Massachusetts amplía el aborto y los obispos alzan la voz

Los obispos católicos de Massachusetts reprendieron públicamente el 7 de noviembre de 2026 a la gobernadora Maura Healey por promulgar una ley que elimina toda restricción al aborto durante los nueve meses de gestación y, en particular, por haber justificado esa decisión invocando su condición de católica. La carta episcopal lleva la firma del arzobispo de Boston Richard Henning, el obispo de Worcester Robert McManus, el obispo de Fall River Edgar da Cunha y el obispo de Springfield William Byrne, y rechaza de forma expresa que el aborto pueda considerarse atención sanitaria.

Healey había firmado la ley el 10 de agosto, pero fue el 6 de noviembre cuando le añadió un preámbulo de emergencia que, conforme a la Constitución del estado, la hizo entrar en vigor de manera inmediata. Esa maniobra tuvo además una consecuencia directa: bloqueó la suspensión de la norma mientras se tramitaba un referéndum estatal previsto para noviembre de 2028. En un artículo de más de mil cuatrocientas palabras publicado en la plataforma Substack, la gobernadora explicó su postura citando su fe: "Soy católica y mi fe es una parte importante de quien soy. Ha moldeado mi comprensión del servicio, la responsabilidad y nuestra obligación de cuidar a los demás".

La respuesta de la jerarquía eclesiástica

Los obispos respondieron con una declaración conjunta en la que afirmaron haber leído el artículo de Healey y discrepar "respetuosa y vehementemente" de que el aborto, entendido como la interrupción de una vida humana, pueda catalogarse como cuidado de salud. Rechazaron igualmente que existiera ninguna emergencia que justificase ampliar una legislación que ya calificaron de "radicalmente permisiva". Hasta la entrada en vigor de la nueva norma, la ley de Massachusetts permitía el aborto sin límite hasta el sexto mes de embarazo y, a partir de ese momento, únicamente para preservar la vida o la salud física o mental de la madre, o cuando los médicos determinasen que el feto era incompatible con la vida fuera del útero.

La ley promulgada por Healey suprime esas restricciones: a partir de ahora, el aborto en cualquier momento del embarazo puede practicarlo un médico basándose exclusivamente en su propio criterio profesional. En su declaración, los obispos recordaron que el Papa León XIV había manifestado recientemente ante dirigentes de Uruguay que los bebés en el seno materno "ya pertenecen a la familia humana" y que su dependencia de la madre "no disminuye la dignidad que les corresponde ni la protección que merecen". Los prelados citaron también otra afirmación del Pontífice: "El derecho a la vida es el fundamento indispensable de todos los demás derechos humanos".

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Apoyados en ese respaldo doctrinal, los obispos pidieron a los legisladores que elaboraron y aprobaron el texto, así como a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, que reconsiderasen lo que describieron como una cultura con un "abordaje utilitarista e implacable" hacia los ancianos, los enfermos, los vulnerables y los no nacidos.

La campaña provida y el referéndum de 2028

El movimiento provida había reunido más de cien mil firmas de electores registrados durante el otoño para impugnar la ley, cifra que más que duplica el umbral exigido por la Constitución estatal para frenar la entrada en vigor de una norma, salvo que la gobernadora la promulgue de inmediato con un preámbulo de emergencia. Exactamente lo que hizo Healey. La propia gobernadora reconoció en su artículo que la campaña de recogida de firmas podría continuar y que, si los electores optasen por derogar la ley, respetaría esa decisión, aunque argumentó que las familias no debían quedar sin acceso al servicio mientras el proceso estuviese en marcha.

Myrna Maloney Flynn, presidenta de Massachusetts Citizens for Life, señaló a EWTN News que la Constitución estatal no contempla ningún mecanismo para revocar un preámbulo de emergencia, pero subrayó que los defensores de la vida no cederían. Flynn lamentó los mensajes que, a su juicio, las mujeres ya estaban recibiendo con mayor frecuencia desde la aprobación de la ley, procedentes de lo que describió como una industria que busca lucrarse de su vulnerabilidad, y expresó su confianza en que la verdad acabaría por imponerse. Anunció que la organización afronta una campaña de dos años con el objetivo de derogar en 2028 la ley de la gobernadora Healey.