Las facultades de medicina de Chile expresan su rechazo al proyecto de ley que busca legalizar la eutanasia en el país, argumentando que contraviene principios fundamentales de la ética médica.

El 12 de septiembre de 2025, los rectores de las facultades de medicina de siete universidades chilenas manifestaron su oposición al proyecto de ley que pretende legalizar la eutanasia en Chile. Este proyecto busca establecer el derecho a optar voluntariamente por asistencia médica para acelerar la muerte en casos de enfermedades terminales e incurables, asegurando que esta práctica tenga como objetivo causar una muerte rápida, indolora y con el mínimo sufrimiento posible. Los requisitos de elegibilidad incluyen un diagnóstico de un problema de salud grave e irremediable por dos especialistas, ser mayor de edad, estar consciente al momento de la solicitud y contar con la certificación de plena capacidad mental por un psiquiatra, entre otros.

Con "profunda preocupación", los rectores de las facultades de medicina de la Universidad Católica de Maule, Universidad Autónoma, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de la Santísima Concepción, Universidad de los Andes, Universidad de San Sebastián y Universidad Finis Terrae presentaron sus argumentos contra la iniciativa. En una carta conjunta, afirmaron que "la medicina tiene como fin promover la salud, prevenir enfermedades, curar, cuidar, aliviar el dolor y el sufrimiento y prevenir la muerte prematura, acompañando al paciente hasta su fin natural". Añadieron que "nunca debe abandonar al paciente, mucho menos inducir la muerte para aliviar su sufrimiento".

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Los rectores enfatizaron que "la vida es un bien indescartable, una regla general que respalda tanto la ética médica como el derecho". Subrayaron que "el homicidio y el suicidio asistido están expresamente condenados en nuestro ordenamiento jurídico". Por lo tanto, "intentar legitimar la eutanasia y el suicidio asistido, además de involucrar a profesionales de la salud en su ejecución, contraría principios básicos de la ética médica y distorsiona la relación médico-paciente, que debe siempre basarse en el cuidado a lo largo de la vida".

Asimismo, rechazaron la obstinación terapéutica, aclarando que "prolongar artificialmente la agonía de un paciente también es una práctica contraria a la ética médica". Señalaron que "interrumpir tratamientos fútiles no constituye eutanasia" y defendieron el derecho del paciente a "rechazar tratamientos no deseados, incluso si eso significa la muerte". Sin embargo, destacaron que "la diferencia esencial está en causar directamente la muerte".

El comunicado también criticó que el proyecto de ley "autoriza la eutanasia incluso para pacientes con enfermedades crónicas tratables y no terminales, confundiendo lo incurable con lo intratable". Los rectores expresaron que "esto transforma la comunicación con el paciente en un acto frío, tecnocrático y desprovisto de humanidad".

Los rectores señalaron además "el inconveniente de legislar sobre esta cuestión bajo presión en contexto electoral", afirmando que "la eutanasia y el suicidio asistido son decisiones irreversibles que afectan directamente el ejercicio de la medicina y, justamente por eso, exigen la máxima prudencia y responsabilidad".