La CGT carga contra la concertada religiosa y omite que Madrid sostiene su sistema educativo sobre la libertad de elección de las familias
CGT Enseñanza Madrid está difundiendo entre profesores, a través de grupos de WhatsApp, un mensaje en el que acusa a la escuela concertada de “segregar y adoctrinar” y reclama la supresión de los conciertos educativos y el fin de este modelo en la Comunidad de Madrid. La campaña, centrada de manera especial en la enseñanza de titularidad religiosa, utiliza varios datos sobre composición de la red concertada, cuotas, educación diferenciada y distribución del alumnado con necesidades especiales para sostener una ofensiva ideológica contra un sistema que forma parte desde hace décadas de la estructura educativa madrileña.
La realidad madrileña que CGT silencia es difícil de obviar. La escuela concertada escolariza a una parte muy relevante del alumnado de la región y, dentro de ella, la titularidad religiosa ocupa un lugar central. No se trata de una anomalía ni de un residuo del pasado, sino de una red consolidada, arraigada socialmente y elegida cada año por numerosas familias que desean para sus hijos un proyecto educativo coherente con sus convicciones. Presentar esa realidad como si fuera una desviación del sistema supone forzar los datos para hacerlos encajar en una tesis ideológica ya decidida de antemano.
En el mensaje que CGT está moviendo por esos grupos de WhatsApp se afirma que “la escuela concertada segrega y adoctrina” y se acompaña esa acusación de varios datos con los que el sindicato pretende justificar su exigencia de eliminar los conciertos. Entre ellos, sostiene que el 88% de la concertada madrileña está en manos de titularidad religiosa, que una decena de centros vinculados al Opus Dei separan al alumnado por sexos y que más del 80% de la concertada cobra cuotas.
El texto añade además que la enseñanza pública concentra la mayor parte del alumnado con dificultades específicas de aprendizaje y con necesidades educativas especiales, y cita igualmente a Madrid como la región europea con mayor índice de segregación escolar según datos atribuidos a UNICEF. A partir de ahí, CGT no propone corregir eventuales desequilibrios concretos ni mejorar los mecanismos de admisión o financiación, sino que plantea directamente el final de la escuela concertada y de los propios conciertos educativos.
La clave del discurso sindical está precisamente en esa omisión de contexto. Que una gran parte de la concertada madrileña sea religiosa no prueba adoctrinamiento alguno, sino la fuerte implantación histórica de congregaciones, fundaciones y entidades católicas en el ámbito educativo. Del mismo modo, reducir toda la discusión a una lectura acusatoria de algunos porcentajes evita afrontar una cuestión de fondo mucho más incómoda para quienes defienden un modelo único: que la pluralidad educativa responde al derecho de las familias a elegir centro y formación moral para sus hijos.
La campaña de CGT apunta así de manera especial contra la escuela religiosa, como si la identidad católica de muchos colegios concertados constituyera por sí misma una irregularidad. Sin embargo, precisamente esa identidad forma parte de la razón por la que muchas familias optan por estos centros. La existencia de colegios con ideario propio no representa una quiebra del sistema, sino una expresión de la libertad de enseñanza dentro del marco constitucional.
¿Nos ayudas? ¿un café?Lo que el sindicato presenta como una denuncia contra la segregación termina revelándose, en realidad, como una enmienda a la totalidad contra la concertada y, de manera muy particular, contra la presencia de la Iglesia en la educación. En lugar de reconocer que Madrid sostiene su sistema sobre la convivencia entre red pública, concertada y privada, el mensaje difundido entre docentes por WhatsApp opta por un esquema mucho más simple: seleccionar datos, descontextualizarlos y convertirlos en munición política.
La cuestión de fondo, por tanto, no es solo educativa, sino también cultural y política. Lo que está en juego es si se acepta que las familias puedan seguir escogiendo una educación conforme a sus convicciones o si, por el contrario, se pretende arrinconar cualquier modelo distinto del diseñado desde una visión estatal e ideológica de la enseñanza. Y en ese punto la campaña de CGT deja bastante claro de qué lado quiere situarse.
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