Víctimas a la carta y obispos con valentía

España ha desarrollado una forma muy cómoda de indignarse: se elige un escenario, se encienden los focos, se adopta el gesto grave y se recita la liturgia reglamentaria. Luego se apaga la iluminación, se pasa página y las víctimas vuelven a quedarse donde estaban: esperando. La conciencia pública, eso sí, queda impecable. En el papel.

En ese escenario de solemnidad superficial surge Florencio Roselló, arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, quien comete una imprudencia poco frecuente en los tiempos actuales: pide coherencia. No se limita a que se hable de abusos como si fuera un mantra; reclama que el reconocimiento y la reparación no queden confinados al ámbito eclesial, y que la respuesta abarque “todo tipo de abusos sexuales”. No se trata de una mera figura retórica, sino de una enmienda a la gestión actual, que observa con lupa algunos casos y muestra miopía ante otros.

Además, Roselló recordó un hecho que distingue a quien trabaja de quien simplemente posa: fue el propio Arzobispado quien solicitó que las indemnizaciones percibidas por las víctimas quedaran exentas de tributación, y dicha exención fue aprobada por el Parlamento de Navarra en diciembre. Reparar no consiste en entregar un cheque y luego reclamar su modificación. Una indemnización no es un premio; es una compensación tardía por un daño irreparable. Sin embargo, no faltan quienes pretenden convertirla en un trámite más, con mordida incluida. Si esto no fuera trágico, resultaría un humor negro.

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Lo llamativo es que el ruido mediático no se corresponde con la magnitud del fenómeno. Según datos citados a partir de la Fundación ANAR, la mayoría de los abusos se producen en el ámbito familiar y solo un 0,2% están relacionados con la Iglesia. Dicho de otro modo: si se monta una cruzada pública con el 0,2%, ¿qué se está haciendo con el 99,8% restante? Porque ese 99,8% no es una nota al pie; es el grueso del problema. Ahí se encuentra la realidad y el horror, muchas veces lejos de los focos, amparados por el silencio y la proximidad del agresor.

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Conviene llamar a las cosas por su nombre, sin caer en el insulto. A estas alturas, lo más probable es que el sanchismo no haya encontrado en los abusos una causa, sino un arma. Y como toda arma, se utiliza donde puede causar más daño político y se guarda cuando estorba. La Iglesia, por su peso simbólico y por el morbo asegurado, es un blanco perfecto: permite exhibir virtud, repartir carnés de pureza y mostrar superioridad moral desde la tribuna. Lo demás —lo incómodo, lo que exige trabajo silencioso y recursos, lo que obliga a mirar a la familia y al entorno cercano— queda relegado, aplazado o directamente ignorado.

Si el centro fueran las víctimas, el enfoque sería integral. Y lo integral, curiosamente, es lo que no aparece con la misma insistencia. Se habla mucho cuando el caso encaja en el guion y bastante menos cuando el guion obliga a entrar donde no hay enemigo ideológico reconocible, donde no sirve señalar a un adversario clásico. Ahí no hay épica fácil ni aplauso automático: hay servicios sociales, coordinación sanitaria, formación real de quienes trabajan con menores, protocolos en educación y ocio, canales de denuncia seguros, seguimiento y consecuencias para quien encubra. Trabajo serio. Y el trabajo serio no da titulares rápidos.

Por ello la exigencia de Roselló resulta incómoda: porque obliga a abandonar la indignación selectiva, que es una forma elegante de abandono. Su planteamiento impulsa lo único razonable: un pacto nacional contra los abusos sexuales, vengan de donde vengan, con prevención, detección, denuncia, investigación, protección y reparación auténticas. No una política sectorial, no un festival de comisiones, no una purga simbólica para alimentar el relato. Una estrategia completa, evaluable, que no dependa de qué institución convenga señalar esta semana.

También dentro de la Iglesia, el planteamiento de Roselló invita a una reflexión profunda y a un compromiso serio, alejados de gestos superficiales y de la instrumentalización política. Solo así se podrá avanzar en la protección de los más vulnerables y en la reparación digna de las víctimas.