Santa Sede frenaba el ritmo, el otro copríncipe empujaba en sentido contrario. En su visita oficial a Andorra de abril de 2026, Emmanuel Macron volvió a poner sobre la mesa la despenalización del aborto, esta vez con un tono más decidido, y abordó la cuestión directamente tanto con Serrano Pentinat como con Espot.

El anuncio de septiembre

En la reunión del 29 de julio, Espot y Baró se reunieron de nuevo con Parolin en el Vaticano. Según el comunicado oficial del Gobierno andorrano, ambas partes valoraron positivamente el clima de confianza y discreción en el que se desarrollan los contactos. El resultado inmediato fue el anuncio de que la propuesta de modificación del Código Penal llegará al Consell General en septiembre.

La reforma incluirá la eliminación de la responsabilidad penal de la mujer que interrumpa su embarazo, previsiblemente acudiendo a centros sanitarios fuera de Andorra, pero no incluirá la legalización de la práctica del aborto dentro del territorio andorrano ni cobertura jurídica para los profesionales sanitarios que pudieran practicarlo.

Una paradoja sin precedentes

La paradoja del proceso es que ninguno de los actores implicados admite haber cambiado de posición. El Gobierno andorrano sostiene que nunca ha pretendido legalizar el aborto, sino avanzar en los derechos de las mujeres sin romper el marco institucional. La Santa Sede mantiene intacta su doctrina sobre la defensa de la vida desde la concepción, reforzada públicamente por León XIV desde el inicio de su pontificado.

Y sin embargo, el resultado de siete años de conversaciones apunta a una conclusión: el Vaticano ha aceptado, o al menos no ha bloqueado, que Andorra retire del Código Penal la persecución de las mujeres que abortan, algo que hace apenas un lustro parecía políticamente inviable en un país con un obispo como jefe de Estado.