El Defensor del Pueblo analiza 317 solicitudes de víctimas de abusos en la Iglesia
El volumen de peticiones duplica las que gestionó anteriormente la Comisión Asesora del PRIVA.
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La Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo ha iniciado el análisis de 317 peticiones de indemnización presentadas por personas que sufrieron abusos sexuales en el contexto de la Iglesia. Creada el 15 de abril de 2026, esta unidad responde a la exigencia de proporcionar reparación a quienes no pueden acceder a la vía penal ordinaria.
El número de demandas recibidas por esta unidad duplica con creces los 156 casos que había tramitado hasta entonces la Comisión Asesora del PRIVA. Desde que activó su plataforma en línea, la Unidad ha recibido 377 solicitudes en total; 60 de ellas fueron rechazadas por no cumplir los requisitos formales, dejando 317 expedientes en evaluación.
El lunes se celebró una reunión de trabajo en la sede del Defensor del Pueblo para revisar el procedimiento de evaluación individualizada de las solicitudes y diseñar propuestas de reconocimiento de la condición de víctima y su correspondiente reparación. Conforme al protocolo firmado el 30 de marzo por el Gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo, la unidad dispone de tres meses para emitir una valoración sobre cada caso.
Los informes de la Unidad de Víctimas se remitirán a la Comisión Asesora del PRIVA, que tendrá un plazo máximo de dos meses para pronunciarse. Si ambas partes alcanzan acuerdo, la resolución adquiere carácter definitivo. En caso contrario, los expedientes pasarán al Defensor del Pueblo para su análisis y eventual mediación.
¿Nos ayudas? ¿un café?El protocolo contempla reparaciones de naturaleza simbólica o económica, orientadas al reconocimiento institucional y al acompañamiento integral de las víctimas. Se prevén también compensaciones monetarias por los daños causados y los gastos derivados de tratamientos médicos y psicológicos para atender las secuelas sufridas.
La Unidad está integrada por especialistas en victimología, psicología y derecho, responsables de evaluar las solicitudes y formular propuestas de valoración. Este proceso funciona en paralelo al de la Comisión PRIVA, permitiendo que algunas víctimas que ya participaron en el procedimiento eclesiástico puedan acudir a esta nueva instancia de revisión.
