Un informe reciente revela que la dictadura nicaragüense ha prohibido más de 16,500 procesiones religiosas, intensificando la persecución contra la Iglesia Católica en el país.
La dictadura encabezada por el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, ha intensificado su ofensiva contra la Iglesia Católica en Nicaragua, prohibiendo más de 16.500 procesiones religiosas y perpetrando 1,010 ataques contra la institución, según un informe publicado el 27 de agosto de 2025. Este reporte, titulado “Nicaragua: Una Iglesia Perseguida”, es la séptima entrega de la investigación realizada por la abogada y exiliada Martha Patricia Molina.
Molina destacó que la prohibición de procesiones se ha intensificado desde 2022 y se ha extendido por todo el país. Sin embargo, el estudio no abarca todas las iglesias parroquiales o capillas, de las cuales hay 400 solo en Managua. “La cifra presentada podría ser al menos tres o cuatro veces mayor de lo registrado”, enfatizó.
Ayúdanos a mantener vivo este proyecto: DONAEn una entrevista con la edición en español de EWTN News, Molina explicó que este año solo se han registrado 32 ataques, una cifra que podría ser mucho mayor. La investigadora señaló que el miedo a represalias por parte de organizaciones afines al régimen impide que los laicos denuncien estos incidentes. Además, los sacerdotes católicos tienen prohibido hacer denuncias, y cualquier ataque reportado en los medios es negado por la dictadura.
Un ejemplo de la represión es la reciente confiscación del Colegio San José, administrado por las Hermanas Josefinas en Jinotepe. Molina relató que, aunque varias autoridades negaron inicialmente el hecho, la confiscación fue confirmada posteriormente por Murillo.
El informe también documenta el cierre arbitrario de 13 universidades y centros educativos, utilizados para adoctrinar a los jóvenes en favor del régimen. En lo que va de 2025, 24 medios de comunicación y 75 organizaciones sin fines de lucro han sido cerrados, y 36 propiedades confiscadas, a pesar de que la Constitución Política de Nicaragua prohíbe tales acciones.
Los sacerdotes y obispos están bajo constante vigilancia, y las reuniones del clero son monitoreadas por la policía, que toma fotografías y videos de los asistentes. La reforma constitucional más reciente ha creado una brecha entre la Iglesia Católica nicaragüense y el Vaticano, al prohibir cualquier interferencia en actividades religiosas.
El Papa León XIV se reunió el 23 de agosto con tres obispos exiliados de Nicaragua: el obispo Silvio Báez, el obispo Isidoro Mora y el obispo Carlos Enrique Herrera. Báez expresó su gratitud por el apoyo del Santo Padre, quien le animó a continuar su ministerio episcopal.
Molina mantiene un registro separado de ataques que no pueden ser publicados por temor a represalias, y envía estos informes a organizaciones internacionales que monitorean la libertad religiosa y los derechos humanos. Recientemente, el seminario confiscado de la Diócesis de Matagalpa está siendo desmantelado, lo que impide la formación de futuros sacerdotes.
La comunidad internacional es llamada a vigilar de cerca los acontecimientos en Nicaragua para que el pueblo pueda finalmente liberarse de esta dictadura criminal, ya que cualquier protesta es reprimida con cárcel, exilio o muerte.
