El Congreso busca penar con cárcel las 'terapias de conversión' mientras avala el cambio de sexo libre

El Congreso de los Diputados ha dado este martes el primer paso para penalizar con prisión las llamadas terapias de conversión, prácticas que buscan ayudar a personas que libremente piden reorientar su orientación sexual.

Ayúdanos a mantener vivo este proyecto: DONA

Todo ello bajo el paraguas de proteger derechos, pero con una inquietante contradicción que ha sido señalada en numerosas ocasiones por el obispo José Ignacio Munilla: en España se castiga al que quiera ayudar a alguien a reorientar su condición sexual, pero se aplaude y facilita que menores y adultos se sometan a tratamientos hormonales e intervenciones irreversibles para cambiarlo.

Una propuesta con aroma a marketing político

La proposición, promovida por el PSOE y respaldada por sus socios de legislatura, llega justo la semana previa a la celebración del Orgullo LGTB y en coincidencia con el 20 aniversario del mal llamado 'matrimonio homosexual' en España. Un calendario milimétricamente medido que no ha pasado desapercibido: partidos como ERC y Sumar han acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de utilizar la iniciativa como "marketing institucional" y "estrategia de rendimiento mediático", denunciando su tardanza frente a un texto previo presentado en febrero por estos mismos grupos junto a la asociación ‘No es Terapia’.

El texto socialista propone penas de entre seis meses y dos años de prisión, ampliables si la víctima es menor o si media violencia, engaño o vulnerabilida Quien se atreva a plantear una alternativa a lo que uno siente incluso en el seno familiar o espiritual, podría acabar ante un juez, aunque sea a petición del propio afectado.

¿Dónde queda entonces la libertad individual? La pregunta resuena con fuerza en sectores que consideran que estas terapias, en algunos casos, no son impuestas ni violentas, sino solicitadas por personas que, libremente, desean explorar un camino diferente al discurso dominante. Tal como dijo hace unos meses el obispo Munilla, el Gobierno busca con esta ley impedir que la Iglesia acompañe pastoralmente "a las personas con inclinaciones homosexuales, ayudándoles a vivir la virtud de la castidad”.

Un relato de buenos y malos: el nuevo dogma de Estado

En su intervención, el socialista Víctor Gutiérrez no ahorró en dramatismo, calificando estas prácticas de "tortura" y acusando a las familias que las promuevan de infligir "humillación y trauma". El objetivo declarado: elevarlas a la categoría penal más dura posible, pese a que ya están prohibidas por la ley Trans.

Mientras tanto, se sigue considerando legítimo que un menor reciba bloqueadores hormonales o intervenciones quirúrgicas que alteren irreversiblemente su cuerpo, incluso sin el consentimiento de ambos progenitores. Una paradoja legal que ha llevado a muchos a preguntarse si no estamos ante una legislación desequilibrada, más ideológica que garantista.

Sumar, Podemos y otros grupos anuncian que pedirán cambios: más garantías, más protección social, menos Código Penal. Vox, por su parte, denuncia que esta ley quiere criminalizar la disidencia moral, mientras el PP, con un discurso ambiguo, defiende que la Comunidad de Madrid protege a los menores “garantizando el acompañamiento”, sin renunciar a criticar la ley Trans.

En este escenario crispado, la libertad de conciencia y de expresión parece ser la gran ausente del debate, sustituida por un relato unívoco donde solo cabe una versión de la identidad, la afectividad y la orientación.