Planned Parenthood cerrará sus dos últimas clínicas en Luisiana a finales de septiembre, poniendo fin a más de cuatro décadas de operaciones en el estado. La decisión se produce en medio de una creciente presión política y legislativa contra el aborto en Estados Unidos, especialmente tras el fallo del Tribunal Supremo que permite a los estados cortar la financiación de Medicaid a proveedores de aborto.

La organización Planned Parenthood Gulf Coast ha anunciado el cierre de sus dos últimas instalaciones en el estado de Luisiana, ubicadas en Baton Rouge y Nueva Orleans, para finales de septiembre. Este movimiento supone la retirada de la organización del estado sureño tras más de 40 años de actividad. En un comunicado, Planned Parenthood Gulf Coast atribuyó la decisión a lo que calificó como "legisladores anti-salud reproductiva obsesionados con el poder y el control".

El cierre de estas clínicas se produce tras un fallo reciente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que permite a los estados cortar la financiación de Medicaid a Planned Parenthood, lo que descalifica a los usuarios de Medicaid para buscar servicios en sus instalaciones si el estado ha recortado dicha financiación. Melaney Linton, presidenta y directora ejecutiva de Planned Parenthood Gulf Coast, expresó que "esta no es una decisión que queríamos tomar; es una a la que nos vimos obligados por la guerra política". Linton describió los cierres como "el resultado de una presión política sostenida" y lamentó el fin de lo que llamó un servicio de salud "confiable y compasivo".

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La salida de Planned Parenthood de Luisiana marca el final de una larga campaña por parte de los funcionarios del estado para eliminar la presencia de la organización. El gobernador republicano de Luisiana, Jeff Landry, quien profesa la fe católica, celebró la noticia calificándola como "una gran victoria para el movimiento provida aquí en Luisiana". En una publicación en Facebook, Landry afirmó: "He luchado arduamente como Fiscal General y ahora como Gobernador para librar a nuestro estado de esta organización fallida. El aborto NUNCA debería considerarse atención médica".

La Fiscal General Liz Murrill también acogió con satisfacción el anuncio, declarando en X: "Esta es una noticia bienvenida. Planned Parenthood construyó su negocio en torno a la promoción de la muerte. Luisiana eligió la vida. Siempre protegeremos a las mujeres y los bebés".

La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) ha instado a los católicos de todo el país a participar en una oración diaria a San José, el "Defensor de la Vida", para poner fin a la financiación federal del aborto. En una declaración en línea, los obispos recordaron que, aunque la administración Trump intentó desfinanciar a los proveedores de aborto con su llamada Ley de Un Gran Hermoso Proyecto de Ley, "Planned Parenthood demandó inmediatamente en un tribunal federal, y el juez otorgó rápidamente parte de una orden judicial preliminar, requiriendo que la financiación de los contribuyentes al gigante del aborto continuara".

El cierre definitivo de las clínicas restantes de Planned Parenthood en Luisiana señala una tendencia más amplia en los Estados Unidos, con estados republicanos que intensifican las restricciones al aborto tras la decisión Dobbs del Tribunal Supremo en 2022, que en efecto anuló Roe v. Wade. Como resultado, Planned Parenthood se ve obligada a adaptar sus servicios o retirarse de los estados donde la oposición legal y legislativa ha hecho sus prácticas insostenibles.

Otros estados liderados por republicanos, como Texas, Misisipi y Tennessee, han experimentado cierres o restricciones similares, donde la legislación provida ha reducido drásticamente el uso del aborto y ha desfinanciado a los proveedores. Muchos estados conservadores han adoptado leyes dirigidas a los llamados abortos por telemedicina, prescripciones entre estados y financiación pública, en medio de una creciente coordinación entre los fiscales generales republicanos. Esto ha provocado desafíos legales por parte de los proveedores de aborto y litigios en curso contra las herramientas legales agresivas, como las demandas civiles dirigidas a proveedores de aborto fuera del estado, adoptadas por los legisladores republicanos.

Todo esto indica una nueva fase en la batalla post-Roe en América, mientras que contrasta marcadamente con la situación en el Reino Unido, donde los legisladores del país parecen avanzar inexorablemente, y con poca preocupación o queja, hacia la legalización y aceptación del aborto hasta el nacimiento.