
Alvise Pérez ha vuelto a hacerlo. El agitador que ha construido su notoriedad a base de acusaciones espectaculares sin demasiada preocupación por las pruebas ha decidido ahora apuntar directamente contra la Iglesia católica.
Y lo ha hecho con un relato que mezcla monjas, veterinarios, suturas de desgarros anales, mutilaciones grotescas, millones de euros escondidos en cepillos parroquiales y conspiraciones políticas de alto nivel. Una historia tan extravagante que, si una no supiera quién la cuenta, pensaría que se trata de una parodia.
Pero no. Es una acusación lanzada muy en serio.
Según su versión, personas vinculadas a la Conferencia Episcopal estarían implicadas en abusos sexuales aberrantes contra religiosas, en operaciones de blanqueo de dinero utilizando el cepillo de las iglesias y en turbias redes de poder político. Todo ello narrado con tono de revelación escandalosa. Y, sin embargo, sin un solo nombre, sin una fecha, sin una prueba.
Alvise no solo acusa sin pruebas; además lo hace a trompicones, atropellando frases, mezclando ideas y dejando al oyente la tarea heroica de descifrar si está ante una denuncia, un desahogo o una avería verbal.
Es la vieja técnica del acusador prudente: lanzar acusaciones monstruosas contra una institución entera, pero evitar cuidadosamente señalar a responsables concretos.
Porque si se acusa a una persona identificable, esa persona puede acudir a un juez. Si se acusa en abstracto a “la Iglesia”, el escándalo se vuelve viral y el riesgo judicial se reduce. Es difamar en plural.
El mecanismo es sencillo y funciona muy bien en la economía de las redes sociales. Una denuncia sobria exige documentos, contexto y verificación. En cambio, una historia grotesca exige únicamente imaginación. Y en este caso la imaginación parece haber trabajado horas extra.
Porque lo que se presenta como una revelación no es una denuncia concreta, sino una acumulación de barbaridades: abusos sexuales, supuestos desgarros anales suturados en un veterinario, millones ocultos en el cepillo parroquial y conspiraciones políticas. Cada elemento compite con el anterior en espectacularidad.
No estamos ante una investigación. Estamos ante un guión.
Y conviene recordar algo elemental. Si alguien posee audios que demostrarían delitos tan monstruosos, la obligación moral y legal es presentarlos ante un juez. No convertirlos en material de tertulia o en combustible para las redes sociales.
Las víctimas de delitos reales merecen algo más que ser utilizadas como recurso narrativo para el espectáculo político.
Por si fuera poco, tampoco hablamos de un denunciante especialmente escrupuloso con la verdad. El Tribunal Supremo abrió causa por la difusión del bulo de la PCR falsa atribuida a Salvador Illa, un episodio que volvió a poner de relieve su inclinación por las acusaciones de alto voltaje sin respaldo sólido. En otro momento trató de presentar como una especie de “exculpación” una decisión del Parlamento Europeo que en realidad no le absolvía de las sospechas sobre financiación irregular. Y los tribunales también le han condenado por difundir imágenes privadas de José Luis Ábalos insinuando problemas de salud mental sin prueba alguna.
No estamos, por tanto, ante un investigador temido por el poder, sino ante alguien que ya ha confundido demasiadas veces la denuncia con la insinuación.
A esto se suma un detalle revelador sobre su particular moral política. Cuando fue elegido eurodiputado prometió públicamente sortear su sueldo del Parlamento Europeo entre los ciudadanos, presentándolo como símbolo de una política distinta y más limpia. La realidad, sin embargo, ha sido bastante menos épica: el sorteo se realizó en una ocasión y después la promesa desapareció discretamente del primer plano.
Los cruzados morales suelen ser muy severos con los demás. Mucho menos con sus propias promesas.
Pero lo más preocupante de todo no es la incoherencia personal de quien lanza estas acusaciones. Lo verdaderamente inquietante es el clima que alimenta este tipo de discursos.
Porque cuando alguien sostiene que todo está politizado, todo responde a una agenda y todo forma parte de una conspiración, el debate público deja de ser un espacio de hechos para convertirse en una competición de relatos cada vez más delirantes.
En ese mundo, las pruebas sobran. Basta con la insinuación.
La Iglesia, como cualquier institución humana, puede ser criticada, investigada y cuestionada. Pero acusarla de delitos monstruosos sin una sola prueba no es valentía ni denuncia. Es simplemente una forma especialmente ruidosa de difamación.
Quizá antes de acusar a media Iglesia de atrocidades debería empezar por una tarea más modesta: aprender a terminar una frase.
Porque denunciar delitos exige pruebas. Inventarlos solo exige imaginación.
