Un informe cifra en 1.000 los menores abusados por clérigos en Massachusetts

Un informe oficial documenta 270 clérigos que abusaron de aproximadamente 1.000 niños a lo largo de un siglo en tres diócesis de Massachusetts.

La oficina de la fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, publicó el 30 de septiembre de 2026 un informe que documenta cómo más de 270 clérigos católicos abusaron de cerca de 1.000 niños a lo largo de un siglo en las diócesis de Fall River, Springfield y Worcester. El documento señala además la falta de respuesta adecuada por parte de los responsables de esas diócesis ante las numerosas denuncias recibidas.

La investigación arrancó en 2019 y examinó más de 300.000 páginas de documentación, además de entrevistas con más de 100 personas, entre ellas supervivientes de abuso sexual infantil. Campbell, que reveló haber sido ella misma víctima de abusos en la infancia, subrayó la necesidad urgente de que las diócesis adopten medidas de rendición de cuentas más transparentes.

Diócesis de Worcester: cifras más alarmantes

El informe atribuye a la Diócesis de Worcester los datos más graves: 90 de los clérigos acusados pertenecían a esa diócesis, donde se estima que 216 niños fueron víctimas de abusos. Las otras dos diócesis estudiadas, Fall River y Springfield, registran también cifras significativas, aunque inferiores a las de Worcester.

Las cifras se acumulan a lo largo de aproximadamente un siglo, lo que refleja patrones de abuso sostenidos y sistemáticos durante generaciones.

Falta de denuncia a autoridades: traslados silenciosos

Uno de los hallazgos centrales del informe es que la mayoría de las denuncias de abuso derivaron en el traslado de los sacerdotes acusados a otras parroquias sin notificación alguna a las autoridades. Ese mecanismo de traslados silenciosos permitió que muchos abusadores continuaran su ministerio en nuevas parroquias, poniendo en riesgo a más niños.

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La práctica revela un enfoque institucional que anteponía la reputación diocesana a la protección de los menores. Un sacerdote acusado en una parroquia reaparecía sin historial en otra, donde podía volver a abusar.

Controversia sobre publicación de listas de sacerdotes acusados

Campbell reclamó que la Diócesis de Worcester publique una lista de sacerdotes acusados, algo que la diócesis no ha hecho hasta ahora. Esta se ampara en que tal práctica carece de precedentes en otros ámbitos y en una declaración del Papa León XIV en 2019, que sugiere que no deben publicarse listas de casos no condenados.

El conflicto enfrenta dos principios: la transparencia diocesana como herramienta de protección de menores, frente a los derechos procesales de sacerdotes que no han sido condenados penalmente. La fiscal general defiende que la transparencia institucional es imperativa cuando el abuso está documentado, aunque no haya condena penal.

Cronología: concentración de abusos antes de 2002

El informe señala que la mayoría de los abusos ocurrieron antes de 2002, período anterior a la eclosión pública del escándalo de Boston que transformó la conciencia colectiva sobre los abusos en la Iglesia. Aun así, el documento advierte de que incluso después de 2002, las políticas escritas no se seguían de manera consistente y de que las excepciones a esas políticas socavaban con frecuencia las medidas de protección de los menores.

El informe identifica además deficiencias en áreas clave como la capacitación y la investigación de denuncias. La aplicación de las reformas posteriores a 2002 fue desigual: algunas diócesis avanzaron hacia una cultura de protección real, mientras que otras mantuvieron prácticas lentas o inconsistentes.

Peticiones legislativas: inmunidad caritativa y plazos de prescripción

Campbell pidió a los legisladores que eliminen el límite de inmunidad caritativa de 20.000 dólares para las reclamaciones civiles relacionadas con abuso sexual infantil y que supriman el plazo de prescripción para este tipo de reclamaciones.

Ambas propuestas apuntan a retirar obstáculos legales que hoy protegen a las instituciones religiosas frente a demandas civiles. El límite de 20.000 dólares ha impedido que muchas víctimas recuperen daños económicos significativos; la supresión de los plazos de prescripción permitiría a víctimas adultas demandar décadas después de los abusos sufridos en la infancia.

La senadora estatal Joan Lovely expresó su esperanza de que se apruebe un proyecto de ley que lleva 14 años en espera y que pretende abordar estas cuestiones de forma más efectiva. El texto ha permanecido paralizado en la cámara durante años, con resistencia de los lobbies institucionales religiosos.

Respuestas diocesanas: disculpas y compromisos limitados

Las diócesis de Worcester y Fall River emitieron disculpas a las víctimas tras la publicación del informe. El obispo de Fall River, Edgar M. da Cunha, manifestó su tristeza por los detalles revelados y señaló que su diócesis ha trabajado para crear una «cultura de protección» para asegurar que los niños no sean abusados, incluyendo la notificación de alegaciones a las autoridades y la mejora de los protocolos de seguridad».

La Diócesis de Worcester se comprometió a estudiar el informe para identificar mejoras en sus políticas de seguridad infantil. Sin embargo, esos compromisos se reciben con cautela: las diócesis afectadas ya contaban con políticas sobre el papel que, según el propio informe, no se aplicaban de manera consistente.

Las disculpas reconocen el daño causado, pero no abordan la falta de transparencia sobre las listas de acusados ni resuelven las deficiencias estructurales que permitieron los traslados silenciosos de abusadores.

Contexto nacional: un patrón replicado en varios estados

Este informe se suma a otros publicados en distintos estados, como Michigan, donde se han dado a conocer documentos similares sobre abusos en varias diócesis. La investigación en Massachusetts es la primera que examina de manera exhaustiva lo ocurrido en las diócesis fuera de la Archidiócesis de Boston, sometida a intenso escrutinio desde 2002.

El patrón nacional apunta a que Boston no fue una excepción, sino la manifestación regional de problemas sistémicos. Otras archidiócesis y diócesis de Estados Unidos han afrontado revelaciones similares de traslados encubiertos, denuncias ignoradas y falta de cooperación con las autoridades civiles.

Postura de la fiscal: justicia sin demonización

Campbell dejó claro que el objetivo de la investigación no fue demonizar la fe católica, sino «buscar justicia y mejorar la protección de los menores en el futuro». La distinción importa: el informe critica prácticas concretas de instituciones eclesiásticas específicas, no ataca la fe católica como tal ni niega que muchos católicos y clérigos trabajan activamente por la protección de la infancia.

Con todo, la línea entre «crítica institucional» y "ataque a la fe" tiende a difuminarse en el debate público. Para las víctimas, exigir que se depuren responsabilidades a las estructuras que ocultaron a los abusadores es una demanda de justicia elemental, no una demonización.

Rendición de cuentas institucional: una deuda pendiente

El informe de Massachusetts documenta que, casi 25 años después del escándalo de Boston, los abusos sistemáticos siguen insuficientemente investigados fuera del foco mediático de esa ciudad. Ello indica que la aplicación de las reformas de protección infantil ha sido lenta e irregular a escala diocesana en todo el país.

Las peticiones de Campbell para suprimir las inmunidades caritativas y los plazos de prescripción ponen de manifiesto que son necesarios cambios legales para que la justicia civil resulte accesible a las víctimas. La exigencia de publicar listas de acusados busca, por su parte, una transparencia que permita a padres y comunidades evaluar los riesgos asociados a sacerdotes concretos.