Un tribunal federal de Abuja ha condenado a 386 personas por delitos de terrorismo en uno de los mayores procesos judiciales de este tipo en Nigeria en los últimos años. Los condenados estaban vinculados a grupos yihadistas como Boko Haram o su escisión, el Estado Islámico en África Occidental (ISWAP), responsables de gran parte de la violencia en el país.
Las sentencias impuestas oscilan entre cinco años de prisión y cadena perpetua. En total, las autoridades habían acusado a 508 personas: dos fueron absueltas, ocho quedaron en libertad y 112 casos han sido aplazados, según fuentes citadas por medios internacionales.
Este macrojuicio se produce en un contexto de creciente presión internacional, especialmente por parte de Estados Unidos, para que Nigeria refuerce su lucha contra el terrorismo y mejore la protección de las comunidades más vulnerables, entre ellas muchas comunidades cristianas que han sufrido ataques en el norte y centro del país.
Aunque el Gobierno nigeriano niega que exista una persecución religiosa sistemática, numerosos analistas y organizaciones civiles señalan que los grupos terroristas han atacado de forma reiterada iglesias, líderes religiosos y poblaciones cristianas. Al mismo tiempo, la violencia también ha afectado a numerosos musulmanes, víctimas igualmente de estos grupos extremistas.
El conflicto en Nigeria se remonta a décadas atrás. Boko Haram, fundado en 2002, inició en 2009 una campaña armada que ha dejado decenas de miles de muertos y cientos de miles de desplazados. Con el paso del tiempo, el grupo se ha fragmentado, pero ha mantenido su capacidad de actuación y su violencia.
A este escenario se suman otros factores, como los enfrentamientos entre agricultores y pastores por el acceso a la tierra y el agua, conflictos que en muchos casos adquieren un componente religioso y agravan la situación. Algunos informes apuntan además a que ISWAP estaría financiando a milicias locales en ataques contra comunidades cristianas.
En 2025, Estados Unidos volvió a incluir a Nigeria en la lista de países de especial preocupación por violaciones graves de la libertad religiosa, lo que refleja la magnitud del problema.
Pese a los distintos gobiernos —tanto de mayoría cristiana como musulmana—, persisten las críticas por la falta de una respuesta eficaz y sostenida frente a la violencia. Analistas coinciden en que, además de factores económicos y sociales, el componente religioso sigue siendo clave para comprender el conflicto.
La condena de cientos de implicados marca un paso relevante en la lucha contra el terrorismo en el país, aunque el desafío de fondo —garantizar la seguridad y la convivencia en una sociedad profundamente diversa— sigue abierto.
