Abusos: así se pasó de 806 casos probados a 440.000 víctimas

El Defensor del Pueblo entregó un porcentaje y se abstuvo de multiplicarlo. El País hizo la cuenta, la difundió como censo y cada verificación posterior ha reducido su alcance.

La cifra de 440.000 presuntos afectados por abusos en el ámbito religioso español no está en el informe que el Defensor del Pueblo entregó el 27 de octubre de 2023. No aparece en sus 777 páginas, ni en la encuesta que lo sustenta, ni en sus conclusiones. Se fabricó fuera del documento, el mismo día de su presentación, aplicando a los 39,4 millones de españoles mayores de 18 años el 1,13% de encuestados que situó en el ámbito religioso un abuso sufrido antes de esa edad. La multiplicación la hizo El País.

Gabilondo se abstuvo expresamente de extrapolar y en octubre de 2024 sostuvo que su trabajo no era un informe cuantitativo, sino cualitativo, y que no había sido su intención conocer el número de casos registrados en España. La institución quedó a cubierto de cualquier reproche metodológico. El cálculo lo asumió el periódico, que difundió 440.000 o 445.000 según el redondeo, sin firma técnica detrás y sin que nadie tuviera que responder de él.

Tres años después, ese número sigue circulando como si fuera un recuento de víctimas identificadas. Cada una de las comprobaciones que ha ido soportando desde entonces le ha quitado una parte del aire que se le metió aquel día.

Primer pinchazo: la categoría no habla de sacerdotes

El dato admitió ese uso porque la etiqueta lo consiente. La categoría ámbito religioso de la encuesta de GAD3 no se refiere solo a sacerdotes: incluye a laicos que trabajan en instituciones de la Iglesia, sobre todo profesores de colegios concertados. Por eso ese 1,13% duplica al 0,6% que los encuestados atribuyen a un sacerdote o a un religioso católico.

La consecuencia es aritmética. Aplicada al 0,6% del clero, la misma operación habría dado unas 236.000 personas. Se eligió el porcentaje que casi doblaba el resultado y se presentó bajo un titular sobre curas. Más de 200.000 supuestos afectados se ganaron en el trayecto que va de la página 166 a la portada, sin añadir un solo testimonio.

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Segundo pinchazo: noventa casillas marcadas

El armazón estadístico de la cifra es más estrecho de lo que su magnitud sugiere. Con una muestra de 8.013 personas, quienes marcaron la casilla del ámbito religioso son unas 90. El margen de error sobre una subcategoría tan pequeña es amplio y, al multiplicarlo por 39 millones, se amplifica hasta abarcar cientos de miles de personas de horquilla.

Nada de eso acompañó al número. Se publicó con tres cifras significativas y sin intervalo alguno, es decir, con una precisión que el instrumento no da. A eso se suma que nadie comprueba los relatos ni la definición que cada encuestado aplica a abuso sexual, un concepto que abarca desde tocamientos hasta agresión con penetración, y que se pregunta por hechos de hace décadas en pleno pico de cobertura mediática del asunto.

Tercer pinchazo: dos víctimas inventadas llegaron a las Cortes

Qué grado de comprobación tenía el circuito que alimentaba los recuentos quedó acreditado en julio de 2022, cuando un grupo de católicos que se hace llamar colectivo Sergio Gámez se inventó una víctima con ese nombre y escribió al buzón de denuncias de El País. El relato describía abusos de un catequista en una parroquia de Aluche, en Madrid, hacia 1991. Los autores se negaron a reunirse en persona, a ser fotografiados y a mantener cualquier contacto que no fuera el correo electrónico. Nadie les exigió más.

El caso inexistente hizo el recorrido completo. El diario lo publicó el 7 de julio de 2023 y lo incluyó en uno de los informes que entregó a la Conferencia Episcopal. El Defensor del Pueblo lo recogió en su informe del 27 de octubre de 2023, en la página 246, como testimonio 359 y aparentemente también como testimonio 35, lo que añade un problema de duplicación al de veracidad. Los Escolapios, preguntados por los hechos, no hallaron nada en sus archivos.

En mayo de 2024 el mismo colectivo desveló un segundo caso ficticio, sobre un profesor de un colegio de los Trinitarios, también en Aluche. El País ya lo había retirado de su web; el informe del Defensor del Pueblo lo mantenía. El Defensor recibió en cuatro ocasiones los archivos del periódico, de modo que el error de origen se trasladaba intacto aguas abajo.

Siete cifras que no miden lo mismo

El cuadro explica por qué las cifras que circulan van de 806 a 440.000 sin contradecirse: no responden a la misma pregunta. Los casos verificados por la institución son expedientes con acusado identificado que han superado un filtro de prueba. Las denuncias y testimonios recibidos son relatos aportados a un medio, a una comisión o a una auditoría, sin comprobación independiente. La estimación por extrapolación no cuenta a nadie: calcula cuántos habría. La confusión aparece cuando las tres se ponen en la misma frase, que es exactamente lo que hacen los titulares.

La auditoría que se hinchó contando dos veces

El recuento inflado no fue exclusivo de la prensa. La Conferencia Episcopal encargó en febrero de 2022 una auditoría al despacho Cremades y Calvo Sotelo, que entregó el 16 de diciembre de 2023 con unos diez meses de retraso, 956 páginas y un coste en torno a 1,3 millones de euros. Recogía 1.383 denuncias y un mínimo de 2.056 víctimas.

La CEE la rechazó el mismo día de su publicación. Alegó que el bufete había contado por separado las denuncias registradas en las diócesis y las 305 comunicadas al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, pese a que las diócesis están obligadas a trasladar cada caso a Roma. Corregida esa duplicidad, el recuento bajaba a 1.302 denuncias. Y objetaba que el trabajo era una recopilación de casos ya publicados en estudios previos, con errores de concepto y sin investigación propia.

Los 806 que sí resisten la comprobación

El único recuento español que aplica un filtro de prueba es el de la propia Conferencia Episcopal, en el informe Para dar luz. De un primer bloque de 363 casos, 205 estaban probados, 70 se consideraban verosímiles, 75 seguían en investigación y 13 habían prescrito. A ese bloque se sumaron 118 presentados solo ante el Defensor del Pueblo y otros lotes hasta alcanzar los 806 casos con acusado identificado.

De ahí sale la conclusión más combatida del documento: que los casos de abuso en la Iglesia no superan el millar y resultan casi residuales frente a los cometidos fuera de ella. Está construida sobre expedientes con nombre y apellidos, no sobre una proyección demoscópica.

El 3,36% que nadie multiplicó

La encuesta de GAD3 arrojó cuatro porcentajes y solo uno se convirtió en cifra absoluta. Un 11,7% de los entrevistados declara haber sufrido abusos sexuales antes de los 18 años en cualquier ámbito. Un 3,36% los sitúa en el ámbito familiar, casi tres veces más que en el religioso. El 1,13% del ámbito religioso supone en torno al 10% del total declarado. El porcentaje familiar no se multiplicó por la población adulta ni llegó a ninguna portada.

En Francia la proporción fue parecida: los abusos en la Iglesia, laicos incluidos, representaban el 6% de todas las agresiones sexuales a menores, frente a los 5,5 millones de franceses que declararon haberlas sufrido en cualquier entorno.

España no es la excepción que se dibuja

El denominador remata la comparación. La CIASE calculó entre 2.900 y 3.200 agresores en Francia, entre el 2,5% y el 2,8% de los 115.000 clérigos del periodo. El País estima para España 1.613 acusados sobre unos 110.000 religiosos y sacerdotes desde 1940, un 1,46%. Del mismo orden que el francés y por debajo de él, con datos del propio periódico.

Dos ventanillas y ningún recuento cruzado

Desde abril de 2026 conviven dos vías de reparación. El PRIVA es el plan propio de la Iglesia, con una comisión asesora independiente que trabaja desde septiembre de 2024 y empezó a recibir solicitudes en febrero de 2025, dependiente de la CEE y la CONFER. El mecanismo mixto nació del acuerdo entre el Gobierno y la Iglesia del 8 de enero de 2026, se concretó en el protocolo firmado el 30 de marzo y abrió su oficina de tramitación el 15 de abril para quienes ya no pueden recurrir a la vía judicial porque el delito ha prescrito o el victimario ha fallecido.

Al mecanismo estatal pueden acogerse todas esas víctimas con independencia de que antes hayan recibido o no algún tipo de compensación de la Iglesia, y el Defensor del Pueblo tendrá en cuenta los casos ya reparados por el PRIVA. Una misma persona puede figurar, por tanto, en los dos registros. Cuántas lo hacen no consta: ninguna de las partes ha publicado el cruce.

Ese es el recorrido completo del plan eclesial: 156 solicitudes y 94 dictámenes en catorce meses, con compensaciones económicas de entre 3.000 y 100.000 euros según la gravedad, las consecuencias y las circunstancias del abuso, a las que se suman los gastos terapéuticos pasados y futuros y compromisos de la institución responsable. Desde abril no se ha publicado una actualización, de modo que esas dos cifras pueden haberse quedado cortas.

La vía estatal cambió el ritmo en dos semanas. La unidad de tramitación del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes recibió 300 solicitudes en los quince primeros días de funcionamiento, el doble de las que el PRIVA había reunido en catorce meses. A 3 de agosto de 2026, la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo analizaba 450 expedientes, 149 de ellos en fase final de tramitación, con 105 entrevistas personalizadas hasta el 31 de julio y solo cuatro casos inadmitidos por no ajustarse a los supuestos del protocolo.

La comparación tiene un límite que conviene explicitar: los 450 expedientes del Defensor son solicitudes en estudio y los 94 dictámenes del PRIVA son resoluciones ya emitidas, de modo que ninguna de las dos columnas equivale a un recuento de víctimas reconocidas. El tiempo medio de resolución del plan eclesial ronda los tres meses desde que recibe el informe de la institución, y el Defensor del Pueblo dispone del mismo plazo máximo por solicitud, ampliable en un mes si el volumen o la complejidad lo justifican.

Cada expediente del sistema mixto pasa por la Unidad de Tramitación del Ministerio, la valoración de la Unidad de Víctimas y un informe motivado de la Comisión Asesora PRIVA. Si hay conformidad, la propuesta es definitiva; si hay discrepancia, interviene una Comisión Mixta con participación de las asociaciones de víctimas y, en último término, resuelve el Defensor del Pueblo. El Consejo de Ministros aprobó además en abril de 2026 un real decreto ley que exime del IRPF a estas indemnizaciones, una petición que la Iglesia venía planteando y que el ministro Félix Bolaños había asumido en el acuerdo de enero.