El cardenal José Cobo expuso en Roma las dificultades en torno al futuro del Valle de los Caídos y cuestionó la construcción de un “relato” en torno al conflicto.
En una reunión privada celebrada el 23 de enero de 2026 con un reducido grupo de periodistas invitados, el arzobispo de Madrid manifestó su cansancio ante la situación del Valle de los Caídos, también conocido como Cuelgamuros. La selección de medios asistentes, con predominancia de cabeceras de perfil progresista, resultó llamativa, mientras que otros quedaron excluidos, según pudo confirmar este medio.
José Cobo rechazó que el Valle de los Caídos haya adquirido un protagonismo central en la vida eclesial madrileña y consideró que el debate público le concede una importancia exagerada. Subrayó que la diócesis de Madrid carece de competencia directa sobre el enclave, limitándose su papel a aspectos pastorales. Puso como ejemplo que puede supervisar las misas, pero no decidir sobre cuestiones materiales como la iluminación o el mobiliario.
El cardenal explicó que la situación se activó cuando el prior de la comunidad benedictina alertó de que podrían ser expulsados. Tras ese aviso, se celebraron encuentros con el presidente de la Conferencia Episcopal, el nuncio, el propio Cobo y el prior, estableciendo dos líneas de trabajo: la continuidad de la comunidad y el futuro de la basílica, en un contexto en el que el Gobierno promovía la “resignificación” del lugar.
En relación con la comunidad monástica, se planteó que, para evitar una expulsión forzada, los monjes debían iniciar un proceso de conversión, propuesta que aceptaron y que contó con el respaldo de priores de Solesmes y Leyre. En cuanto a la basílica, Cobo señaló que la gestión administrativa podría quedar en manos de los monjes, pero la propiedad y las decisiones estructurales se negociarían con la Santa Sede. Resumió esta postura con la frase: “Oye, todo lo que sea de basílica va a ser con vosotros”.
El cardenal mencionó contactos entre el ministro Bolaños y el cardenal Parolin, destacando que el Gobierno partía de la premisa de respetar la basílica y sus símbolos religiosos, con la condición de que el templo mantuviera su naturaleza y que no se sustituyeran signos religiosos, ni en el interior ni en el exterior. Advirtió que ciertas intervenciones podrían afectar la vida litúrgica, citando procesiones y celebraciones como ejemplos.
Durante el encuentro, Cobo comentó el cambio de estrategia de la comunidad, que optó por presentar un recurso administrativo, a pesar de que él defendía el diálogo y los acuerdos. Manifestó su malestar por la elaboración de un “relato distinto” para justificar dicho recurso, atribuyendo esta postura a la nueva comunidad, que adoptó una actitud de “todo o nada”.
El arzobispo vinculó esta estrategia con la intención inicial de evitar la desaparición de la comunidad y contener el conflicto en torno a la basílica. También se abordaron temas delicados relacionados con espacios anexos y enterramientos, aunque sin entrar en detalles. Ante preguntas sobre cifras como “33.800” o “33.000 cuerpos” y la referencia a “140 mártires”, Cobo afirmó desconocer esos datos y remitió la decisión a la Santa Sede.
Respecto al alcance del documento en discusión y si se limitaba al presbiterio y bancos, reiteró que se hablaba de la basílica sin precisar su perímetro. Para justificar la imposibilidad de que Madrid asuma la gestión del enclave, mencionó la necesidad de licitar doce templos y propuso un modelo similar al de El Escorial, donde el Estado interviene y la comunidad religiosa permanece.
Ante la sugerencia de que una buena gestión podría aliviar la situación económica, Cobo respondió con una afirmación clara: “la Iglesia no es una empresa”. Finalizó su intervención reivindicando un papel facilitador, de “poner la mesa” y no de tomar decisiones, recordando que su implicación surgió de una petición explícita de ayuda para evitar la salida de la comunidad y prevenir que el conflicto se enquistara.
