Mónica García y la pregunta que no quiso contestar

Este martes, la ministra de Sanidad, Mónica García, presentó la campaña institucional sobre la “interrupción voluntaria del embarazo” para este año. Durante la rueda de prensa posterior a la presentación, una compañera del periódico El Debate le formulaba una pregunta que, al menos sobre el papel, debería haber sido fácil de responder para quien ocupa la cartera de Sanidad.

Le preguntaba si durante la realización del aborto se podía garantizar, a nivel sanitario, que el feto no sufría. La periodista añadía que, teniendo en cuenta que Mónica García es sanitaria, esperaba que pudiera aclararle aquella duda. No le estaba preguntando por una valoración política, ni por una cuestión ideológica, ni siquiera por su opinión personal. Le estaba planteando una cuestión relacionada directamente con la medicina.

La respuesta de la ministra fue atribuir a la pregunta una “profunda carga negacionista de los derechos de las mujeres”. Después de esa acusación, concluyó su contestación diciendo que la pregunta era “tan obvia” que no iba a molestarse en contestar. Quizá la ministra tenga una explicación científica perfectamente elaborada y simplemente no consideró oportuno compartirla con los periodistas. Es una posibilidad. Puede que Mónica García conozca perfectamente qué dice la literatura científica sobre el dolor fetal, cuáles son las diferentes posiciones existentes y qué argumentos permiten sostener que el feto no experimenta dolor durante un aborto. Puede que disponga de una respuesta impecable y que, sencillamente, decidiera no darla. Es una posibilidad perfectamente legítima.

La otra posibilidad es bastante menos tranquilizadora. Que no tenga una respuesta clara para una pregunta que, tratándose de la ministra de Sanidad, debería poder responder. Y si la cuestión es científicamente compleja, precisamente por eso debería explicarse. La ciudadanía no necesita que un ministro convierta cada respuesta en una clase universitaria, pero sí puede esperar que, cuando se le plantea una pregunta relacionada con su ámbito de responsabilidad, explique qué evidencia existe y sobre qué fundamentos se sostiene la posición de las autoridades sanitarias.

Porque la pregunta que realmente nos deberíamos de hacer es otra. ¿Que una persona no pueda comunicarnos su dolor significa que no pueda sentirlo? La pregunta parece sencilla, pero sus consecuencias son enormes. Un adulto puede decir que algo le duele. Un niño pequeño puede llorar. Una persona que no puede hablar puede manifestar dolor mediante gestos, movimientos o respuestas fisiológicas. Pero ¿qué ocurre cuando hablamos de un ser humano que todavía no puede comunicarse con nosotros? ¿Deja de existir el dolor simplemente porque nosotros no podemos recibir verbalmente su mensaje?

¿Nos ayudas? ¿un café?

Sobre este asunto existe un amplio debate en la comunidad científica. Y precisamente la existencia de ese debate debería hacer todavía más razonable la pregunta que se formuló ayer. Numerosos estudios han tratado de determinar en qué momento del desarrollo fetal aparecen las estructuras y respuestas relacionadas con la percepción del dolor. Entre ellos se encuentra el estudio realizado en 2025 por el American College of Pediatricians, que explica que a partir de la semana 15 de gestación, casi tres meses y medio de embarazo, el feto ya sufre dolor al tener el sistema nervioso completamente desarrollado. Si existe literatura científica que aborda esta cuestión y sostiene esta posición, ¿por qué una ministra de Sanidad no puede explicar cuál es la evidencia que sustenta la posición contraria?

Y aquí conviene detenerse en algo que suele perderse cuando el debate sobre el aborto se convierte en una disputa de consignas. La cuestión no es únicamente jurídica. Tampoco es exclusivamente política. Existe una dimensión médica y científica que merece ser abordada con seriedad. Cuando una persona pregunta si un feto puede sufrir durante un procedimiento abortivo, está preguntando qué sucede dentro del cuerpo de la madre y qué experimenta el hijo que está en su interior. Es una pregunta que puede resultar incómoda, pero la medicina no debería apartarse de las preguntas incómodas. Al contrario, debería ser precisamente la ciencia la que nos ayudase a responderlas.

Y entonces aparece la siguiente pregunta: ¿por qué iba a sufrir el feto durante el aborto? Quizá porque los métodos quirúrgicos que se utilizan en este país son tremendamente espeluznantes. Está el método de la succión, en el que se dilata el cuello del útero y se inserta un tubo hueco que tiene un borde afilado y está conectado a un potente aspirador que, mediante una fuerte succión, aspira el feto. Cuando uno lee cómo se desarrolla el procedimiento, resulta difícil quedarse únicamente con la expresión “interrupción voluntaria del embarazo” y no preguntarse qué significa realmente aquello que las palabras están describiendo.

También está la inyección salina, que consiste en inyectar un líquido salino en el líquido amniótico que protege al feto. El feto ingiere esta solución, que le produce la muerte por envenenamiento, deshidratación, hemorragia del cerebro y de otros órganos, y convulsiones. Esta solución salina produce graves quemaduras en la piel del feto. Son procedimientos que, descritos con sus palabras concretas y sin recurrir a eufemismos, resultan difíciles de leer. Por eso muchas veces preferimos quedarnos con términos más asépticos, con expresiones administrativas y con estadísticas que permiten mantener cierta distancia respecto de aquello que está sucediendo.

Pero detrás de cada término médico hay una realidad humana. Y detrás de cada cifra hay una historia que nunca llegaremos a conocer. Los métodos son horrorosos, pero también lo son las cifras. 106.172 niños fueron asesinados durante el año 2024, según las últimas cifras ofrecidas por el Ministerio de Sanidad. Son unos 290 abortos al día en nuestro país. Casi trescientas interrupciones del embarazo cada jornada. Mientras desayunamos, mientras vamos a trabajar, mientras estudiamos, mientras volvemos a casa, en algún lugar de España se producen abortos. La magnitud de la cifra resulta difícil de asimilar precisamente porque hemos aprendido a convertir la realidad en números.

106.172 puede parecer simplemente una cifra dentro de un informe del Ministerio. Pero 106.172 significa 106.172 niños asesinados. Significa más de cien mil seres humanos que dejaron de desarrollarse antes de nacer. Y para quienes defendemos que la vida humana tiene dignidad desde su comienzo, no se trata de una cuestión estadística. Cada uno de esos casos plantea la misma pregunta de fondo: ¿qué valor concedemos a la vida humana cuando todavía se encuentra en el vientre de su madre?

Un genocidio en toda regla. Sé que la palabra puede incomodar. Precisamente por eso la utilizo. Sé que muchos considerarán que es una comparación excesiva, provocadora o incluso ofensiva. Pero si por genocidio entendemos, en un sentido moral más amplio, la eliminación sistemática de seres humanos por pertenecer a una determinada categoría, en este caso, seres humanos todavía no nacidos, entonces creo que debemos atrevernos a mirar de frente lo que ocurre. Una de las razones por las que el aborto se ha convertido en una realidad tan asumida socialmente sea precisamente porque hemos conseguido hablar de él utilizando un lenguaje que permite no pensar demasiado en aquello que describe.

Para un católico, la vida humana no comienza a tener valor cuando el niño nace, cuando adquiere autonomía, cuando puede hablar o cuando alguien decide que merece ser protegido. La dignidad de la persona no depende de su capacidad para defenderse. El más débil, precisamente por ser débil, merece una protección especial. Y pocas personas se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad que un niño que todavía no ha nacido y que depende completamente de otra persona para sobrevivir.

Por eso sorprende todavía más que una pregunta relacionada con el posible sufrimiento de ese niño pueda convertirse inmediatamente en una acusación contra quien la formule. La periodista no estaba preguntando si las mujeres tienen derechos. Tampoco estaba cuestionando que las mujeres deban recibir atención sanitaria. Preguntaba si el feto sufre durante un procedimiento médico. Son dos cuestiones diferentes. Se puede discutir sobre el aborto desde el punto de vista jurídico, moral, político o sanitario, pero ninguna de esas discusiones hace desaparecer la pregunta científica.

Y hay algo más que me llama especialmente la atención. Si la respuesta científica fuese tan evidente como aseguró la ministra, contestar habría sido muy sencillo. Bastaría con explicar qué evidencia lo demuestra. Bastaría con citar los estudios pertinentes, explicar en qué momento del desarrollo aparece la capacidad de experimentar dolor y señalar por qué los procedimientos abortivos no provocan sufrimiento fetal. Si la cuestión es tan obvia, ¿por qué no responder? Una respuesta técnica habría cerrado el debate mucho mejor que una acusación política.

Señora García, yo no soy sanitario. Al igual que mi compañera que le formuló la pregunta, tan solo soy un simple periodista que le pide que conteste a la pregunta, si es que está en condiciones de responder. No pretendo ocupar el lugar de los médicos ni de los investigadores. Tampoco pretendo convertir una columna de opinión en una publicación científica. Pero sí creo que los ciudadanos tenemos derecho a exigir explicaciones cuando una autoridad sanitaria responde a una cuestión científica apelando únicamente a una etiqueta política.

Porque quizá la pregunta nunca fue tan complicada. Quizá lo complicado era contestar. Ministra, ¿qué evidencia científica le permite afirmar que el feto no sufre? Porque decir que no puede contestarnos no demuestra que no pueda sufrir. Decir que la pregunta tiene una “profunda carga negacionista de los derechos de las mujeres” tampoco responde a lo que se le preguntó. Y decir que la cuestión es “tan obvia” no explica qué evidencia científica sostiene esa afirmación. Y, sobre todo, decir que no sufre no explica qué estamos haciendo con él.