Según datos de los Mossos d'Esquadra, los asaltos a templos no dejan de crecer: 13 en 2024, 15 en 2025 y ya 8 en lo que va de 2026, con Nou Barris y Horta-Guinardó entre los distritos más afectados.
Un total de 36 iglesias de Barcelona han sufrido robos con fuerza en los últimos treinta meses, según datos oficiales de los Mossos d'Esquadra. El ritmo de asaltos no se frena: se registraron 13 casos en 2024, 15 en 2025 y ya 8 en lo que va de 2026. Los distritos más golpeados son Nou Barris, Sarrià-Sant Gervasi, Horta-Guinardó y Sant Martí.
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Uno de los episodios más graves tuvo lugar el pasado 7 de junio, coincidiendo con la llegada del Papa a Barcelona, cuando la parroquia de Nuestra Señora de Fátima del Turó de la Peira fue saqueada. Los ladrones se llevaron el sagrario de mármol y plata con las hostias consagradas en su interior, además de los cálices, la vinajera, el rosario, la corona de la Virgen de Fátima, una escultura de la Virgen del Pilar y los 920 euros que la parroquia había recaudado para las excursiones de sus niños. Se trata del octavo asalto a una iglesia barcelonesa en solo seis meses.
Muchas de las iglesias de Barcelona permanecen abiertas durante el día, custodiadas únicamente por voluntarios o sacerdotes de edad avanzada, lo que las convierte en espacios especialmente vulnerables. Llevan treinta meses siendo objetivo sistemático de robos sin que el Ayuntamiento haya adoptado medidas visibles, según denuncian voces de las propias parroquias afectadas.
Ante esta situación, se ha lanzado una petición dirigida al alcalde Jaume Collboni en la que se reclaman medidas concretas de seguridad para las más de 130 parroquias católicas de la ciudad. Entre las solicitudes figuran el refuerzo de la presencia policial en los distritos con mayor concentración de robos en centros religiosos, especialmente en Nou Barris, Horta-Guinardó y Sarrià-Sant Gervasi.
La petición reclama también el establecimiento de protocolos específicos de vigilancia preventiva y respuesta rápida ante incidentes en centros de culto, así como la intensificación de la coordinación entre el Ayuntamiento, los Mossos d'Esquadra y las comunidades religiosas para diseñar medidas de seguridad adaptadas a cada entorno. Por último, se exige que el alcalde rinda cuentas públicamente sobre las medidas adoptadas y los resultados obtenidos en la protección de estos centros.
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