La Iglesia española respalda la regularización de migrantes como "responsabilidad ética y social"
La Iglesia en España ha respaldado la regularización extraordinaria de cerca de 500.000 migrantes aprobada por el Gobierno. Cáritas, la Conferencia de Religiosos (CONFER) y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española han calificado la medida como "una responsabilidad política, ética y social".
En una declaración conjunta, estas entidades subrayan que la irregularidad administrativa genera exclusión social. Quien carece de estatus legal se ve abocado a condiciones de especial vulnerabilidad, sin acceso a derechos básicos ni protección laboral.
El Gobierno ha fijado criterios precisos para la regularización: ciudadanos extranjeros llegados antes del 1 de enero de 2026, con permanencia continuada de al menos cinco meses y sin antecedentes penales. Las solicitudes se presentarán desde el 16 de abril por vía telemática o desde el 20 de abril presencialmente, hasta el 30 de junio.
El Ejecutivo sostiene que la medida aflorará empleo sumergido y reforzará el sistema económico y de seguridad social, con un impacto potencial de hasta 2,5 puntos en el PIB. Rechaza además que genere un "efecto llamada", puesto que se trata de personas que ya residen e incluso trabajan en España.
Desde el ámbito eclesial se insiste en que la regularización trasciende lo meramente administrativo. Es un paso para garantizar la dignidad de los migrantes, su acceso a derechos fundamentales y su integración real en la sociedad. Las organizaciones católicas recuerdan que muchos viven en exclusión precisamente por carecer de documentación.
La medida llega tras una movilización social que reunió más de 600.000 firmas para impulsar una iniciativa legislativa popular. Se trata de la séptima regularización extraordinaria en España desde 1986, periodo en el que se ha regularizado a cerca de 1,3 millones de personas.
¿Nos ayudas? ¿un café?La Iglesia advierte, sin embargo, de posibles dificultades en la aplicación. Por eso pide a las autoridades que garanticen información clara, faciliten los trámites y mantengan vías presenciales accesibles para que nadie quede excluido, especialmente los más vulnerables.
El objetivo es que esta medida cumpla su propósito: sacar de la invisibilidad a miles de personas y abrir un camino real de integración y participación en la vida social.
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