La Fiscalía de Roma solicita cerrar el procedimiento contra Chaouqui, pero la defensa de Becciu anuncia futuras acciones judiciales basadas en nuevas alegaciones de interferencia.

El boletín de hoy
Jueves, 22 de octubre
La Fiscalía de Roma ha solicitado el archivo del procedimiento contra Francesca Immacolata Chaouqui por presuntas interferencias en las investigaciones vaticanas que condujeron a la condena en primera instancia del cardenal Angelo Becciu y de otros nueve acusados. Sin embargo, la defensa del purpurado ha rechazado que esa decisión cierre el asunto y ha anunciado públicamente que los documentos aportados por los fiscales contienen nuevos elementos que alimentarán futuras acciones ante los tribunales.
Los letrados que representan al cardenal —Massimo Bassi, Gian Domenico Caiazza, Cataldo Intrieri, Luigi Panella, Fabio Viglione y Andrea Zappalà— han emitido una nota conjunta en la que afirman haber conocido, a través de los autos depositados por la Fiscalía, "nuevos y desconcertantes hechos" que serán objeto de ulteriores iniciativas judicales. El equipo legal estudia además la posibilidad de impugnar la petición de archivo, subrayando que esta no obedece a una valoración de inexistencia de los hechos denunciados, sino a obstáculos procedimentales: la ausencia de la querella preceptiva para perseguir el delito de estafa y la falta de jurisdicción penal italiana respecto a otras conductas.
El núcleo más delicado de todo el sumario gira en torno a las declaraciones prestadas ante la Fiscalía de Roma por Genoveffa Ciferri, pensionista con pasado en el Departamento de Información para la Seguridad (DIS). Ciferri es amiga íntima de la familia del prelado Alberto Perlasca, el testigo de cargo principal en el proceso sobre la gestión de los fondos de la Santa Sede.
Según su propio relato, Ciferri tuvo conocimiento a través de la prensa de la denuncia presentada por el cardenal Becciu para esclarecer una presunta colaboración de Chaouqui con los órganos investigadores vaticanos. Los hechos denunciados se remontan al año 2020, cuando estaban en marcha las pesquisas que desembocarían en el macroproceso financiero.
El pasaje más revelador describe cómo Chaouqui utilizó a Ciferri como intermediaria para extraer información a monseñor Perlasca. Ciferri reconoció que nunca desveló al prelado quién estaba realmente detrás de aquellas conversaciones, porque sabía que Perlasca jamás habría aceptado un contacto semejante dada la reputación de Chaouqui en el interior del Vaticano. Para mantener el engaño, fue la propia Chaouqui quien le sugirió que atribuyera las preguntas a una fuente ficticia: un viejo magistrado jubilado que colaboraba con los investigadores vaticanos.
Con el tiempo y con los chats de su teléfono como respaldo, Ciferri ha reconocido haber sido manipulada, explicando que Chaouqui "me hacía preguntas que yo trasladaba a Perlasca y él respondía". Solo tras su testimonio en el tribunal informó al monseñor del papel que Chaouqui había desempeñado en aquellos intercambios.
La trama adquiere una dimensión económica igualmente delicada. Ciferri declaró haber entregado a Chaouqui alrededor de quince mil euros en efectivo, extraídos de sus propios ahorros, a través de la intermediación de su amigo Paolo Lancia, que en aquel momento ejercía como alcalde. El dinero fue llevado al despacho romano de Chaouqui junto con varios regalos navideños: un camafeo, una pulsera y un collar. Ciferri no pudo precisar si la entrega tuvo lugar en diciembre de 2020 o en 2021, aunque recordó que coincidió con un registro de la Guardia de Finanzas en las oficinas de Chaouqui. En cuanto al motivo del desembolso, explicó que se trató de un préstamo solicitado por la propia Chaouqui, cuya devolución nunca llegó a reclamar.
A este cuadro se añade el episodio de la cena celebrada en el restaurante romano Lo Scarpone, uno de los puntos que ya había aflorado durante el juicio vaticano. Según Ciferri, fue Chaouqui quien organizó aquel encuentro asegurando que los órganos investigadores vaticanos estaban al corriente y llegando a afirmar que incluso el Papa tenía conocimiento de la velada. Perlasca, inicialmente reacio a asistir, habría recibido a través de Ciferri indicaciones que Chaouqui presentaba como procedentes de los investigadores y del propio Pontífice.
La testigo declaró además que Perlasca informó por escrito al Papa de su participación en la cena y que, a petición de Chaouqui, redactó posteriormente un informe destinado primero al Pontífice y luego a la propia Chaouqui. Ciferri añadió que otorgó credibilidad a Chaouqui en parte por sus vínculos con ambientes vaticanos: que residía en un inmueble perteneciente a la APSA —el organismo que administra el patrimonio inmobiliario de la Santa Sede— y que durante el período de las investigaciones habría trasladado a su domicilio mobiliario de época procedente de un almacén vaticano.
Todo este laberinto judicial pende ahora sobre la Corte de Apelación del Vaticano, que tiene previsto retomar las audiencias a finales de octubre. El conjunto de presuntas injerencias denunciadas abre una profunda brecha en la credibilidad del proceso y plantea un reto de transparencia procesal para el pontificado de León XIV en uno de los procedimientos más controvertidos de los últimos años.
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