El órgano consultivo señala que la fórmula elegida por el Gobierno lo configuraría como prestación sanitaria y no como derecho inherente.
El Consejo de Estado ha aprobado el anteproyecto presentado por el Gobierno para incorporar el aborto a la Constitución, aunque ha advertido que la fórmula escogida no garantiza su reconocimiento como derecho fundamental, sino únicamente como prestación sanitaria.
El órgano consultivo da así su visto bueno al texto que propone modificar la Carta Magna, pero subraya que la vía adoptada responde más a criterios de conveniencia política que a una garantía jurídica plena. Según su valoración, el aborto quedaría recogido como un servicio sanitario, sin alcanzar la categoría de derecho fundamental.
El informe pone de relieve que esta decisión condiciona el alcance y la estabilidad de la protección legal que se pretende otorgar. Al configurarse como prestación, podría quedar sujeta a regulación administrativa, lo que difiere de la protección reforzada que implica su reconocimiento como derecho fundamental.
La propuesta se enmarca en el debate sobre la actualización de la Constitución de 1978, que ha sido objeto de distintas reformas a lo largo de las décadas. La eventual inclusión del aborto en el texto constitucional constituye una de las iniciativas más controvertidas, por el impacto que tendría en la regulación de los derechos reproductivos en España.
El Gobierno defiende la reforma como un instrumento para garantizar la seguridad jurídica y el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, el Consejo de Estado advierte en su informe de las implicaciones jurídicas y políticas derivadas de la fórmula finalmente escogida.
