España alcanza los 306 ataques a la libertad religiosa en un año

El Observatorio registra la cifra más alta desde 2012. Católicos sufren el 56,5% de ataques; judíos padecen incremento de 13 veces desde 2022. Partidos del Gobierno responsables de uno de cada tres incidentes. RTVE protagoniza ataques mediáticos desde el 1 de enero.

El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) ha presentado su informe anual 2025, documentando un total de 306 ataques a la libertad religiosa en España, cifra que constituye un máximo histórico desde la publicación del primer informe en 2012. El documento refleja un incremento del 26% respecto a 2024 (243 casos) y del 57% respecto a 2023 (195 casos), confirmando una tendencia de deterioro acelerado y continuado en la protección de este derecho fundamental.

Los católicos concentran 173 ataques directos (56,5% del total), con predominio de laicismo beligerante (60 casos) y escarnio a la religión (40 casos), junto a 49 ataques a lugares de culto y símbolos religiosos, y 23 vejaciones a creyentes. Sumando 33 ataques dirigidos contra cristianos en general, cinco contra evangélicos y uno contra ortodoxos, el conjunto de cristianos sufrió dos de cada tres ataques (69%). Sin embargo, la comunidad judía –menos del 0,1% de la población– ha concentrado 40 ataques (13% del total), cifra que multiplica por trece los casos registrados en 2022, evidenciando un incremento dramático del antisemitismo religioso. Los musulmanes sufrieron 26 casos (8,5% del total, con notable incremento desde los 11 de 2024), los Testigos de Jehová 11, mientras que 17 casos se dirigieron contra todas las confesiones sin distinción.

Escalada de violencia y destrucción de patrimonio religioso

El informe documenta seis casos de violencia física directa contra creyentes –cifra idéntica a 2024 pero alarmante en su persistencia– distribuidos entre dos atacados cristianos, dos Testigos de Jehová, uno judío y uno musulmán. Particularmente grave fue el ataque yihadista en Vallecas el 22 de noviembre de 2025, cuando un joven de 18 años apuñaló a tres personas y atacó a policías, declarando a su madre que tenía "que matar a cristianos".

Los ataques a lugares de culto y símbolos religiosos se multiplicaron de 46 casos en 2024 a 73 en 2025, representando un incremento del 59%. Incluyen profanaciones masivas de cementerios (con cruces arrancadas, lápidas destrozadas, flores y coronas robadas), robos en iglesias (robo de candelabros de bronce, ornamentos, intentos de forzar sagrarios), incendios intencionales (dos incendios consecutivos en menos de ocho horas en Jérez de la Frontera, 26 de enero), vandalismo de belenes (cinco figuras decapitadas en San Lorenzo de El Escorial, 2 de enero), pintadas en árabe con símbolos usados por Daesh en Mosul (Irak) en iglesia de Madrid, y destrozos de cruces. Las vejaciones a creyentes pasaron de 30 a 50 casos (incremento del 67%), mientras que el escarnio a la religión ascendió de 67 a 72 casos (7% más).

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El laicismo beligerante alcanzó 105 casos, el más alto registrado en dos años consecutivos (incremento del 12% respecto a 94 en 2024), reflejando animadversión institucional y política activa contra las confesiones, que incluye decisiones administrativas discriminatorias, declaraciones de ministros apoyando el escarnio público de símbolos religiosos, proposiciones legislativas para desproteger sentimientos religiosos, y multas a ciudadanos por rezar en la vía pública.

Responsabilidad política e institucional directa

Un dato crítico: prácticamente uno de cada tres ataques tiene su origen en representantes políticos o formaciones parlamentarias. Del total, 105 casos (34%) fueron provocados directamente por partidos políticos. El PSOE encabeza con 31 incidentes, Sumar con 26, y Podemos con 18. El OLRC subraya que "el hecho de que dos partidos que integran el Gobierno de España lideren la lista de responsables políticos de ataques a la libertad religiosa es motivo de preocupación" e indica "una hostilidad institucional activa, organizada y en ocasiones financiada con fondos públicos".

La televisión pública RTVE acumula cinco casos documentados, con el primero el 1 de enero durante la retransmisión de las Campanadas, cuando emitió una imagen del Sagrado Corazón de Jesús modificada con cabeza de vaca. El ministro de Presidencia y Justicia aplaudió públicamente la actuación e inmediatamente anunció su intención de reformar el Código Penal para eliminar la protección de los sentimientos religiosos. Días después, el presentador estrella de RTVE reincidió con otra imagen modificada del mismo símbolo. El programa Directo al Grano (La 1) etiquetó el "crecimiento de la Iglesia evangélica" como "preocupante" y "peligroso" (22 de septiembre). En medios digitales, Nueva Tribuna es responsable de cinco casos y Público de tres; ambos pertenecen al grupo Display Connectors.

Actuaciones políticas específicas contra libertades religiosas

El informe documenta iniciativas concretas dirigidas a limitar derechos religiosos: prohibición del velo islámico en un instituto de Logroño (15 de septiembre, expulsión de alumna por la directora); privación de clases de religión evangélica en Aragón (más de 1.000 alumnos sin profesorado contratado en curso 2025/26); rechazo de partidos a conciertos religiosos en actos públicos (Zaragoza, Fiestas del Pilar); proposiciones para eliminar menciones a Dios en actos oficiales vascos (toma de posesión del lendakari "laica y sin menciones a Dios"); mociones de "laicidad municipal" que pretenden establecer reglamentos restrictivos; peticiones para revertir inmatriculaciones de bienes eclesiásticos (Córdoba, Navarra); críticas parlamentarias contra órdenes religiosas que gestionan centros de infancia (BNG en Galicia, 29 de agosto).

Políticos de primera línea atacaron directamente a la Iglesia: Santiago Abascal (Vox) cuestionó la posición de los obispos sobre inmigración sugiriendo que se debe a "ingresos públicos", "colaboración con casos de pederastia" y "avance islamista"; Silvia Orriols (Aliança Catalana) exigió a la Iglesia que se pronuncie sobre "pederastia", "regímenes dictatoriales" y "rechazo a la comunidad homosexual"; Antonio Maíllo (Izquierda Unida) reclamó revertir la inmatriculación de la Mezquita-Catedral de Córdoba; Juan Ignacio Varela-Portas de Orduña (Más Madrid/Sumar) denunció en la Asamblea de Madrid que universidades católicas tienen objetivo de "moldear ideológicamente" conforme a "idearios neoliberales y ultracatólicos" (11 de diciembre).

Libertad artística como pretexto del escarnio sistemático

El OLRC documenta un patrón recurrente: el uso de "libertad artística" y "libertad de expresión" como cobertura para justificar escarnio y ridiculización de confesiones religiosas, especialmente del catolicismo. El informe registra carteles de partidos políticos con contenido sexual explícito usando imágenes religiosas (vendidos después como camisetas), sketches televisivos parodiando liturgia y oración en cadenas privadas, podcasts que califican a la Iglesia de "secta" y sacerdotes de "fanáticos", actuaciones de carnaval mofándose de cristianos, y tribunas mediáticas insultando a creyentes. El Observatorio señala que este ejercicio "no es ilimitado" y que "la sociedad que tolera esto frente a creyentes no lo toleraría en términos comparables frente a otros colectivos protegidos por ley", constituyendo una violación del principio de igualdad.

Amenaza específica: reforma del Código Penal

El informe destaca como amenaza inminente la intención de eliminar el artículo 525 del Código Penal, que protege contra ofensas a sentimientos religiosos. La presidenta María García advirtió: "Si ya sale bastante gratis mofarse de las creencias religiosas, va a ser barra libre". El OLRC observa que proposiciones legislativas para "desproteger los sentimientos religiosos" ya se han presentado desde la coalición del Gobierno.

Distribución territorial y cobertura nacional

Geográficamente, Andalucía (37 casos), Cataluña (32) y Comunidad de Madrid (31) concentran el mayor volumen. País Vasco y Comunidad Valenciana presentan 17 casos cada una. A estos se añaden 78 casos de alcance nacional derivados de declaraciones institucionales, leyes, decisiones del Gobierno central y medios estatales, cuyo impacto afecta a todo el territorio español. El informe subraya que "el reparto territorial refleja en parte la distribución de población, pero también la actividad de determinados actores políticos y mediáticos con presencia intensamente concentrada en esas comunidades".

Reconocimiento internacional y demandas concretas

El OLRC subraya que el informe es utilizado como fuente por la Secretaría de Estado de Estados Unidos y la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa), que recientemente publicó una guía sobre delitos de odio contra cristianos. El Observatorio es también organización asesora de la Comisión de Seguimiento del Plan de acción de lucha contra los delitos de odio del Ministerio del Interior, y ha colaborado con el Laboratorio de Libertad Religiosa de la Universidad Nicolás Copérnico de Torun (Polonia) y la organización internacional Puertas Abiertas.

La presidenta del OLRC, María García, enfatizó que "los creyentes no son ciudadanos de segunda" y que "quienes tienen fe no deben ocultar sus creencias en la vida pública". García subrayó: "El creyente es creyente, con todo lo que conlleva eso, las 24 horas del día", rechazando el confinamiento de la fe al ámbito privado.

El Observatorio formula demandas concretas al Gobierno de España, poderes legislativo y judicial, comunidades autónomas y ayuntamientos: protección de símbolos religiosos y templos; mantenimiento del delito de ofensa a sentimientos religiosos en Código Penal; respeto efectivo al derecho a rezar en vía pública; eliminación de expresiones de odio antirreligioso desde instituciones públicas; cumplimiento de acuerdos con confesiones religiosas en educación; facilitar licencias urbanísticas para lugares de culto sin dilaciones indebidas; formar funcionarios en libertad religiosa; establecer protocolos en servicios públicos; elaborar planes preventivos en comunidades con mayor número de ataques; proteger patrimonio histórico-artístico religioso; permitir celebración de procesiones y manifestaciones religiosas; establecer mecanismos para recibir y atender denuncias por vulneraciones de libertad religiosa.

El informe concluye afirmando que "España está obligada, ante sus ciudadanos y ante el derecho internacional, a garantizar que la libertad religiosa no