La Iglesia Católica ha intervenido en las últimas dos décadas a numerosas realidades eclesiales, tanto mediante reformas y reorganizaciones como a través de medidas disciplinarias severas, incluida la supresión de comunidades o asociaciones enteras. Estas actuaciones, llevadas a cabo durante los pontificados de Benedicto XVI, Francisco y, recientemente, León XIV, han estado motivadas por la necesidad de corregir desviaciones doctrinales, abusos de poder o conciencia, irregularidades formativas o crisis internas graves.
La intervención de la Iglesia en los Legionarios de Cristo fue una de las más significativas del pontificado de Benedicto XVI. En 2006, tras años de denuncias y encubrimientos, El Vaticano sancionó al fundador, Marcial Maciel, y le impuso una vida de retiro y penitencia. Sin embargo, la gravedad de los abusos sexuales, de poder y de conciencia cometidos por Maciel, y su ocultamiento dentro de la institución, llevaron al Papa a ordenar una visita apostólica en 2009, conducida por cinco obispos de diferentes países.
El resultado fue demoledor. En 2010, Benedicto XVI nombró al cardenal Velasio De Paolis delegado pontificio con plenos poderes para gobernar la congregación, reformar sus estatutos y purgar su estructura de toda contaminación ligada al fundador. Durante los siguientes años se reescribieron las constituciones, se reestructuró el gobierno y se celebró un Capítulo General Extraordinario en 2014. Fue entonces cuando, ya bajo el pontificado de Francisco, se devolvió la autonomía a la congregación, tras haber pasado por un proceso profundo de renovación.
Esta comunidad fue objeto de una intervención a nivel diocesano durante el pontificado de Benedicto XVI, debido a su adhesión a supuestas revelaciones privadas de una vidente y a una creciente autonomía respecto a la autoridad eclesiástica. La comunidad, que había adoptado una espiritualidad centrada en la llamada “Nueva Jerusalén”, cayó progresivamente en una deriva cismática, separándose de la comunión con la Iglesia católica.
El obispo local emitió advertencias formales y finalmente procedió a la disolución de la comunidad, después de comprobar que sus miembros habían constituido estructuras paralelas, incluso en el plano litúrgico y sacramental. Esta actuación buscaba preservar la unidad eclesial y corregir un modelo de comunidad en el que se manipulaban las conciencias y se daban rasgos sectarios.
Lumen Dei fue intervenida en 2008 bajo el pontificado de Benedicto XVI y permanece hasta hoy bajo tutela pontificia. Fundada en 1968 por el sacerdote Rodrigo Molina, se expandió con rapidez por América Latina y España. Tras la muerte de su fundador, surgieron fuertes disputas internas por el control de la asociación, así como problemas canónicos derivados de su organización ambigua y conflictiva.
El cardenal Fernando Sebastián fue nombrado comisario pontificio y posteriormente le sucedió el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes. A pesar de los intentos de mediación, se constató la insubordinación de parte de los miembros, la existencia de entidades paralelas no reconocidas por la Iglesia y problemas morales y administrativos en la dirección de la obra. En 2015, la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada publicó una nota aclaratoria que confirmaba la legitimidad del comisario y desautorizaba a los grupos escindidos. La intervención, refrendada por el Papa Francisco, se mantiene con el objetivo de restaurar la unidad, legalidad y carisma original de la asociación.
En julio de 2013, la Santa Sede intervino el Instituto de los Franciscanos de la Inmaculada, una joven congregación de orientación tradicionalista, acusada de tensiones internas graves en torno al uso del misal tridentino y al gobierno del fundador, el padre Stefano M. Manelli. La Congregación para los Institutos de Vida Consagrada nombró comisario apostólico al P. Fidenzio Volpi, con el encargo de gobernar la congregación y revisar su formación.
Aunque públicamente se vinculó la intervención con la liturgia tradicional, el Vaticano aclaró que las causas eran disciplinarias, debido a acusaciones de autoritarismo, mala administración y polarización interna. Durante el proceso se suspendió la admisión de nuevos miembros y se iniciaron procesos canónicos paralelos. La intervención se prolongó tras la muerte del comisario en 2015, siendo asumida por otros delegados.
La Santa Sede inició en 2017 una visita apostólica a los Heraldos del Evangelio, asociación internacional de fieles fundada en Brasil y surgida del entorno de los antiguos terciarios de los Padres de Schoenstatt. Las investigaciones revelaron graves anomalías, incluyendo abusos de poder y de conciencia, así como prácticas pseudomísticas en exorcismos, y una obediencia acrítica hacia el fundador Mons. João Scognamiglio Clá Dias.
En 2019, el Papa Francisco ordenó su intervención mediante la designación de un comisario pontificio, el cardenal Raymundo Damasceno Assis, acompañado de un obispo auxiliar y una religiosa. Las tres ramas de la institución —masculina, femenina y sacerdotal— quedaron bajo vigilancia vaticana, con el objetivo de reformar el gobierno y el modo de vida. Los Heraldos rechazaron inicialmente la intervención y recurrieron canónicamente sin éxito.
Fundada en 2013 en Bruselas por el arzobispo André Léonard, la Fraternidad de los Santos Apóstoles fue suprimida en 2016 por su sucesor, el cardenal Jozef De Kesel. La comunidad, que había atraído muchas vocaciones jóvenes con un estilo litúrgico clásico y un fuerte sentido comunitario, fue disuelta con el argumento de que duplicaba estructuras diocesanas existentes.
Ante la protesta de los miembros, la supresión fue recurrida ante la Santa Sede, pero el Papa Francisco confirmó la decisión del obispo en 2018. Se interpretó como una muestra del respaldo de Roma a la libertad de los obispos diocesanos, incluso cuando eso supusiera la desaparición de realidades florecientes en vocaciones, pero de perfil más tradicional.
La histórica Soberana Orden Militar de Malta fue intervenida por decisión directa del Papa Francisco en enero de 2017, tras un enfrentamiento institucional que estalló entre el Gran Maestre Matthew Festing y el entonces Gran Canciller. Francisco solicitó la dimisión del Gran Maestre y nombró un delegado pontificio para tutelar el proceso de reforma constitucional.
La intervención culminó el 3 de septiembre de 2022, cuando el Papa disolvió el consejo de gobierno y promulgó una nueva constitución para la Orden. A pesar de su carácter soberano, la Santa Sede tiene competencia sobre el aspecto religioso de la institución. El objetivo fue renovar sus estructuras de gobierno, superar tensiones internas y garantizar su identidad católica y hospitalaria.
La Fraternidad Sacerdotal Familia Christi, con sede en Ferrara (Italia), fue suprimida por la Santa Sede en 2019, tras una visita apostólica que reveló irregularidades disciplinarias, desobediencia al obispo local y tensiones internas no resueltas. La congregación, de reciente fundación y orientación tradicionalista, no logró superar los defectos señalados por los visitadores.
La Congregación para el Clero, con el visto bueno del Papa Francisco, decretó la disolución canónica de la fraternidad, lo que implicó la dispersión de sus miembros y la supresión de su personalidad jurídica eclesial. El caso fue interpretado como una advertencia sobre la importancia de la comunión eclesial por encima de las preferencias litúrgicas.
La Comunidad de Bose, de carácter ecuménico y contemplativo, fue intervenida por la Santa Sede en mayo de 2020. Fundada en Italia por Enzo Bianchi, la comunidad se había convertido en un referente espiritual. Sin embargo, tras su retiro como prior, comenzaron las tensiones con el nuevo liderazgo y con varios miembros, lo que motivó una visita apostólica ordenada por el Papa Francisco.
El decreto vaticano concluyó con la decisión de expulsar al propio Enzo Bianchi y a otros tres miembros, por crear un clima de división persistente. La medida, respaldada por la Secretaría de Estado, fue comunicada oficialmente y acatada con resistencia por los implicados. La finalidad fue restablecer la paz comunitaria y la autoridad legítima del prior sucesor.
El Movimiento Apostólico fundado en 1979 en Catanzaro (Italia) fue suprimido por la Congregación para la Doctrina de la Fe en 2021, con aprobación papal. La decisión se produjo tras la evaluación de doctrinas problemáticas, ligadas a revelaciones privadas y a prácticas carismáticas que comprometían la comunión con la Iglesia.
El Vaticano consideró que el grupo se había cerrado sobre sí mismo, generando un clima sectario y una dependencia inadecuada de la figura de su fundadora. La supresión fue comunicada al obispo diocesano y ejecutada de forma inmediata.
La comunidad carismática francófona Verbe de Vie fue suprimida en junio de 2022 por el arzobispo de Bruselas, con el consentimiento expreso del Vaticano, después de varias visitas canónicas que constataron disfunciones estructurales internas. Entre ellas se documentaron abusos de conciencia, confusión entre foro interno y externo, y dependencia malsana de los superiores.
Los informes recogieron testimonios de miembros que sufrían presiones en sus decisiones vocacionales, así como acusaciones por violaciones del sigilo sacramental. El decreto episcopal dispuso su disolución y el acompañamiento pastoral de sus antiguos miembros durante la transición.
La asociación laical Totus Tuus fue suprimida por el obispo de Münster en 2021 y su decisión fue ratificada por el Vaticano en julio de 2022. El grupo organizaba peregrinaciones, retiros y catequesis en torno al carisma de Medjugorje, y había atraído a más de un centenar de jóvenes en Alemania.
Las investigaciones detectaron abusos espirituales y mecanismos de control sobre los miembros, además de actitudes sectarias frente a la jerarquía eclesial. La Santa Sede respaldó la supresión señalando que este tipo de estructuras no podían ser toleradas en la Iglesia.
La Fraternidad Eucharistein, nacida en Suiza y extendida a Francia, fue objeto de una visita canónica en 2021 y reestructurada en 2022. La intervención, avalada por el Dicasterio para la Vida Consagrada, se produjo tras revelaciones de un funcionamiento interno disfuncional, marcado por un estilo de vida extremo, idealización del fundador y espiritualidad desequilibrada.
El fundador, Nicolas Buttet, fue apartado de toda función, se cerró el noviciado y se nombraron nuevos responsables. La comunidad admitió públicamente que la intervención permitió un diagnóstico claro y una etapa de renovación profunda.
En mayo de 2024, la Santa Sede ordenó una “visita fraterna” a la diócesis francesa de Bayona, gobernada por el obispo Marc Aillet. La intervención fue decidida por el Dicasterio para los Obispos, que designó al arzobispo de Reims, Antoine Hérouard, como visitador. El detonante fue la promoción, por parte del obispo, de la asociación “Alianza de los Corazones Unidos”, vinculada a revelaciones privadas y a una espiritualidad no reconocida oficialmente.
El Vaticano percibía la existencia de una “iglesia paralela” dentro de la diócesis, así como una negativa reiterada del obispo Aillet a colaborar con la comisión nacional de abusos en Francia. La visita tuvo por objeto esclarecer la situación y evaluar la posible necesidad de una intervención apostólica más profunda.
En 2022, el Vaticano suspendió todas las ordenaciones sacerdotales previstas en la diócesis de Fréjus-Toulon, dirigida por Mons. Dominique Rey, una medida sin precedentes. La decisión se basó en los resultados de una visita apostólica previa, que detectó graves irregularidades en la formación de seminaristas y en la admisión de comunidades nuevas sin suficiente discernimiento.
En 2023, se nombró un obispo coadjutor con plenos poderes y, en enero de 2025, el Papa aceptó la renuncia de Mons. Rey, quien reconoció públicamente “errores de gobierno”. La intervención buscó sanear la vida eclesial de la diócesis y reformar el sistema vocacional, demasiado abierto a candidatos de perfil inestable o sin verificación canónica.
En enero de 2025, el Dicasterio para la Vida Consagrada intervino simultáneamente el Instituto del Verbo Encarnado (IVE) y su rama femenina, las Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará. La decisión llegó tras visitas canónicas a las casas generalicias y fue motivada por graves carencias en la formación, un estilo de gobierno autoritario y una visión distorsionada del fundador, el P. Carlos Buela, ya fallecido y sancionado previamente por abusos.
El obispo José Antonio Satué y la religiosa sor Clara Echarte fueron nombrados delegados pontificios para conducir la reforma. Se documentó la promoción interna de la figura del fundador como “perseguido”, así como dinámicas que vulneraban la libertad vocacional. El proceso de revisión doctrinal, formativa y comunitaria está en curso.
En enero de 2025, el Papa Francisco decidió la supresión definitiva del Sodalicio de Vida Cristiana, fundado por Luis Fernando Figari en Perú. A pesar de haber sido intervenido desde 2016, los esfuerzos de reforma interna fracasaron. La Santa Sede consideró que el grupo seguía arrastrando un “sistema de manipulación, abusos de conciencia y falta de transparencia institucional”.
La medida fue anunciada por el cardenal Gianfranco Ghirlanda durante una asamblea general extraordinaria, y se encargó su ejecución al sacerdote Jordi Bertomeu. Las estructuras del Sodalicio serán disueltas y se determinará el destino canónico de sus miembros y obras.
La comunidad de las Hijas del Amor Misericordioso fue intervenida en julio de 2025 por decisión del arzobispo de Madrid, con el respaldo del Papa León XIV. Las medidas incluyeron el apartamiento de la fundadora, María “Marimí” Pérez, tras denuncias por posibles abusos de conciencia, control excesivo y ruptura de vínculos familiares de varias religiosas jóvenes.
El gobierno interno fue disuelto y se nombró una comisaria pontificia para reestructurar la comunidad, revisar sus estatutos, reformar el sistema de formación y suspender temporalmente la admisión de nuevas vocaciones. Las medidas fueron definidas como “cautelares” mientras se investigan posibles delitos. Es la primera intervención relevante firmada por el nuevo pontífice León XIV.
La mayoría de los movimientos y comunidades aquí analizados han sido intervenidos por la Iglesia en tiempos recientes, con medidas que han ido desde visitas canónicas y reformas internas hasta la supresión total de la entidad. Un caso que podría considerarse impropiamente incluido es el de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro (FSSP), que no ha sufrido ninguna intervención disciplinaria ni bajo Benedicto XVI ni bajo Francisco. De hecho, el Papa Francisco confirmó expresamente en 2022 su derecho a celebrar los sacramentos según la liturgia anterior al Concilio Vaticano II. En cambio, otras realidades no mencionadas en la lista original sí han sido objeto de decisiones relevantes por parte de la Santa Sede. Es el caso del Opus Dei, cuyo estatus jurídico fue reformado en 2022 por el Papa Francisco mediante el motu proprio Ad charisma tuendum, pasando de ser prelatura personal a una forma más ordinaria de gobierno supervisada por el Dicasterio para el Clero.
También han sido objeto de reformas o intervenciones más discretas otros institutos como Miles Christi (Argentina), que recibió visitadores designados por Roma; las Siervas del Plan de Dios, rama femenina del Sodalicio, con observaciones directas tras el escándalo de la rama masculina; o incluso grupos menores como la Asociación Misión Thérésienne, los Discípulos de la Anunciación, la Fraternidad de Nazaret o los Innamorati di Gesù, todos ellos suprimidos en el marco de un esfuerzo general por parte de la Iglesia para corregir desviaciones de tipo sectario, abusos de conciencia, prácticas pseudomísticas, liderazgos abusivos o falta de transparencia.
En conjunto, todas estas intervenciones reflejan una voluntad clara por parte de los últimos pontífices de garantizar que los carismas nacidos en la Iglesia no degeneren en estructuras autorreferenciales, disfuncionales o peligrosas para los fieles. La intervención puede suponer un momento de purificación, conversión y renovación para muchas comunidades. La Iglesia actúa con prudencia, pero también con determinación, para asegurar que las nuevas realidades eclesiales estén al servicio del Evangelio, en comunión con los pastores legítimos y respetuosas de la dignidad de las personas.
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