Nigeria suma más de 5.000 cristianos muertos o secuestrados en el primer semestre

La organización Intersociety cifra en 2.550 los cristianos asesinados y en 2.800 los secuestrados entre enero y junio, con 300 iglesias destruidas o abandonadas y 800 conversiones forzadas al islam.

Más de 5.000 cristianos han sido asesinados o secuestrados en Nigeria durante el primer semestre de 2026, según un informe de la organización de derechos humanos International Society for Civil Liberties and Rule of Law (Intersociety), publicado el 2 de julio. El documento detalla que al menos 2.550 cristianos fueron asesinados y otros 2.800 secuestrados en diversas regiones del país, lo que refleja un aumento de la violencia contra las comunidades cristianas nigerianas.

Las regiones más golpeadas por los ataques son Plateau, Benue, Southern Borno, Southern Kaduna, Taraba, Adamawa, Niger, Kwara, Kogi y Nasarawa, donde se han registrado los niveles más elevados de violencia. Emeka Umeagbalasi, director ejecutivo de Intersociety, atribuyó estos ataques a grupos armados islamistas que operan con total impunidad en amplias zonas del país. El responsable de la organización señaló que durante el mismo periodo aproximadamente 1.050 musulmanes también fueron asesinados y 1.150 secuestrados.

El informe destaca que alrededor de 300 iglesias fueron destruidas o abandonadas en estos seis meses y que 10 pastores cristianos fueron asesinados, mientras que otros 10 fueron secuestrados. Además, se estima que cerca de 800 mujeres y niños cristianos fueron forzados a convertirse al islam durante su cautiverio, una práctica que la organización vincula directamente a los grupos armados que controlan el territorio.

Intersociety identifica a los grupos armados fulani, Boko Haram, el Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP) y Lakurawa como los principales responsables de la oleada de violencia. Estos grupos, según el informe, actúan de forma coordinada en varias regiones del centro y el norte del país, aprovechando la debilidad de las fuerzas de seguridad y la escasa presencia del Estado.

217 templos destruidos en una sola diócesis

Uno de los datos más estremecedores del informe se refiere a la diócesis católica de Wukari, en el estado de Taraba, que sufrió la destrucción de 217 iglesias entre septiembre de 2025 y mayo de 2026. La magnitud de los ataques ha provocado el desplazamiento de más de 100.000 fieles, obligados a abandonar sus hogares y sus comunidades ante la violencia sostenida contra la población cristiana de la zona.

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El informe también recoge el secuestro de 175 escolares cristianos, con muchos de estos incidentes registrados en los estados de Borno y Oyo. El rapto de estudiantes se ha convertido en una práctica habitual de los grupos armados, que utilizan los secuestros tanto como instrumento de terror como fuente de financiación mediante el cobro de rescates.

Intersociety acusa al Gobierno nigeriano de inacción

Intersociety criticó con dureza al Gobierno nigeriano por su inacción ante la crisis y le acusó de no proteger adecuadamente a las comunidades afectadas ni de impulsar procesos judiciales contra los responsables de los crímenes. La organización denuncia que la impunidad de la que gozan los perpetradores alienta la repetición de los ataques y agrava la vulnerabilidad de las poblaciones cristianas.

Umeagbalasi afirmó que los hallazgos del informe se basan en una base de datos de incidentes de 66 páginas, recopilada a partir de investigaciones de campo, testimonios de testigos, relatos de supervivientes, líderes comunitarios, informes de medios de comunicación y otras fuentes de inteligencia abierta. El director ejecutivo subrayó que la metodología empleada garantiza la fiabilidad de los datos y permite trazar un mapa preciso de la violencia contra los cristianos en el país.

La situación pone de manifiesto la continua vulnerabilidad de las comunidades cristianas en Nigeria, que se encuentran expuestas a la acción de grupos armados y yihadistas en un contexto de escasa respuesta institucional. Intersociety reclama una actuación urgente y efectiva del Gobierno para garantizar la seguridad, la libertad de culto y la libertad de movimiento de estas poblaciones.